Jaime Darío Oseguera Méndez, colaborador La Voz de Michoacán La revocación del mandato se vuelve a poner en el centro de la atención para construir un nuevo sistema electoral en México. Aparece como una de las principales instituciones en el llamado Plan B que activó el Gobierno federal ante el rechazo de la reforma constitucional que propuso inicialmente la presidenta Sheinbaum en la Cámara de los Diputados. El Plan B es una batería de reformas legales que en el fondo no afectan los intereses de las élites que manejan los partidos políticos, lo cual es profundamente lamentable para el sistema en su conjunto. Se perdió la oportunidad de restarles privilegios. Había generado un entusiasmo particular la idea de que los plurinominales fueran electos en votación directa y que se ajustara el número de senadores para hacer paritario el peso de cada entidad de a república. Ya no fue así. Lo interesante del cambio de plan, por parte del gobierno, deja muy cómodos a sus aliados del PT y Verde para que no se deshaga la alianza electoral que los tiene en la perspectiva de ganar abrumadoramente las elecciones del próximo año. Lo que resulta más novedoso y atractivo, es que en esta nueva propuesta aparece como una de las estrellas en el firmamento de la reforma electoral nuevamente con fuerza la revocación del mandato. El INE lo define de la siguiente manera: “Es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza. Tanto tiempo se generó una sensación de desconfianza en nuestro sistema electoral, a veces cierto pero muchas otras no, que pusimos candados por todos lados al sistema, a los partidos, el gobierno, la autoridad, los medios, los candidatos, al grado que se volvió un sistema profundamente complejo y abigarrado. En ocasiones el proceso electoral se vuelve confuso y profundamente sobreregulado, lo cual por consecuencia lo hace caro, complejo y no necesariamente ha eliminado la desconfianza. Por eso a mucha gente le resulta atractiva la revocación del mandato. En las democracias modernas, la institución de revocación del mandado podría verse como un acto de congruencia y transparencia política. Es el momento para someterse a una evaluación sobre los resultados de gobierno. Se ha presentado como un instrumento de democracia participativa donde la gente se expresa, sin embargo, en el fondo puede convertirse en un elemento de mayor confusión, presión y simulación para el sistema. Si un gobernante fue electo por seis años, deberá cumplir en su período, junto con sus funcionarios y será su obligación responder con lo planteado en sus discursos de campaña. Si es un instrumento de participación ciudadana, será una solicitud desde la ciudadanía, no del gobierno. Es decir, no se debería convertir en un objeto de promoción política del gobernante en turno. La vanidad suele estar vinculada a los excesos de poder y en el afán de promoverse, los políticos se vuelven petulantes. La institución de revocación del mandato, debe ser el instrumento del ciudadano para salir del hartazgo de sus gobernantes cuando éstos ya tienen cansada a la población por sus errores y excesos. Es un mecanismo de revisión de las políticas y las personalidades. Pero no hay que confundir. Resulta un instrumento caro y en exceso tiende a ser una forma de debilitar las instituciones en la medida en que el gobernante no se ponga a trabajar sino a estar buscando ganar su reelección o evitar su revocación. En otros sistemas, para resolver el desgaste y falta de legitimidad de los gobiernos se han planteado otras salidas. Por ejemplo, en varios países de América Latina se contempla la segunda vuelta electoral para garantizar que quien llegue el gobierno cuente con una coalición dominante de partidos que en conjunto garanticen que el gobierno tiene el respaldo de la mitad mas uno de los electores. En otros sistemas el Congreso elige a los ministros del gabinete y cuando el gobernante pierde el respaldo de los partidos entonces viene la destitución. Son formas de organización del gobierno con civilidad política. Acá donde priva el subdesarrollo la lucha personal va más allá del fortalecimiento institucional. En nuestro sistema existe el juicio de procedencia contra actos delictivos que realicen los gobernantes. Es decir, sí es posible una destitución por causas penales, conductas delictivas más allá de percepciones o cambios de opinión sobre la manera personal de gobernar. Ahora debería evitarse justamente que la elección para la revocación del mandato le permita al gobernante en turno hacer campaña al mismo tiempo que sus candidatos a diputado, senador, gobernadores. Es un exceso y una distorsión a la idea original de la revocación. ¿En qué momento y con qué elementos se acredita que la sociedad le pierde la confianza a un gobernante? ¿Cuáles son los parámetros? ¿El porcentaje? Está bien que hay que someterse al veredicto popular, pero no pude haber elecciones todos los años. Es caro, ineficiente y la verdad no debe ser un instrumento de promoción política personal. Acaba de pasar en Oaxaca donde el gobernador se volcó a mostrar su músculo electoral, revivió viejas rencillas, lo acusaron de fraude y estuvo a punto de perder. Si lo que se quiere es controlar a los gobiernos deberían funcionar verdaderamente las instituciones del sistema anticorrupción. En Perú, por ejemplo, ha habido una decena de gobernantes en una década. Es absolutamente ineficiente, provoca inestabilidad y en el fondo impide el desarrollo. Son sistemas que deben perfeccionar su funcionamiento. Lo que legitima a los gobiernos no son más elecciones ganadas, sino mejores resultados.
La Voz de Michoacán
