EFE / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) de México informó este jueves que retomó los trabajos para la consulta de revocación en la que se decidirán si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe seguir en el cargo después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenase reactivar los preparativos. "El INE recibió la determinación adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mandata continuar con el proceso de Revocación de Mandato con el presupuesto existente e informa que acatará la decisión en sus términos", compartió la institución en un comunicado. La Suprema Corte ordenó el jueves al INE retomar los preparativos de la consulta, prevista para abril del próximo año, después de que el organismo hubiera suspendido algunos procedimientos por considerar insuficiente el presupuesto otorgado por el Congreso. El INE aseguró que se mantendrá "atento a la resolución de fondo" que realice la Suprema Corte respecto del recurso de inconstitucionalidad que interpuso el 7 de diciembre por "insuficiencia presupuestal" ya que la determinación del alto tribunal tiene carácter provisional "y no resuelve el fondo del asunto". Señaló que la organización de la consulta requeriría una inversión de 3.830 millones de pesos (unos 185,5 millones de dólares). La Cámara de Diputados resolvió, entre otros aspectos, aplicar un recorte por 4.913 millones de pesos (unos 233,5 millones de dólares) al presupuesto originalmente solicitado por el INE "Lo que dejó al Instituto sin los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana", recalcó el Instituto. Asimismo, indicó que el organismo electoral cuenta con menos de la mitad del dinero necesario para realizar la consulta. Este jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia penal en contra de los seis consejeros del INE que votaron a favor de suspender temporalmente algunos procedimientos para la convocatoria de la consulta. En la denuncia se acusa a los consejeros de hechos que podrían tipificarse como delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.
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