Sergio Béjar López / La Voz de Michoacán De niño recuerdo un enorme árbol de aguacate en la casa de mi abuela, en Tangancícuaro. Cortábamos los aguacates directamente del árbol y después nos los comíamos. No había nada extraordinario en ello. El aguacate siempre ha formado parte de la vida cotidiana y la dieta de las y los michoacanos. Décadas después, esa fruta se ha convertido en una de las historias de éxito económico más visibles de Michoacán. En la temporada 2025–2026, el estado exportó más de 1.2 millones de toneladas de aguacate a Estados Unidos. Decenas de miles de productores participan en una cadena que genera miles de empleos y conecta las huertas de nuestras comunidades con supermercados a miles de kilómetros de distancia. La transformación ha sido extraordinaria. Pero también ha creado un precio que no aparece en las estadísticas de exportación. Porque donde nosotros vemos un árbol cargado de aguacates, otros terminaron viendo algo distinto: una enorme fuente de riqueza de la cual apropiarse. La extorsión funciona, en los hechos, como un impuesto informal. Productores, empacadores, transportistas y otros actores de la cadena pueden verse obligados a incorporar al costo de hacer negocios pagos que nunca aparecerán en una declaración fiscal. No se trata de una amenaza abstracta. Tan sólo en las últimas semanas, las autoridades michoacanas han reportado varias detenciones relacionadas con presuntas extorsiones a productores de aguacate. El problema no es exclusivo del aguacate. Pero pocas industrias muestran con tanta claridad la contradicción. Michoacán logró construir una industria capaz de cumplir requisitos fitosanitarios exigentes, coordinar miles de productores, empacar fruta para mercados internacionales y llevarla rápidamente hasta consumidores a miles de kilómetros de distancia. Podemos rastrear un aguacate desde una huerta michoacana hasta un supermercado estadounidense. Y, sin embargo, en partes del territorio seguimos teniendo dificultades para garantizar algo mucho más básico: que quien lo produjo pueda trabajar sin pagar por protección. Eso nos dice algo importante sobre el desarrollo económico. Exportar más no necesariamente significa que el Estado se haya vuelto más fuerte. Una actividad económica exitosa puede incluso generar nuevos problemas cuando produce enormes rentas en lugares donde las instituciones públicas siguen siendo débiles. La riqueza crea oportunidades para productores, trabajadores y comunidades, pero también crea incentivos para que organizaciones criminales intenten capturar una parte de ella. El “oro verde” es atractivo precisamente porque vale mucho. Por eso el debate sobre seguridad y aguacate no debe comenzar solamente cuando ocurre una crisis. En agosto, Estados Unidos suspendió temporalmente las inspecciones necesarias para exportar aguacate después de que surgieran preocupaciones por la seguridad de su personal. México respondió reforzando la presencia de fuerzas de seguridad y coordinándose con autoridades estadounidenses hasta conseguir restablecer las operaciones. No era la primera vez: episodios similares habían ocurrido en 2022 y 2024. Pero restablecer las exportaciones no significa resolver el problema que produjo la crisis. La pregunta más importante es qué ocurre entre una emergencia y la siguiente. Combatir la extorsión requiere algo menos visible que desplegar fuerzas federales después de un incidente. Requiere policías capaces de investigar, fiscalías que puedan seguir el dinero, mecanismos seguros para denunciar y protección efectiva para quienes deciden hacerlo. También requiere reconocer que la seguridad de una cadena exportadora no termina en la huerta o en la empacadora. Incluye caminos, transporte, gobiernos municipales e instituciones capaces de impedir que organizaciones criminales cobren por permitir actividades económicas que corresponde al Estado proteger y regular. Estados Unidos también tiene interés en que esas instituciones funcionen. El aguacate forma parte de una cadena económica binacional. Lo que ocurre en Michoacán puede afectar directamente a distribuidores, supermercados y consumidores al norte de la frontera. Eso justifica cooperación en inspección, trazabilidad, intercambio de información y persecución financiera. Pero la responsabilidad fundamental sigue siendo mexicana. Ningún socio comercial puede sustituir al Estado en su propio territorio. El aguacate ha creado riqueza real. El objetivo no debería ser disminuir esa industria, sino conseguir que una proporción cada vez mayor de la riqueza que genera llegue a productores, trabajadores y comunidades, y una proporción cada vez menor termine financiando a quienes no contribuyeron a producirla. De niño, aquel árbol de aguacate en casa de mi abuela era simplemente un árbol del que podíamos cortar algo para comer. Hoy, árboles como ése forman parte de una industria que genera miles de empleos y conecta a Michoacán con consumidores de todo el mundo. Ésa es una extraordinaria historia de desarrollo. Pero su verdadero éxito no debería medirse solamente por cuánto producimos o exportamos. También debería medirse por nuestra capacidad para conseguir que la riqueza que creció alrededor de aquellos árboles pertenezca a quienes la producen, y no a quienes aprendieron a cobrar por permitirles producirla. Ese es el precio invisible del aguacate que todavía nos falta eliminar. Sergio Béjar López es doctor en Ciencia Política y Profesor-Investigador de tiempo completo en la División de Estudios Políticos del CIDE en Ciudad de México. Su investigación se concentra en comportamiento político, partidos, polarización y competencia electoral, con especial atención a México y América Latina.
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