Lorena Cortés La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo devuelve a la memoria a los grandes capos del narcotráfico mexicano. Pero hay otro personaje cuya historia quizá explique mejor por qué el crimen organizado ha sobrevivido a tantos gobiernos. Guillermo González Calderoni. El poderoso comandante de la Policía Judicial Federal que detuvo a Félix Gallardo (al que hizo su compadre) en 1989 y que, paradójicamente, terminó acusado de proteger narcotraficantes, enriquecerse ilícitamente y negociar con ellos. Huyó a Estados Unidos, colaboró con la DEA y fue asesinado en Texas en 2003. Calderoni personifica ese lado menos visible del fenómeno criminal mexicano. Una burocracia que ha hecho del poder público un instrumento para administrar la protección, la impunidad y, en determinados territorios, hasta las reglas del negocio criminal. No es casual que personajes como Félix Gallardo, el chapo Guzmán o Ismael Zambada entre centenares menos mediáticos, hayan podido construir organizaciones capaces de trascender sexenios. Su permanencia no puede explicarse solamente por el dinero, las armas o la violencia. También por sus vínculos con funcionarios que desde las instituciones les proporcionaron información, protección y márgenes de impunidad. Más aún co-gobiernan territorios – gobernanza criminal. Y por supuesto que ese andamiaje criminal en determinados territorios, paso de la relación entre autoridades y delincuentes de proteger cargamentos o recibir sobornos a otras formas de tolerancia y control que el lenguaje criminal resume en una expresión profundamente reveladora. “No calentar la plaza”. Es decir, que el negocio continúe sin provocar demasiado escándalo, sin atraer operativos ni despertar la atención pública. Y aquí encontramos una de las dimensiones más perturbadoras del fenómeno. La violencia no necesariamente desaparece; puede volverse menos visible, la desaparición forzada: el delito perfecto. Las desapariciones de personas constituyen una de sus expresiones más graves. En algunos contextos, el crimen puede ejercer control territorial, eliminar adversarios y sembrar terror sin dejar necesariamente una escena pública de homicidio. Esto ocurre con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes estatales, como Naciones Unidas lo ha documentado. Por eso resulta significativo que Terry Cole, director de la DEA, vuelva a amenazar con exhibir a los políticos mexicanos vinculados con los cárteles. Lo que denuncia no es precisamente novedoso. Calderoni pertenece a una historia de complicidades que atraviesa décadas, partidos y estructuras gubernamentales. Y a propósito de las advertencias de Terry Cole, una paradoja muy mexicana. La soberanía se defiende con firmeza en el discurso, mientras algunos cargos encargados de garantizarla, co – gobiernan con el crimen, negocian la soberanía. México lleva décadas capturando narcotraficantes, mientras las redes de protección política y la burocracia partidista demuestran una extraordinaria capacidad para sobrevivir a todos los gobiernos. Félix Gallardo murió. Calderoni murió. Varios de los grandes capos mexicanos han terminado frente a tribunales estadounidenses. Pero la pregunta verdaderamente incómoda sigue sin respuesta. ¿Cuántos Calderoni permanecen dentro de nuestras instituciones, decidiendo qué se investiga, a quién se protege y qué se mantiene en silencio? Son esos personajes, casi siempre invisibles y rara vez investigados, quienes han convertido las instituciones en el caldo de cultivo que permite al crimen organizado sobrevivir a sus propios capos.