JAIME DARÍO OSEGUERA MÉNDEZ Es un terror. El reporte que ha dado a conocer la Comisión Nacional de Búsqueda de personas, habla de cien mil desaparecidos en el país desde hace más de cincuenta años; es una muestra del fracaso rotundo de un régimen y la sociedad que lo compone. El Estado fallido. Es una definición compleja; algunos la consideran ofensiva, pero es real. Todas las concepciones del Estado moderno coinciden que su finalidad es proteger a sus integrantes. Desde los griegos, el concepto de la ciudad obligaba a que los ciudadanos ejercieran por igual sus derechos. La contraparte, el gobierno, deberá otorgar las garantías para que se ejerzan las libertades. Nada más, pero nada menos. En el estado fallido, las instituciones a quienes se delega la representación no cumplen con su misión de proteger a todos; se protegen a sí mismos: es la gran tragedia del Estado moderno. El de los desaparecidos es un fenómeno que viene desde los años sesenta del siglo anterior. No es atribuible a una administración o presidente: es un problema del sistema, que no ha funcionado para protegerlos. Cambió el régimen y aumentaron los desaparecidos. La protección que esperamos de los gobiernos, no es solamente para que no haya desapariciones, sino para atender las consecuencias del fenómeno. De hecho, se ha venido repitiendo e intensificando, entre otras razones porque no hay justicia para las víctimas y sus familiares. La impunidad embarra estas historias de terror. Es causa y consecuencia. Hoy es una tragedia nacional por donde se quiera ver y no tienen la culpa las mujeres que se ponen minifalda o los jóvenes que salen a divertirse: todos debemos ser protegidos. En el sexenio anterior se expidió la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”. Sólo el nombre habla de la dificultad del tema. Vale la pena analizarla críticamente: “La ley tiene por objeto: I.- Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley.” Es obvio, notable y lastimoso que la falta de coordinación entre niveles de gobierno ha profundizado el problema de los desaparecidos y no ha facilitado la justicia para sus familias. Se han echado culpas históricamente y las instancias de gobierno municipales, se encuentran en los hechos impedidas para aportar a la solución. No es un problema de competencias sino de profunda incompetencia. Abona también el centralismo político con el que se condujo al país en el viejo régimen. “II.Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones.” Este fue un fenómeno atribuido a los diferentes niveles de autoridad, fundamentalmente a través de las áreas de seguridad pública. Hoy los señalamientos se dirigen hacia todos lados, particularmente a métodos que utilizan los grupos delincuenciales.El problema no sólo es en materia de narcotráfico, sino de migración, trata de blancas, tráfico de órganos, reclutamiento forzado para trabajos de la delincuencia y muchos fenómenos más complejos. Hoy inclusive los órganos policiales son víctimas de las desapariciones forzadas. Todo esto sería imposible sin el involucramiento de algún nivel de autoridad. Los expertos y también los neófitos en materia jurídica se han quebrado la cabeza para crear nuevos tipos penales y aumentar las sanciones sin resultados visibles. Acaso sea parte del problema tantas leyes, reglas, normas, decretos. Vale la pena volver a pensar en Códigos Penales sólidos y unificados en lugar de tantas leyes especiales que sólo abren la puerta a la impunidad a través de los excesivos formalismos y las contradicciones que éstos generan. “III.Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; IV. Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas.” La gran expectativa es que no se trate solamente de más burocracia. Los colectivos de búsqueda se han extendido por todo el país, con poco apoyo y mucha esperanza, pero no tienen buenas palabras para los esfuerzos que se han hecho desde los gobiernos; obviamente están desesperados. “V. Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición…VI. Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y VII. Establecer la participación de los Familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.” Suena bien todo esto, pero en el fondo ha sido un fracaso. La cifra reportada de personas desaparecidas seguramente es mucho más alta en la realidad, porque algunos no denuncian, otros lo hacen sin éxito, muchos son desplazados o huyen de la violencia. Seguramente no hay sufrimiento más grande para una familia que la incertidumbre ante la desaparición de alguno de sus miembros. Debe ser una muerte en vida. Por eso es admirable lo que hacen los colectivos de búsqueda que han ido por encima de los estereotipos y de la indiferencia oficial. Este no es un asunto de partidos. Todos han fallado, cien mil veces, desde hace décadas. Al menos eso dicen las propias cifras.
La Voz de Michoacán
