Leo Zuckermann Una buena noticia nos llega desde el Poder Judicial Federal. Un juez le negó a la Fiscalía General de la República (FGR) la orden de aprehensión a 31 científicos acusados de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. A todas luces se trataba de un abuso de poder por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la FGR que, con buen tino, detuvo un juez. Para eso existe la división de poderes en una democracia liberal, para que las autoridades revisen las decisiones de unas y otras y eviten injusticias. Por fortuna, en este caso, el sistema ha funcionado (hasta ahora). El abuso de poder comenzó con el Conacyt. Entiendo que a la institución que dirige María Elena Álvarez-Buylla le disgusten esquemas que se utilizaban en gobiernos pasados para fondear proyectos científicos, como la transferencia de recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., institución contemplada en la Ley de Ciencia y Tecnología con el fin de promover “la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación”. El gobierno de López Obrador no quiere financiar proyectos científicos y tecnológicos al sector privado con recursos de los contribuyentes. Se vale. Lo que procedía era quitar el financiamiento, y punto. Eso hicieron, pero directivos del Foro Consultivo se ampararon. El asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia. La Segunda Sala resolvió que el gobierno tenía el derecho de recortar los fondos pero, lo más importante, que los esquemas con los que operaba el Foro Consultivo eran legales. Mientras tanto, el Conacyt demandó penalmente a científicos e investigadores del Foro por peculado. Ya era un abuso de poder tomando en cuenta que las transferencia y su ejercicio se hicieron de acuerdo a la ley. En cualquier caso, el Conacyt tenía que demostrar que efectivamente los involucrados desviaron dineros del Estado de manera ilícita a particulares. A escena entró la FGR que escaló la demanda para incluir los delitos de procedencia ilícita de recursos y delincuencia organizada. Ridículo. Se conocía perfectamente la fuente y uso de los dineros; además, no sé cómo demonios se puede comprobar empíricamente que los científicos se organizaron en un cartel delincuencial para dañar a la sociedad. Aquí, quizá, entre el coraje del fiscal de la República, Alejando Gertz Manero, quien había sido duramente criticado por la comunidad científica cuando el Conacyt de Álvarez-Buylla lo nombró como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) con el máximo grado (tres) sin merecerlo académicamente y, como demostró el escritor Guillermo Sheridan, con un libro que se plagió. Y es que fiscal tiene la fama de judicializar casos que afectan sus intereses y/o imagen. Animal Político reporta que “aproximadamente 20 de los 31 investigadores denunciados (entre los que se encuentran académicos del CIDE, de la UAM, del Tec de Monterrey, entre otros) fueron visitados desde agosto por policías ministeriales de la FEDO (antes SEIDO) para verificar su domicilio y notificarles de la existencia de una indagatoria penal en su contra”. Qué maravilla: en un país donde no se investigan la gran mayoría de los más de 80 homicidios que se cometen al día, la FGR se dedica a acosar científicos. Así la “justicia” mexicana. La FGR solicitó a un juez las órdenes de aprehensión de los 31 científicos con la intención de encarcelarlos en la prisión de alta seguridad de Almoloya. Sí, el Estado tratando a académicos como si fueran el Mencho y su grupo de sicarios. A ellos no los tocan, pero a los científicos los querían apresar donde están La Tuta, El Marro y El Mocha Orejas. Un primer juez federal negó las órdenes de aprehensión por un aspecto técnico. La FGR insistió. Ayer, un segundo juez volvió a denegar el encarcelamiento porque la parte acusadora no justificó con fundamentos, razones o motivos su petición. Bravo por este juzgador. Lo felicito. Detuvo un abuso de poder. Para eso está el Poder Judicial, contra peso indispensable para evitar que se violente el Estado de Derecho por pulsiones tiránicas o revanchas personales. La FGR todavía puede apelar esta decisión. Ojalá ya le pare y deje de hacer el ridículo. Y, si no, que los jueces le sigan dando palo a este grosero intento de abusar del poder. Twitter: @leozuckermann
La Voz de Michoacán
