Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Un Juez de Distrito concedió órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, por su presunta participación, en México, en el operativo “Rápido y Furioso”, ejecutado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo que un Juez de Distrito concedió siete órdenes de aprehensión en contra de siete personas involucradas en este operativo con el que se traficó con armas, desde 2009. “En la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) se pudo establecer la presunta responsabilidad de Joaquín "G”, quien durante un largo lapso fue líder de la organización delictiva (Cártel de Sinaloa) destinataria de las armas. “Asimismo, se lograron las órdenes de aprehensión en contra de Genaro "G”, exsecretario de Seguridad Pública federal, así como de Luis "C”, coordinador de Inteligencia de dicha Policía (Federal), y quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad, tanto en Estados Unidos, como en México”, detalló la FGR. El organismo autónomo calificó como “absolutamente ilegal e inadmisible” la conducta ilegal que tuvo por objeto traficar ilegalmente más de 2 mil armas de fuego desde Estados Unidos hacia México. “Esta conducta criminal tuvo por objeto traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego de los Estados Unidos a México, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios; lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible. “De conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes”, detalló la FGR en un comunicado. El Operativo Rápido y Furioso fue coordinado por el Departamento de Justicia estadunidense, con la participación de la Agencia Antidrogas y el Buró Federal de Investigaciones (DEA y FBI, por sus siglas en inglés, respectivamente). Consistió en la compra de armas de tiendas de Texas, principalmente, para su tráfico ilegal y entrega, principalmente entre integrantes de grupos del crimen organizado en México, con el objetivo de rastrear su uso. Sin embargo, las autoridades estadunidenses perdieron el rastro de algunas de sus armas, hasta que detectaron que algunos de sus agentes infiltrados en México habían sido asesinados. “Hemos sido informados que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país”, precisó la FGR en su comunicado. En particular, sobre García Luna, la FGR indicó que sobre él existen dos órdenes más de aprehensión dictadas por jueces mexicanos, que han motivado la solicitud de extradición a territorio mexicano. Los otros cuatro involucrados en estos hechos, indicaron fuentes del organismo autónomo, se encuentran en calidad de prófugos.
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