Sergio Béjar López Qué son esas medidas y por qué pueden afectar a las familias michoacanas que viven en Estados Unidos. Viví diez años en California y paso parte del año ahí. Además, tengo familia cerca de Long Beach. Por eso, las elecciones intermedias que se celebrarán el martes 3 de noviembre en California y en toda la Unión Americana no me son un asunto lejano. En California hay familias michoacanas por todos lados, desde el Valle Central hasta el Valle de Salinas, cerca de Los Ángeles y por Sacramento. En muchas de ellas, algunos de sus miembros ya son ciudadanos estadounidenses y, por lo tanto, tienen derecho a votar. Otras personas todavía no lo pueden hacer. Para un elector mexicano, la boleta californiana puede resultar distinta. Esto es porque, además de elegir candidatos, los votantes tienen que decidir sobre proposiciones, que son medidas concretas que pueden cambiar leyes, autorizar programas o fijar reglas estatales y locales. En una gran mayoría de los casos, el resultado de esas proposiciones puede llegar a tener efectos mayores en las vidas diarias de las personas que la decisión sobre quiénes las representarán en el Congreso. En México también existen mecanismos de consulta popular, como la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco en 2018 y la consulta popular de 2021. Esta última preguntó si debían emprenderse acciones para esclarecer decisiones políticas tomadas en años pasados; no fue sobre la reforma del Instituto Nacional Electoral. En la elección del próximo martes, los ciudadanos de California, además de decidir sobre proposiciones, elegirán gobernador, senadores estatales y representantes al Congreso norteamericano. De las 14 proposiciones en la boleta, la Proposición 39 me resulta particularmente interesante. En Estados Unidos, las personas que no son ciudadanas no pueden votar en elecciones federales ni estatales. Pero en California, la Proposición 39 tiene como objeto cambiar los requisitos para quienes sí tienen derecho a votar. Para votar en persona, los ciudadanos deberán presentar una identificación oficial; para hacerlo por correo, deberán escribir en el sobre los últimos cuatro dígitos del número de esa identificación. Quienes defienden la Proposición 39 sugieren que la identificación oficial ayudará a proteger la limpieza de las elecciones. Y aunque esto puede ser cierto, también hay que reconocer que existe el riesgo de retirar del padrón electoral a personas que sí tienen derecho a votar, pero que no cuentan con la identificación requerida. Un estudio publicado en 2022 examinó en Texas 16 mil declaraciones de votantes que no presentaron una identificación aceptada por la ley y encontró que quienes lograron votar sin ella eran desproporcionadamente latinos y afroamericanos. Por supuesto, los resultados de este estudio no nos sirven para estimar el efecto de la Proposición 39 en California, pero sí nos dan una idea del efecto que una ley potencialmente excluyente puede tener sobre la participación política de grupos minoritarios en la sociedad estadounidense. En Michoacán, el Instituto Electoral también consultó a personas migrantes, pero sobre otra dimensión de la participación política. El 27 de octubre realizó una consulta virtual con personas michoacanas residentes en el extranjero, migrantes en retorno y líderes de organizaciones migrantes. Les preguntó cómo debería acreditarse el vínculo con la comunidad migrante de quienes busquen una candidatura mediante acciones afirmativas. El cuestionario en línea estuvo disponible hasta el 31 de octubre. Lo que se defina importa porque esos requisitos pueden ayudar a evitar que una candidatura destinada a representar a la comunidad migrante sea ocupada por alguien sin vínculos con ella. También importa que las pruebas no se conviertan en un obstáculo para quienes sí forman parte de esa comunidad. Mientras en California se discute qué identificación deben presentar quienes votan; en Michoacán se habla de cómo acreditar el vínculo de quienes buscan una candidatura. Son reglas distintas, pero ambas buscan decidir quién puede participar y en qué condiciones. Quienes tienen familia allá y no pueden votar deben decirles a sus familiares que votar el 3 de noviembre es importante. Cuando quienes tienen derecho a hacerlo no participan, dejan abierta la puerta para que otras personas tomen decisiones que pueden afectar a sus familias. Y quienes tienen la posibilidad de votar deben hacerlo. Sergio Béjar López es doctor en Ciencia Política y Profesor-Investigador de tiempo completo en la División de Estudios Políticos del CIDE en Ciudad de México. Su investigación se concentra en comportamiento político, partidos, polarización y competencia electoral, con especial atención a México y América Latina.
La Voz de Michoacán
