Por Sergio Béjar López Viví 24 años en Estados Unidos y durante todos esos años extrañé al país en el que crecí, sus símbolos y su gente. Al llegar allá, me prometí mantener mis valores, costumbres y tradiciones, y lo hice. Con el tiempo adquirí la nacionalidad estadounidense y me sigo sintiendo igual de mexicano que el día que llegué al otro lado. Por eso, la reforma —recientemente aprobada por el Senado— que obligará a quienes aspiren a la Presidencia de la República, alguna gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar a la doble nacionalidad me preocupa. Lejos de ser solo una formalidad, la reforma parte de un supuesto que no siempre es cierto: que quienes tenemos doble nacionalidad servimos a dos amos y dividimos nuestra lealtad. De ahí viene mi principal objeción. Para mí, tener dos nacionalidades no significa tener dos lealtades. Tampoco significa que la renuncia al pasaporte azul o rojo garantizará que quienes lo hagan le tengan una lealtad inquebrantable a México. El pasaporte es un instrumento jurídico que une a las personas con un país, pero no dice nada sobre sus convicciones, sus intereses o el lugar al que sienten que pertenecen. Mi experiencia me enseñó justamente eso. La obtención del pasaporte estadounidense me dio en aquel país derechos y obligaciones después de contribuir a él durante muchos años. Pero al recibirlo, mi compromiso con México no se redujo en lo más mínimo. De hecho, decidí regresar para contribuir con lo que pueda al desarrollo del país en el que crecí. Si eso es ser desleal, entonces entiendo mal ese concepto. Ni yo ni muchas otras personas que tenemos más de un pasaporte repartimos nuestra lealtad en partes iguales dependiendo del número de pasaportes que guardamos en el cajón. La reforma aprobada recientemente en el Senado no es trivial en Michoacán. La mayoría de las familias en la entidad tienen al menos un integrante trabajando, viviendo, estudiando, pagando impuestos o formando comunidades en la Unión Americana. Muchas de esas personas tienen vínculos afectivos y políticos a ambos lados de la frontera. Para ellas y ellos, el pasaporte es simplemente un instrumento jurídico que reconoce la vida que llevan. La doble nacionalidad no les hace ni más ni menos mexicanos. Para quienes, como yo, no aspiramos a ningún cargo político, la reforma probablemente no signifique mucho. Pero sienta un precedente muy peligroso para las nuevas generaciones. Muchos jóvenes michoacanos tienen doble nacionalidad, pero no porque así lo hayan decidido, sino porque por azares del destino nacieron allá o porque sus padres migraron. Durante mi reciente visita a la Universidad Michoacana conocí a una joven nacida y criada allá, pero que hoy estudia y vive en Michoacán. Y esta reforma me hace pensar en ella porque, si algún día quiere ser gobernadora, tendrá que renunciar a la nacionalidad del país en el que viven sus padres y sus hermanos. La renuncia, de hecho, tendría que hacerla antes de saber si los ciudadanos la elegirán. ¿Qué mensaje le estamos mandando a ella y a todas y todos los jóvenes como ella? Hace solo unos meses, millones de mexicanos —incluyendo muchos de los políticos que defienden esta reforma— celebraron las actuaciones de Obed Vargas y Brian Gutiérrez con la selección mexicana en el Mundial. Los dos nacieron en Estados Unidos y se formaron como futbolistas en campos americanos Richard Ledezma, también nacido y formado allá, ha sido convocado por el Tri. Y, de hecho, la Federación Mexicana de Futbol busca activamente talento en Estados Unidos para sus selecciones. ¿Por qué la doble nacionalidad no pone en duda su lealtad cuando representan a México en una cancha, pero sí cuando un joven quiere representarnos en un cargo público? Entiendo que ciertos cargos públicos exigen que quienes los ocupen posean una lealtad especial hacia México. La Presidencia o cualquier gubernatura tienen a su cargo la protección de sus ciudadanos, el manejo eficiente y honesto de los recursos públicos, información sensible y las relaciones con otros países. Quienes nos gobiernan no deben tener la oportunidad de escudarse en otra nacionalidad para evadir sus responsabilidades o para invocar la protección de otro Estado. Mi desacuerdo no está en la necesidad de proteger el interés nacional, sino en asumir que el problema se resuelve renunciando a un pasaporte. Desde mi punto de vista, el color del pasaporte no elimina los conflictos de interés. Hay muchos casos de personas que solo tienen el pasaporte verde y, aun así, tienen lujosas residencias, empresas, jugosas cuentas bancarias o a su familia viviendo en Estados Unidos. Me atrevería a decir que los intereses de esas personas en nuestro vecino del norte son mucho mayores que los de algunos que tenemos dos nacionalidades para poder vivir y trabajar en ambos países. La pregunta entonces es: ¿por qué suponemos que la primera persona es necesariamente más leal que la segunda? El color del pasaporte nos permite saber de qué nacionalidad son las personas, pero la carátula verde o azul difícilmente revela dónde están sus intereses. Renunciar al pasaporte cambia su condición jurídica, pero no hace desaparecer mágicamente una casa en Houston, una cuenta bancaria en Suiza, una empresa en Estados Unidos o vínculos económicos con otros países. En otras palabras, la renuncia puede eliminar el símbolo sin eliminar el conflicto de interés. En lugar de exigir la renuncia a un pasaporte, México debería exigir que quienes aspiren a un cargo público de elección popular declaren sus nacionalidades y sus intereses en el extranjero. También debería exigir transparencia patrimonial, establecer restricciones al uso de protección diplomática mientras se ocupa el cargo y contar con reglas claras sobre financiamiento extranjero y conflictos de interés, acompañadas de sanciones. Es imprescindible que el Congreso de Michoacán se pronuncie sobre la reforma. Para hacerlo, las y los diputados locales deben llevar la discusión más allá de la abstracción constitucional. Deben pensar en las familias que representan y que llevan generaciones viviendo entre México y Estados Unidos. Deben pensar en la joven que conocí en la Universidad Michoacana, que nació allá pero que se está educando aquí y que puede ser parte de esa sangre joven que nutra a gobiernos capaces de entender lo que significa para muchas y muchos tener doble nacionalidad. A ella y a los millones de jóvenes como ella no podemos decirles que, para pertenecer a México, tienen que demostrarlo. Durante décadas les hemos dicho a quienes se fueron que siguen siendo de aquí. No deberíamos pedirles ahora a sus hijos que demuestren que también pertenecen.