Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Ante las declaraciones de testigos en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a su círculo cercano por presuntos nexos con el narcotráfico, tras ser encontrado culpable de cinco cargos penales en Nueva York, revelaron funcionarios del gobierno federal. Durante dos sexenios, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño ocuparon cargos de alto rango en la policía bajo el mando de García Luna cuando era titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría de Seguridad Pública; ahora están en la mira de Estados Unidos por probablemente brindar protección al Cártel de Sinaloa. Los funcionarios aseguraron que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado alguna petición donde solicite la detención con fines de extradición de Cárdenas, de Pequeño u otro excolaborador cercano a García Luna, pero son investigados tras darse a conocer dichos delitos en el juicio. Las pesquisas no se centran en Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, ni en Pequeño, excoordinador de la División de Inteligencia; hace una década, en México se determinó que las personas que declararon contra los excolaboradores de García Luna eran testigos de oídas, pues se enteraron de probables delitos a través de terceras personas. Un cercano al exsecretario es Armando Espinoza de Benito, quien se desempeñó como jefe de División de Investigación de la Policía Federal, y que según declaraciones de Sergio García Villarreal era “intocable” por su presunta colaboración con Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán, líderes del Cártel de Sinaloa. Expedientes señalan que los comandantes de la Policía Federal, Eusebio Édgar Millán, Igor Labastida, Cárdenas Palomino, y el director de Despliegue Regional, Francisco Javier Gómez, “se quedaban con el dinero que la gente del Cártel de Sinaloa enviaba para efectuar los cambios de los jefes regionales a nivel República”. Tanto Millán como Labastida fueron ejecutados; el primero, en su domicilio de la colonia Guerrero, y el segundo en una fonda cerca de las instalaciones de la AFI, ambos en la Ciudad de México. Por su parte, Jesús Reynaldo Zambada, El Rey, declaró en el juicio que recibía protección de agentes que laboraban en la PGR, así como del excomandante de la Policía Federal, Édgar Enrique Bayardo del Villar. Antes de ser asesinado por órdenes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, Enrique Bayardo solicitó ser incorporado al programa de testigos colaboradores de la PGR, tras descubrirse sus nexos con la facción de El Rey. A partir de ese momento comenzó a delatar a agentes y mandos de la Policía Federal ligados con los Beltrán Leyva y era informante de la DEA; sin embargo, fue asesinado el 1 de diciembre de 2009 en la capital del país. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un organigrama donde señala a Facundo Rosas, Iván Reyes Arzate y a Víctor Garay como parte del círculo de García Luna.
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