Jorge Ávila / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Cuando esa foto se publicó en 2012, se presumió como la imagen de un nuevo gobierno, el que iba a “mover a México”, pero también trataba de dejar constancia de que el país, tras dos sexenios del PAN y con el retorno del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos, recuperaría el rumbo, puesto que desde la campaña, el partido del expresidente Peña Nieto se ostentó como el “nuevo PRI”. Esa imagen y la retórica institucional trataron de vender la idea de que con el “nuevo PRI” se habían acabado las prácticas que durante décadas caracterizaron a los gobiernos emanados del partido de Estado: corrupción, desvío de recursos, influyentismo, abuso de autoridad y toda esa herencia de impunidad con la que Enrique Peña Nieto llegó a la silla presidencial. Han pasado 8 años de esa fotografía (que no es la única del sexenio) y varios de los personajes que ahí aparecen han estado bajo investigación por distintos delitos e irregularidades durante sus administraciones, y otros tantos están bajo proceso judicial. Los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte; de Chihuahua, César Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, desde hace mucho dejaron de ser un ejemplo de la renovación del “nuevo PRI”; por el contrario, dejaron en sus estados y en la memoria nacional una estela de excesos, corrupción, nexos delictivos e impunidad, pero no son los únicos. Enrique Peña, intocado Desde que ganó las elecciones de 2018, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró evasivo ante los cuestionamientos en torno a si se investigaría a sus antecesores, sobre todo Enrique Peña Nieto. Ya como mandatario, el tabasqueño ha asegurado que su gobierno no tiene investigación alguna contra el expresidente Peña Nieto o su familia; no obstante, si se han rastreado por lo menos 50 instituciones bancarias, mexicanas y del extranjero, así como las cuentas y movimientos financieros del mexiquense y sus allegados durante su periodo de gobierno. Además, la Auditoria Superior de la Federación ha detectado anomalías en la entrega de becas del ya desaparecido programa Prospera durante el último año del mexiquense, quien en 2018 entregó las riendas del gobierno de AMLO. Pero también, la Secretaría de la Función Pública ha señalado que en la administración federal pasada se presentaron irregularidades en el ejercicio del presupuesto público. Pero aunque al exmandatario no se le han fincado responsabilidades, funcionarios cercanos a él sí cuentan con procesos judiciales, como Emilio Lozoya y Rosario Robles. Así, esta semana llega extraditado Emilio Lozoya, integrante del equipo de campaña de Peña Nieto y director de Petróleos Mexicanos durante su administración. El exdirectivo ya ha prometido colaborar en las investigaciones que se le siguen por irregularidades relacionadas con Odebrecht. Lozoya, corrupción en Pemex. Rosario sí tenía de qué preocuparse El 19 de abril de 2013, en un evento por la Cruzada Nacional contra el Hambre celebrado en Chiapas, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó la frase que se volvería lapidaria para la entonces secretaria de Desarrollo Social: “Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas y han empezado las descalificaciones”. Y es que sobre la entonces funcionaria federal ya pesaban señalamientos de utilizar programas sociales para desviar fondos con motivos electorales. Luego de ese abril de 2013 el señalamiento se convirtió, años después, en uno de los mayores escándalos del gobierno pasado: La Estafa Maestra. https://www.youtube.com/watch?v=-leydAWYL9c A raíz de las investigaciones, la funcionaria continúa recluida al estar formalmente acusada de participar en una amplia red de corrupción que desvió alrededor de 5 mil 073 mileones de pesos del erario público. Con esto, la experredista es el exfucionario de más alto nivel encarcelado por este caso, en el que están involucrados los principales colaboradores de Enrique Peña Nieto, uno de ellos, el excandidato presidencial priista José Antonio Meade, quien perdió la elección ante el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. El proceso forma parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre presuntos desvíos en el presupuesto de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). En ambas estuvo Rosario Robles, pero además estuvieron involucradas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos (Pemex). Según la FGR, la exfuncionaria supo que sus colaboradores asignaron de forma irregular decenas de contratos a universidades y empresas "fantasma". De igual forma se le acusa de no impedir el desvío ni informar de ello a su jefe inmediato, el presidente de México. En sus comparecencias ante el juez, Robles aseguró que notificó de las irregularidades a Peña Nieto, así como a José Antonio Meade, quien fue su sucesor en la Sedesol. Los abogados de la exfuncionaria aseguran que su cliente es víctima de una "persecución política" del gobierno de López Obrador. Rosario Robles, funcionaria clave en la Estafa Maestra. César Duarte, bancarrota en Chihuahua César Duarte Jáquez fue gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, y la entidad quedó en la quiebra debido al desvío y malversación de mil 200 millones de pesos, además de haber destinado recursos públicos a campañas del PRI en los comicios de 2015. Además, el exgobernador era amante de las fiestas fastuosas y se le han encontrado alrededor de 20 propiedades en Estados Unidos, entre las que hay ranchos con animales exóticos. Entre sus negocios estaba el de banquero, ya que, con ayuda del entonces secretario de Hacienda y a la postre canciller, Luis Videgaray, obtuvo la licencia para ser accionista mayoritario del Banco Unión Progreso, hacia el que, en 2014, se hicieron 342 trasferencias bancarias desde el gobierno de Chihuahua por al menos 80 mil millones de pesos. En 2016 entregó las riendas del gobierno a Javier Corral y se esfumó, pero su sucesor comenzó con las investigaciones y denunció el multimillonario desfalco a las arcas estatales. Al año siguiente, en 2017, se le dictó orden de aprehensión al detectarse que había dejado una deuda pública por 48 mil millones de pesos, un desfalco a la entidad por 6 mil millones de pesos y el desvío de por lo menos 250 millones de pesos hacia las campañas de los candidatos del PRI en 2015. A esta acción se le conoció como “Operación Safiro” (así, con “s”), en la que participaron seis estados del país y una delegación de lo que entonces fuera el Distrito Federal mediante el desvío de 650 millones de pesos de dinero público a 12 empresas fantasma ligadas al PRI. La “Operación Safiro” quedó en evidencia por una investigación que emprendió el organismo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, luego con la captura de Ricardo Yáñez, ex titular de la Secretaría de Educación de Chihuahua, quien aportó más detalles de este megafraude. Ante el Ministerio Público, Yáñez declaró que en una reunión sostenida en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese instituto político les explicaron que no se tenían que preocupar por las empresas fantasma, ya que “estaban blindadas por parte del SAT (dependiente de la SHCP, encabezada en ese entonces por Luis Videgaray), y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, ya que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”. Yáñez Herrera recibió una sentencia de 4 años de prisión por el delito de desvío de recursos. El 25 de enero de 2019, la Comisión Partidaria del PRI decidió expulsar a César Duarte de sus filas, pero fue hasta el 12 de junio de ese año que fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Duarte Jáquez estuvo prófugo durante más de tres años hasta que, el pasado miércoles 8 de julio, fue detenido por las autoridades estadounidenses en Florida. Ahora está en proceso de extradición para ser juzgado en México, pero eso se llevará algunos meses. Javier Duarte, ¿sí merecía abundancia? “Veracruz se escribe con Zeta”, suele decirse en ese estado del Golfo de México, y es que ese fue uno de los sellos del gobierno de Javier Duarte: la narcoviolencia, los secuestros, extorsiones, ejecuciones, tráfico de migrantes y trata de personas, todo en una pugna entre Los Zetas, el Cártel del Golfo y el CJNG. Sin contar que además, Veracruz se volvió el estado más peligroso del país para ejercer el periodismo o para el activismo en pro del medioambiente o los derechos humanos. Javier Duarte de Ochoa fue gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016. Ese día, entre acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, solicitó licencia al Congreso del Estado para, dijo, no entorpecer las investigaciones. Siendo gobernador en funciones, fue acusado de dirigir una bien trazada estrategia mediante la que se desviaron 233 millones de pesos del erario público mediante empresas fantasma que luego triangularon ese dinero a otras empresas y prestanombres. Su evasión de la justicia durante medio año y posterior captura se convirtieron en un circo mediático. El exgobernador fue detenido en un hotel de lujo de Guatemala el 16 de abril de 2017, acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa, pero la entonces Procuraduría General de la República reclasificó el delito de delincuencia organizada como enriquecimiento ilícito, menos grave y, por entre, con mayores posibilidades de apelar. Al momento de su llegada a México, Duarte se volvió tendencia al recitar ante la prensa la enigmática frase “paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia... dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia. Gracias”. Lo dicho por Duarte ante los medios es una versión de un dicho popular sevillano, que se le atribuye en España al escritor y miembro de la Real Academia Española Santiago Montoto. La frase original dice: “En Sevilla hay que tener paciencia y prudencia, verbal continencia; no exhibir excesiva ciencia, y presencia y ausencia, según conveniencia”. Duarte no explicó de dónde aprendió la frase, pero su esposa, Karime Macías, escribió el dicho en su columna “Casa Veracruz: Una receta milagrosa”, publicada en 2014 en el portal local 60Minutos.info. En el texto, ella consideró esta frase una guía para resolver cualquier problema. “Se debe consumir a diario para mejores resultados”, concluye en el artículo. Ya el 8 de julio de 2019, en entrevista con Reforma, Duarte de Ochoa señaló que siendo presidente de México, Enrique Peña Nieto le había regalado una importante suma de dinero (no dijo cuánto) para ayudarlo, pues, dijo, el mandatario tenía “cargo de conciencia” por la persecución contra el gobernador. Según el veracruzano, con ese dinero sobornó al entonces encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para que cesara la persecución a su familia y el delito de delincuencia organizada se reclasificara, como se dijo más arriba, como enriquecimiento ilícito. https://www.youtube.com/watch?v=z_zSgYeILj4 Pero fue más allá en sus declaraciones, al señalar que su salida del gobierno de Veracruz y posterior fuga a Guatemala habían sido por instrucciones del propio Enrique Peña Nieto a través de quien fuera secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. “Fue una negociación en donde me dijeron ‘te tienes que entregar antes de la elección del Estado de México porque, de lo contrario, no va a funcionar. Y a cambio dejamos a tu familia en paz y tú te entregas’”, dijo Duarte en una entrevista telefónica a Ciro Gómez Leyva el 9 de julio de 2019. A pesar de que ha interpuesto varios amparos, el exgobernador veracruzano sigue preso en el Reclusorio Norte de la capital del país. En mayo de 2020, una jueza confirmó la sentencia de Duarte de 9 años de prisión, pero ordenó regresarle 40 inmuebles que se le habían decomisado. Roberto Borge Angulo, el oscuro playboy del Caribe mexicano A los 31 años de edad llegó a la gubernatura de Quintana Roo, donde estuvo de 2011 a 2016, y de ser uno de los políticos más jóvenes y con mayor exposición a los reflectores en el PRI, pasó a figurar como uno de los personajes más señalados de la clase política nacional. Al final de su administración la espada de Damocles empezó a pender sobre él, esto al ser fuertemente señalado de vender de manera ilegal patrimonio del estado, quebrantar las finanzas estatales por 30 mil millones de pesos, despojar de sus bienes a particulares e incurrir en múltiples violaciones a los derechos humanos. Durante su gobierno nunca faltaron los lujos, las suntuosas fiestas y los costosos viajes. Pero también perpetró el ecocidio de manglares en el Malecón Tajama, en Cancún, lo que causó un desastre ecológico. También se le acusó de haber elevado la deuda pública de su estado por más de 22 mil millones de pesos. Al dejar el gobierno de refugió en Panamá, pero el 4 de junio de 2017 fue detenido bajo los cargos de lavado de dinero y la venta irregular de terrenos propiedad del estado a supuestos prestanombres. El 4 de enero de 2018 fue extraditado a México por los delitos de lavado de dinero, peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la administración pública. Al día siguiente fue internado en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos. En mayo de 2019, un juez de control de Chetumal lo sentencio a dos años de prisión preventiva justificada y dos meses por el delito de aprovechamiento ilícito del poder en la subcontratación presuntamente ilegal de aviones y helicópteros, por una suma de 590 millones de pesos. Por operaciones con recursos de procedencia ilícita, Roberto Borge aún no tiene dictada una sentencia, pero de ser encontrado culpable, podría alcanzar una pena máxima de 15 años de cárcel. En febrero de 2020, el gobierno mexicano sumó un nuevo delito a la acusación contra Roberto Borge: delincuencia organizada. Rodrigo Medina de la Cruz, desfalcos y violencia Fue gobernador de Nuevo León de 2009 a 2015. Durante su administración se le acusó de haber otorgado estímulos millonarios a la armadora coreana de automóviles KIA, lo que habría derivado en un desfalco 3 mil millones de pesos a las arcas estatales. Tras la llegada de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, al gobierno estatal, se desarrolló la llamada Operación Tornado, en la que se destapó el desfalco. Se aseguró que el priista tenía 20 expedientes abiertos y de ser encontrado culpable en por lo menos uno, el exgobernador podría alcanzar hasta 12 años de prisión. Pero dos años después (2017), Rodrigo Medina libró todas las acusaciones e incluso fue absuelto de los delitos de peculado y contra el patrimonio. El juez determinó falta de elementos para sustentar las acusaciones interpuestas por la administración de El Bronco. Sin embargo, el estado también quedó inmerso en la violencia provocada por el crimen organizado, al haber quedado en medio de la pugna entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo con todo y sus escisiones, llegando a ser Monterrey una de las zonas más violentas del norte de México. Roberto Sandoval, narcogobernador Gobernó Nayarit de 2011 a 2017 y en su administración, la violencia y la inseguridad vinculada al crimen organizado aumentaron dramáticamente, por lo que al término de su mandato se hablaba de que tenía vínculos con el narcotráfico. El 17 de mayo de 2019, el gobierno de Estados Unidos lo acusó de nexos con el narco en México, al haber recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y congeló las cuentas que el exmandatario tenía en la Unión Americana. El 28 de febrero de este año, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, informó que el Departamento del Tesoro había incluido al exgobernador de Nayarit en la lista de personas que cometieron actos de corrupción, que en su caso fue por los nexos con grupos delincuenciales de narcotráfico. Además señaló que ni Sandoval Castañeda ni su familia pueden ingresar a ese país. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene bloqueadas 42 cuentas bancarias del exgobernador priista por sus presuntos vínculos con el CJNG. Uno de sus colaboradores, el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, detenido el 27 de marzo de 2017, también fue acusado de narcotráfico. Fue arrestado en San Diego California cuando aún era fiscal en funciones. Ha sido señalado por sus presuntos nexos con el cártel de El Mencho, así como por despojo de tierras, amenazas, extorsión, feminicidio, secuestro y desapariciones forzadas. Las autoridades mexicanas también investigan a Roberto Sandoval, pues se le acusa de enriquecimiento ilícito, por lo que en el 2018, la extinta Procuraduría General de la República le aseguró al menos 5 propiedades, como La Cantera, una finca de 40 mil metros cuadrados. También está acusado de uso indebido de funciones por haber condicionado la entrega del Programa de Seguro Alimentario (Prosa) a quienes no votaran por el Revolucionario Institucional en la elección, así como del desvío de recursos para beneficiar a candidatos de su partido en 2018. Roberto Sandoval articuló una red de empresas con familiares, socios y colaboradores que van desde la venta de cárnicos, ganadería, agricultura crianza de caballos, distribución de abarrotes y lácteos, moda, calzado, joyería, inmobiliaria y farmacobiólogos, hasta actividades con fines asistenciales. Roberto Sandoval sigue prófugo. Andrés Granier Melo, el dandi del edén Mientras gobernó Tabasco, de 2007 a 2012, el estado se vio inmerso en falta de recursos para pagos a proveedores, particularmente del sector salud. En 2013, la entonces PGR lo acusó de evasión fiscal, toda vez que el político tabasqueño no declaró ingresos en 2009. Según las autoridades, sólo reportó 2 millones 552 mil 207 pesos, cuando en realidad obtuvo 10 millones 357 mil 979 pesos. Amante del buen vestir, declaró que tenía más de mil camisas, 300 trajes, 400 pantalones y 400 pares de zapatos. Luego se defendía de las críticas al decir que habían sido “comentarios lamentables”, y trató de arreglarlo asegurando que su guardarropa consistía solamente de 30 camisas y unos 10 pares de zapatos. A petición de la Fiscalía estatal, que lo acusaba de desviar al menos mil 900 millones de pesos destinados a programas sociales, Granier Melo fue detenido e ingresado en junio de 2013 al Reclusorio Varonil Preventivo Oriente, en la Ciudad de México, pero por su estado de salud fue trasladado al Reclusorio de Tepepan, también ubicado en la capital del país. El 18 de enero de 2019, Granier Melo dejó la Torre Médica de Tepepan (donde estuvo Elba Esther Gordillo) para ser trasladado a su casa ubicada en la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México, en donde estaría en prisión domiciliaria. En mayo de ese mismo año, un juez le concedió la libertad absoluta, luego de cumplir 71 años de edad. Mario Anguiano, estado pequeño, problemas grandes Gobernó el estado de Colima de 2009 a 2015, y a mediados de 2016, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental y el Congreso de Colima denunciaron al exgobernador Mario Anguiano ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado por el mal uso de recursos públicos. En total se interpusieron tres denuncias en su contra: una por el presunto desvío de mil 867 millones de pesos, otra por la presunta compra irregular de un software que costó 66 millones de pesos y una más por la contratación y uso indebido de un crédito por 638 millones de pesos. Ya en febrero de 2020 el exgobernador de Colima se “entregó” a la Fiscalía del estado, y aseguró que no cuenta con los recursos para pagar la multa de 515 millones de pesos que le impuso el Congreso local por la contratación irregular, en 2015, de un crédito de más de 638 millones de pesos, que además fue utilizado para dar liquidez a las finanzas estatales y no para los fines establecidos. Acompañado de unas 500 personas y ante una agente del Ministerio Público, afirmó que se ponía a disposición de la autoridad. La representante social le pidió al exmandatario que le explicara mejor el caso y cuando éste dijo que el Congreso había pedido a la Secretaría de Planeación y Finanzas que le cobrara los 515 millones 174 mil 928 pesos de la sanción, la agente ministerial desarticuló el acto mediático de Anguiano Moreno: “Entonces le pediría que vaya a la Secretaría de Planeación y Finanzas a explicar esto mismo, que es la encargada de cobrarle”. Ante la declaración del exgobernador, diputados locales solicitaron a la UIF investigarlo. Rubén Moreira, el viejo-nuevo PRI Gobernador de 2011 a 2017, en el año 2018, el exmandatario de Coahuila fue acusado por la diputada panista María Eugenia Cázares de desviar durante su administración más de 390 millones de pesos de participaciones federales que les correspondían a municipios de la entidad. Hasta ahora no se tiene más información si es que el ahora diputado plurinominal es investigado. Egidio Torre Cantú, facturero Tomó la candidatura a la gubernatura luego de que el abanderado priista, su hermano Rodolfo Torre Cantú, fuera asesinado por un comando del crimen organizado mientras se dirigía a un acto de campaña. El exmandatario, que estuvo en funciones de 2011 a 2016, ahora está bajo la lupa luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del gobierno de Tamaulipas iniciara investigaciones a empresas factureras, en las que se encuentran implicados funcionarios de la administración del exgobernador de Tamaulipas. De esta manera, aunque todos estos gobernadores han sido señalados por las malas prácticas durante sus administraciones, e incluso altos funcionarios federales de la administración de Peña Nieto están tras las rejas o con fuertes acusaciones, por lo menos en este periodo de gobierno, al mexiquense no se le tocará ni con el pétalo de una carpeta de investigación.
La Voz de Michoacán
