Emiliano Martínez Coronel “Qué van a hacer con los que estamos muertos de hambre” Humberto Díaz Vega, líder trasportista. Sí, he usado Uber en Guadalajara y la Ciudad de México, es un servicio más barato que los demás taxis y además, sus unidades se encuentran en excelentes condiciones y los choferes prestan un servicio con atención y cortesía para el usuario. Esa es mi experiencia en el servicio Uber. Donde prestan el servicio lo prefiero antes que otro medio de transporte; sumado a lo anterior, es posible obtener facturas por el costo pagado. Uber anunció ya su llegada a Michoacán, empezando por la ciudad de Morelia, y dicho anuncio presagia problemas. Los actuales transportistas y sus organizaciones difícilmente permitirán que este servicio se otorgue en Morelia, así lo han anunciado. Esta posibilidad abre necesariamente el debate sobre el tema del transporte público en Michoacán. En el Estado se trata de un servicio público regido por el Poder Ejecutivo, debidamente reglado, donde los ordenamientos jurídicos están vigentes y se están aplicando en este rubro. Atendiendo las disposiciones legales aplicables a la materia, para operar el servicio de taxi o de cualquier modalidad de transporte es necesario tener una concesión otorgada por el gobierno, de otra manera no es posible. Conocedores del tema refieren que existen más de 40,000 concesiones otorgadas hasta la fecha para prestar el servicio en las diferentes modalidades, lo que es suficiente para la necesidad de los usuarios. Al lado de los transportistas que están debidamente autorizados se encuentran los que prestan servicio de manera irregular, conocidos como “pirata”, que constituyen una realidad que no se puede soslayar en un análisis sobre el tema. Concesionarios y “pirata” satisfacen la demanda de servicio hasta en las comunidades y pueblos más alejados de la geografía michoacana; dicen los que saben del tema, que las concesiones existentes son suficientes, inclusive se han otorgado más de las necesarias. El gobierno en el tema del transporte público por muchas décadas ha asumido una actitud paternalista, protegiendo a los ciudadanos que siempre se han dedicado a prestar el servicio; por lo mismo, el otorgamiento de nuevas concesiones genera la inconformidad de los concesionarios en activo. La ley fue concebida y aprobada para proteger la fuente de trabajo de los trasportistas, así opera en la Entidad. El otorgamiento excesivo de concesiones ha derivado en organizaciones que detentan el poder necesario para imponer su voluntad y políticas sobre la prestación de servicios, y todo esto ha provocado un servicio de baja calidad. Choferes sin capacitación, sin preparación, sin educación vial; alto índice de accidentes viales provocados por choferes de trasporte público, es la constante en el tema (con sus honrosas excepciones). Los vehículos son de modelo muy antiguo que evidentemente no sirven para el transporte público. El panorama urbano nos presenta taxis, combis y camiones en pésimas condiciones mecánicas (salvo unos cuantos). En estas circunstancias, podríamos adelantar que las políticas públicas en materia del transporte público han resultado insuficientes. En este entorno, es necesario actualizar el marco normativo para responder a empresas como Uber que hoy pretender incursionar en el estado de Michoacán; es urgente que se revise la legislación para atender debidamente la demanda, pero además proteger a los trabajadores del volante. Las organizaciones de transportistas deben ante todo, reflexionar sobre el servicio que han prestado hasta ahora, y entonces oponerse o permitir el ingreso de empresas dedicadas a prestar el servicio de manera empresarial. Sí, en efecto, he usado Uber, pero jamás estaré en favor de que se limite el empleo a los trabajadores del volante, a los transportistas de toda la vida. Tampoco estoy de acuerdo en el pésimo servicio que hoy se presta en Michoacán. Es urgente que se ponga orden en el transporte. El pretexto es la incursión de Uber. No es cosa fácil para el actual gobernador, no es cosa sencilla para los transportistas que anuncian problemas, como tampoco será fácil para los que pretender privatizar plenamente este servicio. El fin último es el servicio eficiente y eficaz a los usuarios, a eso deben de enfocar los esfuerzos todos. No queremos tomas, bloqueos ni manifestaciones; queremos un estado de derecho pleno, que respete los derechos de los transportistas, como los derechos de los que quieren empleo en el rubro y el bienestar de los usuarios. El debate está abierto; ahora solo son ideas sueltas, pero tendremos que articular posturas y propuesta que aborden en definitiva y resuelvan el transporte en Michoacán.
La Voz de Michoacán
