Jaime Darío Oseguera Méndez La transparencia es un principio central del servicio público. Transparencia y rendición de cuentas son palabras clave en la identificación de un gobierno que se precie de ser democrático. No se trata solamente de exhibir al público lo que hace el gobierno. Tampoco es un asunto que se limite al manejo de recursos financieros. Es eso y mucho más. Se refiere a una forma de gobierno donde se existan instituciones, procedimientos, tiempos y se propicie la participación del ciudadano en la evaluación del desempeño público. Es parte medular del gobierno sin adjetivos. La transparencia permite que el ciudadano pueda estar atento al desempeño de sus autoridades; las pone a su escrutinio. Es una cualidad intrínseca de la democracia que el gobernante pueda ser criticado y analizado en sus acciones por el individuo que lo eligió: contribuyente o votante, a final de cuentas es el mismo. Por un lado, permite la evaluación que hace el ciudadano de sus gobiernos y por el otro facilita su defensa ante el poder público. La transparencia y rendición de cuentas son una forma de bajar del cielo inalcanzable a la autoridad. Pone al alcance del cualquier analista posibles anomalías y reduce la distancia entre gobernante y gobernado. Para que esto, que suena muy bonito se vuelva realidad, se requiere tener la información al alcance; de forma atingente: certera y rápida. El concepto de transparencia se refiere a los presupuestos en su elaboración y ejercicio, los métodos para la fiscalización de recursos públicos y sus resultados, las consecuencias de las posibles irregularidades. Se refiere también a las estadísticas del desempeño de las autoridades, los salarios y prestaciones de los servidores públicos, los gastos del gobierno y entes públicos como los partidos incluyendo lo que hacen y gastan en las campañas políticas. La creación del INAI se dio originalmente en un contexto de absoluta desconfianza en las instituciones encargadas de transparencia y rendición de cuentas. La oposición, empresarios y académicos encontraron que la alternativa era crear una institución autónoma al gobierno, percibido como incapaz de salir de su opacidad. Crearon más burocracia para combatir la corrupción de la burocracia. Lo mismo sucedió con las medidas anti corrupción. En lugar de atacar el problema de fondo se crearon comisiones, fiscalías, institutos, comités y el resultado es que la corrupción y la transparencia no mejoraron. Los indicadores y la percepción ciudadana dicen que ha aumentado la corrupción y como consecuencia se percibe menor transparencia. El diseño institucional para atacar la falta de transparencia en su momento fue conveniente porque atendió un reclamo social: saber qué, cómo y cuánto cuesta lo que hace el gobierno. Adoleció de un razonamiento central: no se atacaron las causas. Fue una salida no una solución como muchas veces pasa en este país que para resolver un problema lo queremos esconder y sigue ahí latente, como un volcán que tarde o temprano va a hacer erupción. Parte el problema que no se resolvió al crear las estructuras para mayor transparencia fue generar más confianza en el gobierno. Siguieron funcionando deficientemente, no se transformaron y la opacidad se volvió un signo del funcionamiento administrativo, fundamentalmente en las áreas encargadas de hacer obra, manejar recursos y resolver licitaciones. El catálogo de posibilidades en materia de corrupción y falta de transparencia es inmenso y no sólo incluye a los funcionarios, sino también a los ciudadanos de a pie, empresarios, comerciantes y usuarios de los servicios públicos, instituciones financieras, jueces, ayuntamientos. La falta de transparencia es un abuso de poder. Se trata del uso de recursos públicos (financieros, humanos, materiales, institucionales) para obtener ganancias privadas. No es poco común la historia de individuos que entran al gobierno en condiciones patrimoniales o económicas miserables y terminan enriquecidos en poco tiempo. En resumen, en el tema de la desaparición del INAI y la embestida de parte del Presidente, ambas partes tienen razón. López Obrador tiene razón en criticar el costo: los miles de millones de pesos que se gastan en instituciones de transparencia y anticorrupción que hacen lo que deberían hacer otras dependencias. Si cualquier gobierno, municipio o secretaría actúa con honestidad, transparencia; tiene contralorías internas para dar seguimiento al desempeño de los funcionarios, entregan cuentas a las auditorías y manejan las licitaciones de manera abierta, entonces no sería necesario que haya un vigilante, del auditor, que cuida del burócrata quien está obligado actuar transparentemente. Es un absurdo. Ganan millones y en ciertos casos protegen intereses. El INAI y sus defensores por su lado, tienen razón en que estas instituciones ya creadas, se han vuelto necesarias para la contención de los apetitos de poder, los altos salarios, las prebendas oficiales, los viajes excesivos, en resumen, la corrupción institucionalizada. Acabar con el INAI, no elimina el problema, sino que lo acentúa porque la corrupción avanza galopantemente, de manera especial en ciertas áreas. Las políticas públicas en general deberán ser transparentes. La manera como se conceptúan los programas y las obras, su presupuestación, su licitación, ejecución y evaluación de sus beneficios, son responsabilidad de los gobiernos y deben, sin que nadie se los exija u obligue, poner a la vista del público los recursos políticos, legales, económicos, financieros, administrativos, que utilizan. En la medida en que funcionen las contralorías y las auditorías, quienes si tienen capacidad coactiva y que los acuerdos entre los políticos no vayan más allá de la ley o la venganza, entonces no se ocupa más burocracia. Lo malo es que ese momento aún no ha llegado, ni se ve venir en el futuro inmediato.
La Voz de Michoacán
