Jaime Darío Oseguera Méndez La próxima semana entran en funciones los ayuntamientos que fueron electos en junio de este año. Por fin tendrán que quedar resueltos todos los recursos de impugnación que dispone la ley para que las nuevas autoridades ejerzan a plenitud las facultades que les concede la Constitución. El Artículo 115 constitucional define la figura de los ayuntamientos en los siguientes términos: Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre. En teoría el municipio es entonces el primer piso de la competencia política, administrativa y territorial de nuestra nación. Las facultades que no tengan asignadas serán competencia de los otros dos niveles de gobierno, el estado y la federación. La reforma constitucional municipal del año 2000 les asignó una serie de facultades que no tenían antes con la finalidad de hacerlos financieramente más fuertes y políticamente más solventes ante la queja previa de que su autonomía era ficticia mientras no contaran con recursos para ejercer su libertad. Dos décadas después seguimos prácticamente igual. Los municipios siguen contando con muy pocos recursos y cada vez más problemas por atender. El primer gran desafío de las nuevas autoridades será reorganizar el organigrama municipal para distribuir competencias y marcar responsabilidades de cada una de las áreas del ayuntamiento. A estas alturas los salientes casi de manera regular tienen un desorden “bien organizado”, lo cual regularmente trae una implicación muy importante: el aumento sustantivo del gasto corriente, particularmente el incremento significativo en nóminas. Lo primero que deben hacer todos los ayuntamientos es una reingeniería administrativa para saber en realidad con cuantas personas pueden funcionar y eliminar los excesos, ineficiencias, ficciones y aviadurías en los puestos públicos. El que entra siempre tiene la tentación de contratar a los activistas de campaña en el nuevo ayuntamiento. El que va saliendo deja basificados a sus amigos, colaboradores y familiares. El resultado es un incremento desmesurado en los gastos de sueldos y salarios pero también en las indeminizaciones que pagan las autoridades municipales por despidos. Aunque es políticamente poco rentable, no hay de otra, deben liberar recursos de las áreas que ya existen y generar ahorros para funcionar o estarán condenados a no hacer obra. Ese es el segundo gran desafío. Los ayuntamientos deberían tener a estas alturas un programa de obras de tres años, para ejecutar algunas con sus recursos, otras para negociar convenios para infraestructura con el Estado y la Federación. Aquí vamos a conocer las capacidades del nuevo Gobierno Estatal, en el Programa de Obras Convenidas con los Ayuntamientos que tengan soluciones de mantenimiento, infraestructura y nuevas obras que no sean de relumbrón, sino que traigan beneficios de fondo a diferentes regiones de Michoacán. Los nuevos ayuntamientos deberán ir preparando sus leyes fiscales para mostrar capacidad recaudatoria y emprender sus Planes de Desarrollo. El ciudadano no está negado a pagar impuestos, el problema surge cuando no se reflejan en beneficios y mejoras en las ciudades o pueblos. Cuando hay transparencia, honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos el ciudadano contribuye. La Federación, deberá también organizar un paquete de apoyos que se gasten bien een obras de impacto social profundo. Se requiere infraestructura. No vaya a pasar como en la época de Vicente Fox cuando el excedente en los precios del petróleo permitió ingresos sustantivamente mayores para los ayuntamientos que no se vieron reflejados en obras sino en mayores compras de vehículos suntuosos, particularmente camionetas Suburban para los Presidentes Municipales y su séquito cercano. Sin embargo, el mayor reto de todos está en el modelo de Seguridad Pública que van a seguir los ayuntamientos. Es cierto que son policías de proximidad, a quienes no corresponde el combate a la delincuencia organizada y el seguimiento de delitos mayores. He sostenido que las policías municipales deberían organizarse en un mando unificado estatal con responsabilidades regionales y capacitación, logística, armamento y salarios controlados a nivel estatal porque de otra manera cada municipio hace lo que puede. Muchas veces no pueden mucho. La centralización del mando le puede dar fuerza a las estrategias, en tanto los propios ayuntamientos adquieren capacidades propias para asumir el reto de la seguridad pública en su nivel de competencia. Políticamente es una gran distinción integrar un ayuntamiento. Quienes lograron motivar la voluntad popular en su favor, deben asumir el compromiso con una ética de la responsabilidad, lo que implica que gobernar requiere tomar decisiones y no siempre gustan a la gente, no son necesariamente populares, pero ejercer el gobierno es diferente que la fiesta de la campaña. Los momentos de transición son de oportunidad. Hay decisiones que si no se toman bien desde el principio pierden su eficiencia. Ahora hay que gobernar. Es una tarea muy diferente a tirarle piedritas al gobierno desde la calle.
La Voz de Michoacán
