Leo Zuckermann A Trump le está ocurriendo lo mismo que a López Obrador: la Suprema Corte de Justicia está limitando su poder al interpretar correctamente la Constitución. Para eso sirven los más altos tribunales de una democracia con sistema presidencial de división de poderes. A pesar de que seis de los nueve ministros de la Suprema Corte son conservadores, nominados por presidentes republicanos, el tribunal anuló los aranceles impuestos por Trump en una votación de seis a tres. Una tercia de jueces conservadores, incluyendo al ministro presidente, John Roberts, votó junto con los tres liberales para limitar la autoridad presidencial. Según la mayoría, Trump no cuenta con la autoridad del Congreso para imponer aranceles amplios bajo el estatuto de emergencia que utilizó: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). El estatuto permite al Presidente “regular […] la importación o exportación” durante una emergencia nacional declarada. Sin embargo, la Corte consideró que “regular” no incluye la facultad expresa de imponer aranceles o derechos. La Constitución es clara: quien tiene la atribución de gravar impuestos es el Congreso. Y los aranceles son impuestos a las importaciones que tienen, por tanto, que decidirse en el Legislativo. Este Poder puede facultar al Presidente para hacerlo, cosa que no ocurrió con Trump al utilizar la IEEPA. Roberts afirmó que otorgarle a la IEEPA la facultad que reclama Trump equivaldría a una expansión transformadora de la autoridad ejecutiva con poco o ningún respaldo constitucional o histórico. De esta forma, la Corte limitó al Presidente defendiendo, así, la división de poderes. Si Trump quiere subir los aranceles, debe contar con el apoyo del Congreso. Enfurecido, Trump hizo lo que hace cuando pierde: doblar las apuestas. De inmediato anunció que impondría un arancel generalizado del 10% que luego incrementó al 15% basado, ahora, en la autoridad legal que le confiere la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Dicho ordenamiento le otorga “poderes temporales de emergencia” al Presidente para enfrentar problemas serios de balanza de pagos como un déficit comercial desbordado o pagos problemáticos en divisas extranjeras. Está diseñado como un freno de corto plazo donde el Ejecutivo puede imponer aranceles de hasta el 15% en los productos importados, además de cuotas y otras restricciones comerciales. El Presidente no puede usar este instrumento de manera indefinida. Después de 150 días de decretar las tarifas, el Congreso debe aprobar su extensión. En caso contrario, termina la imposición de dichos aranceles. Así que los últimas tarifas impuestas por Trump tendrán un periodo máximo de 150 días. Con el estrecho margen que tienen los republicanos en ambas cámaras del Congreso y la poca popularidad que registran los aranceles en las encuestas entre el electorado, es poco probable que el Legislativo vaya a mantenerlas y extenderlas, sobre todo en vísperas de las elecciones intermedias de noviembre donde se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. La decisión de la Corte y la reacción posterior de Trump ha generado un verdadero caos arancelario en Estados Unidos. A nadie le queda claro, ni siquiera al gobierno, qué cobrar y a quién. Se supone, por ejemplo, que están exentas las importaciones que entran a Estados Unidos de México y Canadá por el T-MEC. No así las otras que, en el caso mexicano, representan alrededor del 17%. Un 15% generalizado para todos los países y mercancías representa una problemón para países que ya habían llegado a un acuerdo comercial con Estados Unidos y tenían aranceles menores, como Reino Unido, Singapur y Australia. Sin embargo, es música para los oídos de países que estaban pagando mayores tasas como China y Brasil. Hasta ahora, México había sido el gran ganador de los aranceles de Trump. Aunque el arancel promedio de importaciones mexicanas subió de prácticamente cero a un 4%, este porcentaje es sustancialmente menor al promedio mundial de 9.8%. Ni se diga en la comparación con China cuya tasa promedio de arancel para entrar a Estados Unidos se ubicaba en 30.9%. La ventaja comparativa de México se vio reflejado en un aumento de las exportaciones de nuestro país al vecino del norte que en 2025 llegaron a un récord anual de 535 mil millones de dólares. La decisión de la Suprema Corte es la correcta. Trump se excedió. Corresponde al Congreso imponer los aranceles en Estados Unidos. Al Presidente, sin embargo, no le gusta perder y ha lanzado una ofensiva de nuevos aranceles y barreras no arancelarias. Lo cual está produciendo un caos comercial que a nadie beneficiará comenzando por Estados Unidos. X: @leozuckermann
La Voz de Michoacán
