Leo Zuckermann Difiero de Claudia Sheinbaum cuando dice que no hay censura en México, que cualquiera puede cuestionar y criticar a los gobiernos con plena libertad. Discrepo de la Presidenta, no con una percepción personal subjetiva, sino con evidencia empírica: un par de casos que demuestran que ya hay censura en el país. Primer asunto: Campeche. La gobernadora Layda Sansores se enojó con el periodista Jorge Luis González Valdez por su cobertura en la plataforma digital Tribuna. En el 2022, este colega fue demandado por el sobrino de Sansores, Gerardo Sánchez, y por el vocero de comunicación del estado, Walther David Patrón. Al periodista se le ordenó pagar la cantidad de dos millones de pesos y, si no tenía los recursos, se dispuso el embargo de su casa para saldar la deuda. Luego, con el apoyo de una jueza de control local, Guadalupe Martínez, el gobierno campechano logró que se vinculara a proceso a González por los presuntos delitos de incitación al odio y violencia contra la gobernadora. Esta jueza le prohibió a González ejercer la actividad periodística y ordenó el cierre del medio de comunicación. Ambas partes se defendieron. Ahora, en otra decisión autoritaria, la jueza de control Ana Maribel de Atocha ordenó que las publicaciones de Tribuna y González, relacionadas con la gobernadora Sansores, sean revisadas por un censor designado por el Poder Judicial. Antes de difundir las notas, Tribuna y/o el periodista deberán enviar cada publicación a inspeccionarse en un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones y modificaciones. El censor incluso puede determinar la prohibición de su publicación. En caso de incumplimiento, la responsabilidad recaerá en el representante legal de la empresa y el periodista. El objetivo, según el acuerdo judicial, es evitar la difusión de contenidos que puedan considerarse ofensivos o discriminatorios hacia la gobernadora. Eso, aquí en México, ni qué decir en China, se llama censura. Una jueza designando a un censor. Nada que agregar. Presidenta, con todo respeto, eso contradice su afirmación de que hay libertad de expresión en nuestro país. Segundo caso: demanda a Carlos Loret. Entiendo la incomodidad que genera este periodista en la llamada “Cuarta Transformación”. Lo aborrecen porque ha sido implacable en su labor para destapar casos de corrupción y abusos de poder del régimen lopezobradorista. El entonces presidente López Obrador lo atacó sin cuartel en las mañaneras acusándolo de todo. La hoy Presidenta ha sido más prudente, pero también ha demostrado su disgusto con él. Loret ha encontrado en Latinus una plataforma donde ejercer su profesión. El gobierno ha tratado de manchar su reputación para restarle credibilidad a sus reportajes y opiniones. La famosa técnica del “character assassination” cuya traducción en español se queda corta: difamación. En 2020, Carlos fue el que dio a conocer los vídeos donde el hermano de Andrés Manuel, Pío López Obrador, recibía de David León, colaborador del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, sobres amarillos con dinero. Los dos personajes conversan acerca del destino de los recursos: fortalecer a Morena. Al día siguiente, el Presidente dio por buenos los vídeos considerando que se trataba de “aportaciones voluntarias” a su movimiento. Lo que no dijo es que eran ilegales. No se habían reportado a las autoridades electorales. Este año, el INE, ya con una mayoría controlada por Morena, desestimó el caso de Pío. Declaró infundados los señalamientos pues no se logró acreditar transferencias bancarias ni flujos financieros irregulares. O sea, ellos no vieron lo que todos vimos: el intercambio de dinero que el propio AMLO reconoció como “aportaciones”. Empoderado, ahora Pío está demandando por daño moral y daños punitivos a Loret. Pretende que Carlos le pague la exorbitante cantidad de 200 millones de pesos y Latinus otros 200 millones más. Cuatrocientos millones de pesos como “reparación del daño”. Pío está aprovechando la entrada de nuevos jueces afines a Morena quienes podrían declarar culpable al periodista. La cancha está inclinada a favor del hermano de AMLO porque presuntamente contaría con el apoyo del árbitro. De ser así, a Loret y Latinus les podrían imponer sanciones económicas impagables que, de no sufragarse, podrían terminar en embargos e incluso la privación de la libertad. El mensaje está muy claro. La 4T quiere silenciar a Loret por la vía legal mandando, además, un poderoso mensaje a los demás críticos del régimen de que esto mismo les podría ocurrir si se atreven a sacar historias incómodas de los poderosos. Dos casos reales de censura. Típico de un régimen autoritario que concentra todo el poder. X: @leozuckermann
La Voz de Michoacán
