Con Alianza Nacional, pueblos indígenas urgen a que López Obrador haga respetar su autonomía

Las comunidades demandan que se deroguen las distintas formas en que se lleva a cabo el despojo legal de los territorios indígenas, mediante las leyes energética y minera.

Foto: La Voz de Michoacán.

Jorge Ávila / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Diversos pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de más de 10 estados de la República, pertenecientes a los pueblos tzotzil, tzeltal, lacandón, tenek, nahua, maya, hnahñu, purépecha, na savi, tepecano, wixarika, zapoteca, yaqui, mixe y me´phaa, junto con organizaciones civiles, anunciaron la conformación de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea). Entre las comunidades que se han sumado a la organización están el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen y la comunidad de Santa María Ostula, en Aquila, ambas de Michoacán.

Esta Alianza tiene como objetivo poner de manifiesto que el Estado mexicano, mediante el aparato de gobierno, continúa con políticas y leyes que, aún vigentes, perpetuán la exclusión a los pueblos y que vulneran los derechos fundamentales de las comunidades originarias.

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Los integrantes de la Alianza añadieron que, con todo y que los pueblos que nutren la diversidad étnica del país siguen en su construcción de autonomía, a través del autogobierno, la aplicación de los sistemas normativos propios y el respeto a la integridad de sus territorios, ven a los gobiernos, empresas y el crimen organizado atentar constantemente contra las estructuras tradicionales de toma de decisión.

Lo anterior se realiza por medio de invasión de territorios con megaproyectos (como el que el presidente de México instrumenta en el sureste mexicano, el Tren Maya), violencia, corrupción, falsas consultas, división del tejido comunitario; además, para conseguir estos fines, tanto autoridades de gobierno como poderes fácticos constantemente atacan y criminalizan a las comunidades, organizaciones y personas que defienden los derechos de los pueblos indígenas.

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“Este tipo de incidentes se agravan en momentos donde la pandemia ya cobra vidas al interior de las comunidades por la falta de servicios básicos para su atención”, exponen los integrantes de la Alianza.

Mediante un comunicado difundido por distintas plataformas y medios de comunicación, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía exige al Estado mexicano una reforma constitucional y que se hagan reformas a las leyes para que las comunidades ejerzan a plenitud sus derechos humanos.

Al Estado mexicano, las comunidades y organizaciones que componen la Aldea exigen que se respete lo estipulado desde 2018 en la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que dice: “Se requieren medidas eficaces y coordinadas entre instituciones de toda la estructura federal, estatal y municipal para abordar los graves problemas expuestos, incluidas reformas del marco jurídico, político e institucional encaminadas a aplicar los derechos de los pueblos indígenas en temas clave como tierras, territorios y recursos naturales, sus propias prioridades de desarrollo, libre determinación, participación política y acceso a la justicia. También urgen medidas para resolver los problemas de violencia e inseguridad, así como la pobreza, marginación y discriminación estructural”.

En virtud de ello, demandan que se instrumente una serie de reformas al marco legal, pero no de forma unilateral, sino con la participación activa de las comunidades y la sociedad civil organizada, y que dichos cambios a las leyes vayan acordes con los distintos tratados internacionales y de derechos humanos de que México es parte, así como en seguimiento a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados en 1996 por el Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero para lograrlo, es preciso que se empiece por 4 demandas esenciales:

En primer lugar, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como al Institutito Nacional de los Pueblos Indígenas y al Congreso de la Unión, se les exige que se impulse la reforma de carácter constitucional a la que previamente se había comprometido el actual gobierno, en el sentido de dar reconocimiento a los pueblos y las comunidades indígenas como sujetos de derechos público, y que se les garantice que podrán ejercer a plenitud los derechos por los que tanto se ha luchado: libre determinación, autonomía, al territorio y a instrumentar sus formas propias de desarrollo y de aplicación de justicia, entre otros derechos.

En segundo lugar, al Poder Ejecutivo federal y a las cámaras de Diputados y Senadores se les demanda que se deroguen las distintas formas en que se lleva a cabo el despojo legal de los territorios indígenas, mediante las leyes energética y minera, dado que ese marco normativo da preferencia a las actividades y figuras legales para la ocupación superficial. Además se exige que se promueva una nueva ley de aguas, pero que sea en estricto apego a los derechos de los pueblos y en respeto a los sistemas comunitarios. Esta serie de reformas que la Aldea exige incluye que se prohíba la fracturación hidráulica (fracking) en la actividad minera.

En matería de seguridad, se exige a la Secretaría de Gobernación, así como los órganos de seguridad y de procuración de justicia , además de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que se implementen medidas y sanciones que realmente aseguren a las comunidades, sus organizaciones y defensores, que podrán ejercer de manera pacífica su labor en materia de derechos humanos sin ser víctimas de agresiones ni criminalización.

Finalmente, y de manera particular, a los poderes Legislativo y Ejecutivo de los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, se les exige la instauración de leyes locales que garanticen el pleno respeto a las comunidades y sus formas de autogobierno, así como a los sistemas normativos y de seguridad creados por los pueblos y comunidades indígenas en los tres estados.

Y es que los miembros de Aldea reprochan que mientras las reformas prometidas por el actual gobierno federal para garantizar a los pueblos indígenas el pleno ejercicio de sus derechos siguen congeladas, los proyectos de gran envergadura, como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, siguen edificándose con todo y pandemia, por lo que es preciso que se ponga un alto a los atropellos de que son víctimas las comunidades, ya que sólo así, señalan, se podrá construir una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación.

“Desde Aldea exhortamos al actual gobierno a retomar la senda de sus compromisos y obligaciones internacionales y garantizar activamente la participación de los pueblos en las políticas y leyes que les afectan. Hacemos un llamado solidario a otras comunidades y organizaciones que luchan por la autonomía y la defensa de la vida y la madre tierra a sumarse a nuestra Alianza”, concluye el documento.

Los pueblos, comunidades, organizaciones indígenas, campesinas y civiles que integran la Aldea son:

Michoacán:

Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen

Santa María Ostula, municipio de Aquila

Chiapas:

Bienes Comunales de la Selva Lacandona

Tianguis Campesino

Red Ambiental en Defensa de los Humedales de San Cristóbal

Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada

Campeche:

Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes

Estado de México:

Comunidad de Tepetlaoxtoc

San Francisco Magú

Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)–Atenco

San Luis Potosí:

Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca

Red de Mujeres Artesanas

SEDEPAC Huasteca

Oaxaca:

Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda)

San Sebastián

San Jacinto Ocotlán

Tejas de Morelos

San Felipe Apóstol

San Matías Chilazao

Maguey Largo

El Porvenir

San Isidro Zegache, Oaxaca

La Barda Paso de Piedras, Oaxaca

San Antonino Castillo Velasco

Santiago Apóstol

Santa Ana Zagache

San Pedro Mártir

San Martín Tilcajete

San Pedro Apóstol

Asunción Ocotlán

Servicios del Pueblo Mixe (SERmixe)

Servicios para una Educación Alternativa (Educa)

CDI Flor y Canto AC

Jalisco:

San Lorenzo de Azqueltán

Sonora:

Pueblo de Vicam

Guerrero:

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Chihuahua

Consultoría Técnica Comunitaria AC (Contec)

Otras organizaciones y colectivos:

Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C.

Tlalij AC

Fundación para el Debido Proceso. DPLF

Enlace Comunicación y Capacitación AC

Servicios y Asesoría para la Paz AC (Serapaz)

Colectivo de Abogadas

Oxfam México

Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC