Jueza federal ampara a la conductora Laura Bozzo para no ser detenida por la FGR

La conductora ha estado envuelta en escándalos en Perú y ha sido denunciada por personajes públicos en México. La jueza otorgó una suspensión provisional que evita que Bozzo sea detenida por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa

Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. Una jueza federal otorgó una suspensión provisional que impide a la Fiscalía General de la República (FGR) capturar a la polémica presentadora de televisión Laura Bozzo.

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Rosa María Cervantes Mejía, jueza Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal, otorgó la medida cautelar que evita que Bozzo sea detenida por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.

En caso de que se ejecute algún mandamiento judicial, por delitos que correspondan a delitos que contemplen prisión preventiva oficiosa, la suspensión solo surtirá efectos para que su libertad personal quede a disposición de la jueza de amparo en el lugar donde sea recluida.

Laura Bozzo demandó la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión que haya librado en su contra algún juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, así como de la Ciudad de México.

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La juzgadora le impuso una garantía de 12 mil pesos, misma que deberá cubrir en un plazo de cinco días a partir de su notificación.

La abogada ha estado envuelta en escándalos políticos en Perú y ha sido denunciada por personajes públicos en México.

En 2018 enfrentaba problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), porque debía 17 millones de pesos por omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y ya había agotado todas las instancias judiciales para impugnar la deuda.

Por su parte, el representante del Consejo Doctoral Mexicano, Francisco Javier García Ramírez, presentó una denuncia penal en la FGR contra las instituciones que otorgan Doctorados Honoris Causa, como el concedido a Laura Bozzo hace más de un año. La denuncia tuvo el propósito de terminar con el “mercado negro” de los doctorados entregados de manera apócrifa a cambio de donativos.