Jaime Darío Oseguera Méndez Muchas veces el debate político lo entienden solamente los políticos. Estridente, de poca calidad y cansado, a veces obscuro, termina siendo poco accesible y entendible para el público en general. Lo contradictorio es que, el contenido de la discusión sobre los asuntos importantes del país, justamente debería estar dirigido para la sociedad en general; para que lo entienda el votante, quien debe saber qué hacen sus representantes. El debate de las cosas públicas, su análisis y los razonamientos con los que toman decisiones en el Poder Legislativo está lleno de tantos recovecos, dimes y diretes e insultos, que se vuelve poco asimilable por el público en general. Eso está pasando con el tema de la denominada “militarización” del país. La discusión de esta semana en el Senado de la República tiene tantos gritos y sombrerazos, que no permite ver el fondo del problema y se ha reducido a los señalamientos entre senadores; amenazas y sospechas de corrupción legislativa: en general hay poca claridad. El asunto de fondo es que no se ha podido construir un esquema alternativo de seguridad pública que pueda reducir los altos índices de violencia en todo el país. Prácticamente no hay lugar que se salve. En unos estados y municipios la incidencia es mayor que en los lugares del mundo en que existen conflictos bélicos abiertamente reconocidos. Algunas de nuestras ciudades se encuentran tristemente entre las más violentas del orbe. El Presidente López Obrador, en su camino a la Presidencia de la República, planteó sistemáticamente la necesidad de dejar al ejército fuera de las tareas de seguridad pública, simplemente porque no le corresponden. Es un planteamiento que ha sostenido a lo largo de la historia la izquierda no sólo en México sino todo el mundo, con el argumento de que las fuerzas armadas están preparadas para el uso de la fuerza y en las tareas de seguridad se requieren diferentes métodos de proximidad, persuasivos, disuasivos, previo al ejercicio de la fuerza que debería estar enmarcado en un protocolo que no sea marcial. Los antecedentes son claros: hubo a lo largo de la historia de la guerra sucia en México, ejemplos del uso excesivo de la fuerza en operaciones conducidas por el ejército y las fuerzas armadas. Muy a propósito hablo de operaciones específicas, porque sería un error y un diagnóstico equivocado generalizar y estigmatizar a las fuerzas armadas. La médula del asunto, es que no es su trabajo. Por eso en el mundo existen cuerpos de seguridad a cargo de civiles que no responden a una cadena de mando castrense y por lo mismo están sujetas a las leyes penales ordinarias en caso de excesos o la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. El ejército tiene una cadena de mando diferente; recibe otro tipo de adiestramiento y capacitación. Cumple las tareas con otra lógica y justamente eso les ha traído mejor reputación como institución. Asignarles las tareas de seguridad y con ellas el futuro de la tranquilidad y la paz en México, pone en riesgo la misma institucionalidad y prestigio de las fuerzas armadas. Al llegar al gobierno, dicho por él mismo, López Obrador encontró que las corporaciones policiacas están corroídas de raíz por la corrupción. Con los matices que siempre hay que anteponer a las generalizaciones, pero se dio cuenta de que la institución con la que podría contar es el ejército. Por eso promovió la reforma constitucional mediante la cual se amplia la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad, misma que hace algunas semanas fue aprobada en la Cámara de los Diputados en el acuerdo que el gobierno seguramente hizo para detener las acusaciones de corrupción contra el Presidente Nacional del PRI. Luego de un trago amargo en el Senado, la semana anterior los senadores no permitieron que se modificara la Constitución. Como consecuencia se presentó un nuevo dictamen ya cabildeado esta semana con algunas modificaciones interesantes: el ejecutivo deberá presentar ante el legislativo un informe semestral respecto de la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Se va a integrar una Comisión del Senado y los diputados para citar a los titulares de las dependencias relacionadas con esta reforma y con las tareas de seguridad: Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad. Ya veremos si comparecen. Además, a partir del año que viene el gobierno federal deberá establecer un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecer sus corporaciones de seguridad. Habrá que estar muy pendientes de esta decisión porque dinero no ha hecho falta. Si observamos el gasto en la materia, se ha incrementado permanente y sustantivamente desde el gobierno de Fox. Los recursos destinados a seguridad pública, han aumentado de manera directamente proporcional a la violencia. No es un problema de recursos, sino de la manera en que se están destinando. Lo que falta es un sistema, un método integral. No es solamente un asunto de dinero. En el sexenio de Fox aumentaron significativamente los recursos por ingresos petroleros y se creó un fondo que deberían destinar los municipios para labores de seguridad. El indicador del fracaso de esta política es que aumentó significativamente la compra de camionetas suburban para el uso de los presidentes municipales en detrimento de las tareas de seguridad. Ya en el 2019 se había aprobado la presencia del ejército hasta el 2024. Hoy se amplía hasta el 2028. El ejército no debería permanecer en tareas de seguridad. Se deben crear otras instituciones. Las fuerzas armadas corren más riesgos en este contexto de inseguridad y desafío por la autoridad que observamos en el país. Cotidianamente se distribuyen imágenes en las que la gente golpea, humilla, desafía y desprestigia la presencia del ejército y la guardia nacional. No les corresponde, ni vale la pena correr el riesgo de que participen en tareas donde se les está asignando poder político, militar y muchos recursos. No es esa su tarea.
La Voz de Michoacán
