Rubén Moreira Valdez / La Voz de Michoacán La semana anterior saltó a la opinión pública un caso más de extorsión masiva: se trata del cobro que bandas de delincuentes exigen a los productores de limón. El monto que deben pagar los agricultores es de tal dimensión que llega a representar hasta el veinte por ciento del valor de la venta. La historia no es nueva y se repite en muchas partes del territorio nacional; igual sucede con el aguacate, jitomate, cilantro, tortilla o la caña de azúcar. El fenómeno no se limita a la producción agropecuaria, también aparece en la prestación de servicios, productos industriales y tareas de gobierno. México vive una evidente crisis de seguridad. El baño de sangre se ha normalizado y, por desgracia, la comisión de muchos otros ilícitos pasa desapercibida o es aceptada por la sociedad como inevitable. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con su pasividad y una narrativa que minimiza y descalifica, han contribuido a tal situación. En varias entidades del país el ingreso de las bandas delincuenciales ahora se compone mayormente de la extorsión. Las ganancias relacionadas con narcóticos han dejado de ser dominantes para ellas. No me refiero a los cárteles que introducen droga en otras naciones, pero sí a grupos menores que por su violencia y ganancias se convirtieron en gobiernos paralelos en regiones o municipios. Aclaro que las grandes organizaciones criminales de la droga pueden combinar su actividad principal con la extorsión y que las locales se pueden subordinar o aliar con ellas. Tres historias: Primera. - Un empresario del caribe se queja de la cuota que tiene que pagar para que su restaurante no sea incendiado; más aún, los baños son tomados para la venta de narcóticos. Además, es obligado a surtir sus insumos con proveedores “autorizados”. Segunda. - Un textilero del occidente paga cuota por cada prenda que fabrica. Me dice: “son más efectivos que el SAT y si miento tengo que pagar multa o corro el riesgo de ser asesinado”. Tercera. - Un alcalde relata que sus funcionarios fueron “sugeridos” por los criminales y que, al llegar las participaciones, les debe entregar una parte de ellas. Lo anterior, sin contar que la obra pública es ejecutada directamente por las mafias. El economista Mario Di Costanzo, después de una investigación, ha reportado que los ingresos del crimen por actividades no relacionadas con el narcotráfico, pero sí con la extorsión y otras similares, asciende a más de 200 mil millones de pesos. Por narco-inflación se entiende el aumento a productos y servicios provocado por el traslado al consumidor de los costos que significa el pago de piso. También se incluye la transferencia de dinero público a los criminales y con ello la afectación al bienestar de las comunidades.
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