De China a Panamá hasta llegar a Tepito: así trafican vapeadores Los Marcopolos

En México se estima que hay 1.7 millones de usuarios de vapeadores, de los que al menos 500 mil son adolescentes alimentando un negocio ilegal

Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. Cada minuto hay cientos de manos manufacturando a toda velocidad un cigarro electrónico que llegará a México. Únicamente en China se producen al año más de 200 millones de vapeadores cada año, según la Cámara de Comercio del Cigarro Electrónico en China, y sus clientes suman unas 82 millones de personas en el mundo que usan ese producto todos los días.

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Antes de ducharse, de camino al trabajo, entre clases, en una terraza por la tarde o antes de ir a la cama, los clientes vapean los cigarrillos con sabor a tabaco, mentolados, frutales y hasta de ajo o cerveza. Se ha vuelto una actividad tan cotidiana en la sociedad moderna que la Real Academia Española aceptó como verbo nuevo a “vapear”, es decir, aspirar y despedir —en sustitución del tabaco— el vapor que genera un dispositivo electrónico.

En México es un mercado que crece sin parar. A medida que los consumidores se alejan de la combustión y el humo por los daños que provocan a la salud, aparece una comunidad que intercambió el cigarro por el vapeador y que es casi del tamaño de Tijuana: 1.7 millones en nuestro país, según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Entre ellos hay, al menos, 500 mil adolescentes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

Hace menos de una década, todos compraban estos dispositivos y cartuchos en el sector legal e ilegal. Pero ante la posibilidad de que la primera opción se termine por decreto presidencial, y sólo quede la segunda, el periodista Oscar Balderas habló con “Gen”, un experto en este negocio que este año valdrá unos 26 mil millones de dólares globales en los cálculos de la empresa alemana Statista.

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“Gen” se dedica a traer desde China a la Ciudad de México miles de vapeadores de contrabando para quienes no pueden comprarlos en tiendas reguladas por el Estado mexicano y que recurren al mercado negro.

Su fortuna ha crecido, paradójicamente, a la par de los esfuerzos del gobierno para prohibirlos.

Los Marcopolos

A decir del periodista, “Gen” lleva un tatuaje que lo delata como uno de los cientos de miembros que tiene La Unión Tepito. Y, como muchos de ellos, su materia prima no son las balas ni las drogas, sino todo lo que se importa desde Asia, como ropa pirata, cosméticos de fayuca y lociones tipo clon. A sus 38 años es parte de la estructura financiera del cártel que hace posible la compra de armas y de casas de seguridad.

Es de la vieja guardia conocida como Los Marcopolos, comerciantes que cruzan medio planeta para hacer negocios en China, como lo hiciera el famoso mercader veneciano en el siglo XIII. Una o dos veces al año “Gen” viaja a Shenzhen, la tercera ciudad más poblada del país después de Shanghái y Beijing y el corazón de la industria vapeadora del mundo, donde más de mil fábricas trabajan día y noche.

Las grandes empresas tabacaleras del mundo manufacturan en países europeos para revisar que los productos e ingredientes desarrollados en sus propios centros de investigación —como glicol de propileno y glicerina vegetal— sean usados adecuadamente en vapeadores que serán examinados rigurosamente por agencias sanitarias, que se asegurarán de que hagan el menor daño posible y cuyo precio será supervisado por la hacienda pública para que paguen impuestos que financien a hospitales y clínicas de gobierno que tratan enfermedades asociadas al tabaquismo.

Por otro lado, el crimen organizado envía a Asia a alguien como “Gen”, quien no tiene idea de fórmulas ni de sustancias. No acabó la preparatoria y no habla inglés. Menos mandarín. “Gen” vuela 14 mil 109 kilómetros con tres nociones básicas en la mente: que un broker de origen chino lo recibirá en el Aeropuerto Internacional Shenzhen Bao’an para llevarlo a una fábrica que no sabe si es clandestina, que allá negociará ayudado de una calculadora en mano con alguien que tampoco habla inglés —menos español— y que la mercancía deberá mandarse a Centroamérica antes de que llegue al barrio bravo tepiteño.

“Si me venden veneno, yo ni me entero. Yo voy a comprar la mayor cantidad de vapeadores con el dinero que me autorizan mis jefes. Y ya después, yo sólo quiero que me paguen mi trabajo y lo que hagan unos morros ya no es asunto mío”, dice, franco, con la misma dureza de un narcotraficante, excepto que él se considera un empresario.

Él no sabe, por ejemplo, que un vapeador ilegal usualmente contiene altos índices de níquel y cromo, sustancias que pueden provocar desde sangrado en el esófago y varios tipos de cáncer hasta la muerte. Las dosis son vertidas a mano y no hay control de calidad. Lo normal es que de esos riesgos no se entere ni siquiera el maquilador en China, mucho menos sus clientes.

Eso provoca la política de prohibición, reflexiona “Gen” después de charlar toda una tarde: a él no le impide seguir con su negocio, pero los consumidores deberían saber qué se están metiendo al cuerpo y considerar que las ganancias son para el crimen organizado, no para el gobierno.

Una prohibición muy conveniente

Desde su invención en 2003, el vapeador causó furor en el mundo. Su irrupción tuvo la mejor coyuntura: la conciencia de la Generación Z por su propia salud ha orillado a la masificación de cervezas sin alcohol, dietas libres de gluten y grasas bajas en sales. Es la era keto (dieta cetogénica), ‘crossfit’ y ‘superfoods’. El tiempo de la generación que más gasta en ropa deportiva, en suplementos alimenticios y en dispositivos inteligentes que miden sus pasos diarios. El cigarro, como lo conoció el mundo en el siglo pasado, había dejado de ser ‘cool’.

El vapeador apareció como la variante tecnológica ideal para el nivel socioeconómico AB/C+: menos dañinos, menos pestilentes, menos emisores de humo que moleste a otros y más prácticos, más vistosos para redes sociales y más de moda en zonas urbanas. Todas esas son las razones más citadas de los usuarios para acudir a los cigarros electrónicos, según la empresa NielsenIQ México.

Y tenía otro valor importante: las cajetillas comenzaron a encarecerse, mientras que los vapeadores aparecían en las zonas metropolitanas de México con todos los precios posibles, desde los 80 hasta los 500 pesos. Había variedad para todo tipo de consumidores y bolsillos en el mercado legal. Hasta octubre de 2012.

En aquel año, la Cofepris emitió un comunicado citando la fracción VI del Artículo 16 de la Ley General para el Control de Tabaco y declaró que era ilegal importar, distribuir y comercializar cigarrillos electrónicos. Las tabacaleras se inconformaron y se ampararon contra la interpretación. En septiembre de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la norma que sustentaba la prohibición. Y desde entonces, prohibicionistas y reguladores están en una pelea de derrotas y triunfos temporales que tuvo su más reciente ‘round’ en Palacio Nacional.

El 5 de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de reformas para su fin de sexenio que incluían la prohibición tajante a los vapeadores por sus efectos nocivos para la salud. De inmediato, la propuesta generó reacciones: unos la aplaudieron por los costos que tiene el tabaquismo para la salud pública y otros lo criticaron porque restaba libertad a adultos para elegir sobre su propio cuerpo.

Pocos, sin embargo, repararon en lo que esa reforma significaría para personas como “Gen”, La Unión Tepito y el crimen organizado: la posibilidad de hacerse aún más ricos haciendo lo que mejor saben hacer, es decir, trabajar con autoridades corruptas para engrosar mercados negros.

Donde hay prohibición y mucha demanda, las mafias florecen. Y la violencia se desata.

China-Panamá-Tepito

Una vez que “Gen” ha gastado millones de yuanes del cártel, comienza una odisea digna del apodo de Los Marcopolos, que arranca con la supervisión en persona del llenado de contenedores que salen en barco desde China hacia Panamá en un viaje que toma entre 20 y 30 días, según las condiciones meteorológicas y los atascos en los puertos.

La mercancía llega a la Zona Libre de Colón, donde todo está exento de impuestos y contribuciones fiscales. Y entonces aparece una nueva tarea: los vapeadores se deben trasladar a otra zona libre, ahora en Belice, para alistar su ‘brinco’ a México.

La siguiente parte de la estrategia es cambiante. La mercancía usualmente llega a Quintana Roo, pero también puede ir a Chiapas u otro estado del sur del país por embarcaciones pequeñas. En otras, con pasadores que la cruzan en camiones o motocicletas. Incluso a pie. Todo depende de la presencia o ausencia de militares o de la Guardia Nacional, quienes reciben miles de pesos en sobornos.

Una vez que la mercancía está en Quintana Roo viene la fase terrestre, que incluye una flotilla de tráileres. “Gen” y su gente se aseguran que los choferes vayan, sin descanso, a Chiapas y desde ahí hasta Tepito. En ese camino de más de 12 horas dejan una estela de pagos que van a manos de cárteles que les abren paso o que pueden quedarse con un poco de mercancía.

“Por eso la cosa está caliente en el sur. Sí, los migrantes y sí, las drogas y todo eso, pero el negocio también está en dejar pasar lo pirata, lo prohibido. Y todos ganamos de eso, todo el crimen se beneficia. Si no estuviera prohibido, ya deja de ser negocio”, explica.

La última parte de la travesía es una coreografía, porque los tráileres no pueden descargar a cualquier hora en Tepito. Si así lo hicieran, podrían perder la mercancía y “Gen” hasta la vida. Así que esperan hasta la madrugada, fuera de la vista de autoridades que no controlan y descargan todo en la oscuridad. Para entonces, decenas de cargadores o diableros los esperan y en una fugaz operación todo va a parar a bodegas de La Unión Tepito protegidas por pistoleros y policías corruptos.

“Y entonces sí, ¡ca-chín!”, festeja “Gen” y hace el sonido de una máquina registradora. “Ya en nuestras bodegas, con calma se distribuye todo: unos se quedan en Tepito, otros a La Merced, Santa Fe, Polanco, Ecatepec, Chalco, Guadalajara… ¡ya se armó el business para todos, papito!”.

Cárteles se frotan las manos

Hasta julio de 2023 había 34 países en el mundo que penalizaban la comercialización de los vapeadores. Entre ellos están Brasil, India e Irán, pero las mafias locales —como el Comando Vermelho y las pandillas Chaddi Baniyan— se han saltado las reglas y siguen distribuyendo cigarros electrónicos, principalmente provenientes de China.

Las legislaciones de esos países han probado que la prohibición no tiene efectos en la baja del consumo. Al contrario: cada año crece el número de consumidores de vapeadores en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

Este 2024 se uniría México a ese pequeño grupo internacional, a pesar de que los informes de la Guardia Nacional que reconocen que en el negocio ya están metidos el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez, La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa; de este último salieron los hombres armados y embozados que desnudaron y golpearon a dos jóvenes en diciembre pasado —y frente a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, campus Guasave— por vender vapeadores sin su permiso.

“La prohibición de la comercialización e importación de los productos alternativos de suministro de nicotina ha fracasado como política pública para la salud. Los mexicanos están más expuestos a los riesgos de un mercado negro que protegidos por una ley de facto que no se cumple. Las autoridades competentes necesitan empezar a cuestionarse si vale la pena insistir en una política fallida que corregir el curso y proteger la salud y los derechos de la población, al tiempo que se le otorga certeza jurídica a la industria”, plantea un diagnóstico de NielsenIQ México.

En países desarrollados los vapeadores se pueden comprar en tiendas reguladas por el Estado, pero con restricciones: no se venden a menores de edad y no se pueden comercializar con sabores que atraigan a niños y adolescentes como “Dulce de algodón” o “Fresas con crema”. Y el manufacturero debe pagar altos impuestos que financian desde hospitales y clínicas hasta ensayos clínicos contra el cáncer.

Pero en países donde la prohibición es la política decisiva, el negocio queda en manos de tipos como “Gen” y sus jefes: vender veneno les importa poco si pueden generar millones para financiar una guerra.