Jorge Orozco Flores Parte 8 Cuatro días después de rendir protesta como gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano intervino, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, en la renovación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El viernes 19 de septiembre de 1980, la LXII Legislatura ratificó a cinco magistrados y nombró a otros cuatro, quienes rindieron protesta ante el pleno del Congreso. La reorganización modificó la integración del máximo órgano judicial de la entidad, distribuyó las titularidades de ocho de sus nueve salas y fue seguida por la elección de Luis Eudoro González Vázquez como presidente del Tribunal. El episodio tuvo lugar en los primeros días de una nueva administración estatal. Cárdenas había asumido el gobierno el 15 de septiembre; la renovación judicial puso en movimiento un procedimiento en el que participaban dos poderes del Estado, con atribuciones diferenciadas. La propuesta de los nombramientos correspondía al gobernador y la designación al Congreso. La elección del presidente del Tribunal, en cambio, era una decisión reservada a los propios magistrados. La información de las sesiones apareció en La Voz de Michoacán el sábado 20 de septiembre de 1980. Sus notas permiten reconstruir no sólo los cambios en la integración del Poder Judicial, sino también la trayectoria profesional de algunos de quienes llegaron o permanecieron en sus magistraturas. Cuatro días después de la toma de posesión El 19 de septiembre, bajo la presidencia del diputado Jerjes Aguirre Avellaneda, la LXII Legislatura celebró una sesión ordinaria en el recinto del Congreso del Estado, ubicado en la avenida Madero Oriente. Allí se formalizaron los nombramientos propuestos por el gobernador Cárdenas y se rindió la protesta de los nuevos magistrados. La ceremonia tuvo una consecuencia institucional inmediata: cuatro abogados se incorporaron al Supremo Tribunal de Justicia. Salvador Tamayo Sánchez, Mauro Hernández Pacheco, José Gutiérrez Verduzco e Hilda Navarro Skinfield protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado, ante los diputados que integraban la Legislatura. En la misma sesión fueron ratificados José Solórzano Juárez, Octavio Oropeza Béjar, Luis Eudoro González Vázquez, Elia Maldonado Calderón y Jesús Aguilar Ferreyra. La renovación comprendió así nueve decisiones sobre la integración del Tribunal: cuatro nuevos nombramientos y cinco ratificaciones. El procedimiento constitucional distribuía responsabilidades entre el Ejecutivo y el Legislativo. El gobernador proponía a los candidatos; el Congreso tenía la atribución de nombrarlos. La intervención de Cárdenas fue, por tanto, parte de un mecanismo institucional que no le confería la facultad de designar por sí solo a los integrantes del Tribunal. La decisión formal correspondía a los diputados. La distinción importa para entender el alcance político del episodio. La renovación ocurrió al inicio de la administración cardenista, pero la integración del Poder Judicial se realizó mediante las competencias establecidas en la Constitución estatal. El Congreso no fue un escenario secundario: fue el órgano que recibió la protesta y formalizó los nombramientos. El Palacio de Justicia y la organización de las salas La reorganización tenía otro escenario en el Centro Histórico de Morelia. El Palacio de Justicia se encontraba entonces en el Portal Allende, en la antigua casa consistorial. Allí funcionaba el Supremo Tribunal, cuya estructura comprendía nueve salas y una presidencia. Después de la renovación, se asignaron las titularidades de ocho salas. José Gutiérrez Verduzco quedó al frente de la Primera Sala; Mauro Hernández Pacheco, de la Segunda; José Solórzano Juárez, de la Tercera; Hilda Navarro Skinfield, de la Cuarta; Jesús Aguilar Ferreyra, de la Quinta; Elia Maldonado Calderón, de la Sexta; Octavio Oropeza Béjar, de la Séptima, y Salvador Tamayo Sánchez, de la Octava. La novena sala quedó pendiente de integración. La noticia publicada por La Voz de Michoacán señaló que todavía faltaba designar a un magistrado para completar el conjunto. Por tanto, la reorganización definió ocho titularidades, pero no significó que todos los espacios del Tribunal hubieran quedado cubiertos. La distribución también permite advertir la continuidad de algunos magistrados y la incorporación de otros. Los ratificados permanecieron en el órgano judicial; los nuevos nombramientos introdujeron perfiles que habían desarrollado su carrera en juzgados, dependencias del gobierno estatal y espacios universitarios. Las trayectorias detrás de los nombramientos Los nueve movimientos de septiembre de 1980 reunieron distintas generaciones de abogados y funcionarios judiciales. Entre los magistrados ratificados, Octavio Oropeza Béjar era el de mayor edad: había nacido en 1910 en el Valle de Guadalupe, municipio de Tangancícuaro. Realizó sus estudios en Morelia y comenzó su trayectoria en el Supremo Tribunal como secretario, en 1937. Después fue juez menor municipal de Morelia y juez de primera instancia en Jiquilpan, Zamora y Pátzcuaro. En 1945 presidió la Junta de Conciliación y Arbitraje y, desde 1949, ocupó magistraturas en distintos periodos: 1959, 1960, 1971 y 1977. Durante la administración de Cárdenas recibió el nombramiento de magistrado inamovible y posteriormente alcanzó su jubilación. Luis Eudoro González Vázquez, nacido en 1931 en Coalcomán de Matamoros, había estudiado en Guadalajara y concluido la carrera de abogado en la Universidad Michoacana. En 1965 fue jefe del Departamento Jurídico del Banco Agrícola y posteriormente secretario del Ayuntamiento de Morelia. Ingresó al Supremo Tribunal en 1971, donde ocupó la Cuarta Sala Penal; cinco años después pasó a la Octava Sala Penal. José Solórzano Juárez nació el 12 de febrero de 1930 en Pátzcuaro y se trasladó desde niño a Morelia. Estudió en el Colegio de San Nicolás y en la Escuela de Derecho de la Universidad Michoacana; concluyó su formación profesional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho en 1957. Fue juez de primera instancia en Tanhuato y Zacapu, y ejerció funciones jurisdiccionales en Morelia, tanto en materia civil como penal. El Congreso lo había nombrado magistrado, adscrito por el Pleno a la Tercera Sala en septiembre de 1968. Jesús Aguilar Ferreyra, nacido en Morelia en 1912, ingresó al Seminario Tridentino en 1924 y continuó sus estudios en el Colegio de San Nicolás. Entre 1932 y 1936 cursó la carrera de abogado en la Universidad Michoacana, donde también inició su actividad docente. Fue juez de primera instancia en Pátzcuaro, Maravatío, Puruándiro, Ario de Rosales y Ciudad Hidalgo. Durante los gobiernos de Félix Ireta Viveros y David Franco Rodríguez presidió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Había sido nombrado magistrado del Supremo Tribunal en 1974 y, antes de la renovación de 1980, recibió el nombramiento de magistrado inamovible por parte del Congreso estatal. Entre los nuevos integrantes, Mauro Hernández Pacheco representaba una generación más joven. Nació el 19 de noviembre de 1945 en Morelia, estudió en el Colegio de San Nicolás y obtuvo el título de abogado por la Universidad Michoacana el 17 de julio de 1971. Antes de llegar al Tribunal había ingresado al Poder Judicial como escribiente y después como actuario. En 1968 fue nombrado juez primero municipal del distrito de Morelia y, entre 1971 y 1980, se desempeñó como juez de primera instancia en Coalcomán, Sahuayo, Jiquilpan, Zitácuaro y Zamora. Hilda Navarro Skinfield había realizado sus estudios de primaria y secundaria en Morelia y cursado el bachillerato de Derecho y Filosofía en el Colegio de San Nicolás. Durante su formación profesional en la Universidad Michoacana trabajó como jefa de la Sección de Justicia del Departamento de Gobernación del Gobierno del Estado. Después de obtener el título profesional fue adscrita a la Agencia del Ministerio Público de Morelia y más tarde ingresó al Supremo Tribunal como secretaria proyectista de la Segunda Sala Civil. En 1979 fue designada primera secretaria del Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia. La renovación también tuvo una salida que conviene distinguir de los nuevos nombramientos. María Guadalupe Morales Ledesma, nacida en Morelia en 1949, había desarrollado su carrera en el ámbito judicial desde los puestos de meritoria y actuaria hasta magistrada, además de presidenta sustituta del Supremo Tribunal. El 15 de septiembre de 1980, Cárdenas la había nombrado directora de Documentación y Registro; por ese motivo dejó el Tribunal en la jornada de renovación. El presidente elegido por sus pares La renovación legislativa fue seguida por una decisión que correspondía exclusivamente al pleno del Supremo Tribunal. En el primer pleno extraordinario celebrado después de los nombramientos, los magistrados eligieron a Luis Eudoro González Vázquez como presidente de la institución. La reunión se efectuó en el auditorio del edificio del Tribunal, en el Palacio de Justicia del Portal Allende. González Vázquez ya era magistrado y había sido ratificado por el Congreso. Su elección como presidente no fue un segundo nombramiento legislativo: se trató de una decisión interna del órgano colegiado. La Constitución michoacana vigente en 1980 reservaba al Pleno la facultad de elegir a su presidente entre los magistrados. El principio de primus inter pares expresaba esa forma de organización: quien presidía el Tribunal era uno de sus integrantes y recibía de sus pares la responsabilidad de conducirlo. Así, el proceso tuvo dos momentos constitucionales distintos. Primero, el gobernador Cárdenas propuso y el Congreso nombró o ratificó a los magistrados; después, el pleno eligió a Luis Eudoro González Vázquez para la presidencia. La autonomía del órgano judicial se manifestaba en esa segunda decisión, que no correspondía al Ejecutivo ni a la Legislatura. El capítulo muestra una relación institucional que conviene distinguir de la subordinación política: el gobernador Cárdenas participó en la integración del Poder Judicial mediante su facultad constitucional de propuesta; el Congreso ejerció la atribución de nombrar a los magistrados, y el pleno conservó la decisión de elegir a su presidente. La renovación ocurrió bajo el nuevo gobierno, pero sus actos se distribuyeron entre órganos con competencias propias.
La Voz de Michoacán
