Leo Zuckermann Vaya ridículo de la Fiscalía General de la República (FGR) en la supuesta incautación, la mayor en la historia, de combustible ilegal, mejor conocido como huachicoleo, en Guanajuato. Con bombo y platillo, las autoridades federales y estatales anunciaron el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburos refinados que estaban en la estación de almacenamiento más grande del Bajío. Gran golpe. Aplausos. Pero… lástima Margarito. Todo resultó en un nuevo fiasco de la FGR. La empresa propiedad de las instalaciones, Grupo SIMSA, rápidamente aclaró que se trata de almacenamiento legal de combustibles para terceros y que cuenta con los permisos correspondientes. Por lo pronto, no hay evidencia ni de robo a Pemex -huachicol tradicional- o introducido al país evitando impuestos -huachicol fiscal-. La FGR está revisando documentación y determinando la procedencia y situación legal del combustible. Todo mal. Al margen del daño económico y reputacional que la FGR le hizo a Grupo SIMSA cerrando sus instalaciones, los mexicanos comprobamos, una vez más, que nuestras fiscalías, incluyendo la federal, no funcionan. El peor de los mundos: en un país donde se cometen miles de delitos al día, las fiscalías investigan poco y mal. En este nuevo caso, la FGR debió haber investigado, conseguido pruebas, identificado la red de robo o contrabando, asegurado el combustible ilegal, emitido órdenes de aprehensión, detenido a los inculpados y procedido a la judicialización. En lugar de este trabajo profesional, se limitaron a interceptar una pipa cuya documentación y procedencia del combustible generaron sospechas, realizaron algunos cateos e incautaron el enorme centro de almacenamiento. El operativo judicial ocurrió el 4 de septiembre, casi dos semanas antes del anuncio del “mega decomiso”, y la planta volvió a operar el 10 de septiembre. Llama la atención que el anuncio se hiciera hasta el 17 de septiembre, un día antes de la visita de la presidenta a Guanajuato. ¿Pirotecnia política? Muy posiblemente. Este nuevo fiasco de la FGR nos regresa a la pregunta de por qué las fiscalías, sean las estatales o la federal, son tan deficientes. No es nuevo que investiguen poco y resuelven todavía menos, lo cual explica en buena medida los altísimos niveles de impunidad en México. Es un problema que han venido heredando los presidentes y gobernadores. Ninguno lo ha resuelto. En junio de este año, México Evalúa publicó el estudio “Radiografía de las fiscalías en México”. Ahí se presenta un diagnóstico del problema a 10 años de la implementación nacional del sistema penal acusatorio. Su conclusión es que el país cambió las leyes y convirtió procuradurías en fiscalías autónomas, pero la forma cotidiana de investigar delitos no se transformó al mismo ritmo. Para empezar, hay un problema de rezago. Al cierre de 2024 había más de 2.6 millones de casos sin concluir, y esa cifra no incluye los asuntos enviados a archivo temporal. Mientras las instituciones reciben nuevos casos, cargan con un enorme inventario de investigaciones anteriores. Luego está el asunto de su funcionamiento. El sistema acusatorio supone investigaciones más estratégicas, con ministerios públicos, policías de investigación, peritos y analistas trabajando coordinadamente. Sin embargo, muchas fiscalías siguen utilizando prácticas propias del antiguo sistema inquisitivo: expedientes escritos, burocratización de las investigaciones y procedimientos poco orientados a resolver el caso. En lugar de avanzar una investigación o tomar una decisión definitiva, numerosas carpetas quedan estacionadas. Al mismo tiempo, hay bajos niveles de judicialización y un aprovechamiento insuficiente de mecanismos alternativos. México sustituyó las procuradurías dependientes del presidente y los gobernadores por fiscalías autónomas. La autonomía ha resultado una entelequia. En la práctica, siguen dependiendo de estas autoridades quienes, ahora, tienen el pretexto para lavarse las manos cuando hay pifias en la procuración de justicia: se justifican alegando que los fiscales son autónomos, cuando no lo son. No ha existido voluntad política por darles los recursos materiales, financieros y humanos para mejorarlas. Lo que ha existido es la perseverancia de utilizarlas para premiar o castigar a aliados o adversarios políticos. Anótese, entonces, la mayor incautación de combustible ilegal como una pifia más en la larga lista de fracasos de las fiscalías, en este caso de la FGR. Anunciaron como un golpe histórico contra el huachicol el aseguramiento de 59 millones de litros cuando todavía no habían acreditado que todo ese combustible fuera ilícito. Días después, FGR sigue investigando su origen y trazabilidad. X: @leozuckermann
La Voz de Michoacán
