Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Este martes, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención, el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En la reforma se establece que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente (Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia). Con la extinción de esos 13 fideicomisos el recorte sería por un monto superior a los 15 mil millones de pesos. Por su parte, el Poder Judicial de la Federación (PJF) también ha explicado que el presupuesto que solicitó para el año 2024, que asciende a 84 mil 792.4 millones de pesos, “está plenamente justificado”. En medio de esas cifras, se encuentra el destino de los 13 fideicomisos en cuestión. ¿QUÉ ES UN FIDEICOMISO? Para iniciar con el tema es necesario entender qué es un fideicomiso. El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) lo define como el “contrato mediante el cual una persona física o moral transmite la titularidad de ciertos bienes y derechos a una institución fiduciaria, expresamente autorizada para fungir como tal. El fideicomiso dispone de los bienes y derechos en cuestión con el objeto de realizar exclusivamente las finalidades señaladas en el propio contrato y en beneficio de la misma persona que transmitió los bienes o de terceros previamente designados”. Un fideicomiso puede ser privado o público y puede tener muchos fines, por ejemplo, pagar la educación de un niño o un comedor para los trabajadores del Estado. Es necesario mencionar que, en total, el Poder Judicial tiene 14 fideicomisos y el recorte se aplicará para 13. El fideicomiso del Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, que cuenta con 6 mil 104 millones de pesos, permanecerá sin recorte. Respecto a los 13 fideicomisos del Poder Judicial, “estos derechos adquiridos están reconocidos, además de en la Constitución, en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado”, indicaron las autoridades de la SCJN a través de un comunicado. FIDEICOMISOS DE LA CORTE, LA JUDICATURA Y EL TEPJF De los 13 fideicomisos, seis son de la Suprema Corte, con un monto de 6 mil 241.9 millones de pesos; cinco más son del Consejo de la Judicatura, con 15 mil 281 millones, y otros dos del Tribunal Electoral, con 15 millones 941 mil pesos, para un total de 21 mil 538 millones 841 mil pesos. LOS 6 FIDEICOMISOS DE LA SUPREMA CORTE QUE DESAPARECERÁN SON: 1) Fideicomiso para pensiones complementarias de mandos superiores, con 789 millones 397 mil 493 pesos. 2) Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, con dos mil 972 millones 640 mil 326 pesos; y el 3) Plan de prestaciones médicas, con 145 millones 066 mil 123 pesos, que tienen por objetivo el pago de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, así como brindar prestaciones médicas complementarias y de apoyo médico extraordinario, además de auxiliar a servidores públicos operativos, que son los de menores ingresos, en caso de extrema urgencia médica cuando las condiciones no les permiten atender el padecimiento de forma adecuada. El apoyo puede ser con carácter devolutivo según las circunstancias. 4) Manejo de producto de la venta de publicaciones, CDs y otros proyectos, con 177 millones 831 mil 290 pesos, se refiere a la venta de discos compactos, jurisprudencia, tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación, su gaceta y otras publicaciones, para la divulgación a nivel nacional de las resoluciones que emitan los Tribunales de la Federación, para el financiamiento de nuevas publicaciones, así como financiar cualquier otro proyecto de interés para la SCJN. 5) Remanentes presupuestales, con mil 386 millones 20 mil 861 pesos, que tiene por objeto administrar los remanentes presupuestarios de 1998 y anteriores para la instalación y mantenimiento, la adquisición o arrendamiento de inmuebles, así como la construcción, reconstrucción, conservación, reparación, remodelación por causas de funcionalidad y demolición de inmuebles. Así mismo, la realización de proyectos integrales que comprendan desde el diseño de la obra hasta su terminación total y, por último, los servicios relacionados con las mismas. El Fideicomiso se constituyó cuando la legislación no establecía obligación para reintegrar los recursos a la Tesorería de la Federación al término de cada ejercicio. Estos remanentes correspondían tanto a la SCJN como al CJF, por ello se emitió el Acuerdo General Conjunto 2/1999 mediante el cual se establecen los conceptos susceptibles de utilización del patrimonio. 6) Fondo nacional para el fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia, con 727 millones de pesos, que sirve para canalizar y otorgar recursos a las personas, instituciones e instancias para diseñar, elaborar y realizar los proyectos, estudios o programas de alcance nacional o regional que prevean actividades estratégicas para el fortalecimiento y modernización de los órganos de impartición de justicia en el país en los tres niveles de gobierno. LOS 5 FIDEICOMISOS DE LA JUDICATURA QUE DESAPARECERÁN SON: 1) Pensiones complementarias de magistrados y jueces, que tiene un saldo de 4 mil 722 millones 319 mil 850 pesos, para el pago de pensiones complementarias de magistrados de Circuito y jueces de Distrito del PJF. 2) Mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, que asciende a 76 millones 571 mil 294 pesos, que consiste en la asignación de una vivienda propiedad del PJF (transferidas por Banobras), cuando los magistrados y jueces son adscritos a un órgano jurisdiccional que implique su cambio de residencia. Se financia con fondos de carácter privado, producto de las aportaciones a través de descuentos por vía nómina que se efectúan a los magistrados y jueces que tienen asignada una casa. 3) El de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de la SCJN, con 69 millones 75 mil 827 pesos. Este fideicomiso sirve para auxiliar a personal operativo -que son los de menores ingresos- en caso de extrema urgencia médica cuando las condiciones no les permiten atender el padecimiento de forma adecuada. 4) El del desarrollo de infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal, con 4 mil 308 millones 993 mil 45 pesos. Mediante este fideicomiso se desarrollan Centros de Justicia Penal Federal (Juzgados de Control, de Juicio Oral, de Ejecución de Penas, y tribunales de segunda instancia, e incluso, la justicia penal para adolescentes). 6) El fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias, destinado al apoyo en la defensa y protección en los intereses colectivos. LOS 2 FIDEICOMISOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL QUE SERÁN EXTINGUIDOS SON: 1) El fondo mixto de cooperación técnica y científica entre México y España, cuyo presupuesto es de más de 15 millones de pesos. Corresponde al Programa sobre Cooperación Electoral entre el TEPJF y la Agencia Española de Cooperación Internacional; el TEPJF es beneficiario en los proyectos autorizados, siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la fideicomitente única. El Fondo es un mecanismo de cooperación destinado a financiar, bajo la modalidad de co-financiamiento, programas y proyectos bilaterales de cooperación acordados en la Subcomisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica México-España, en las áreas mutuamente definidas como prioritarias, que sean propuestos por las instituciones que conforman dicho Fondo. 2) El fideicomiso de apoyos médicos complementarios, con 16 millones de pesos, para auxiliar a personal operativo -que son los de menores ingresos- en caso de extrema urgencia médica cuando las condiciones no les permiten atender el padecimiento de forma adecuada SON TOTALMENTE LEGALES: PODER JUDICIAL Mediante un comunicado, la Suprema Corte señaló que los fideicomisos se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales y sociales adquiridos por los trabajadores del Poder Judicial. En ese sentido, añadió que al menos 6 fideicomisos tienen por objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social, como pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Estos derechos adquiridos están reconocidos, además de en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en otros instrumentos legales como son las Condiciones Generales de Trabajo. Por lo anterior, las reglas de operación de los fideicomisos exigen a los trabajadores cumplir ciertos requisitos para acceder a los recursos para el pago de los derechos laborales tutelados, como, por ejemplo, la antigüedad. El personal operativo del PJF, que representa más del 60 por ciento de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos. SIN OBSERVACIONES DE AUDITORÍA En el mismo comunicado, se informó que la Auditoría Superior de la Federación no ha hecho observaciones sobre la legalidad de los fideicomisos. En 2019 la ASF realizó dos auditorías específicas a los fideicomisos del PJF, pero en ninguna de ellas observó irregularidades en la constitución o administración de los fondos. El órgano fiscalizador verificó que los ingresos y rendimientos obtenidos se hubieran incorporado al patrimonio de las instituciones y que las erogaciones realizadas se encontraran debidamente justificadas y soportadas, derivado de lo cual únicamente emitió dos recomendaciones (no observaciones) que fueron solventadas en su totalidad, como lo acreditan los reportes enviados a la ASF. NO SON ‘GUARDADITOS’ Los 14 fideicomisos del PJF fueron constituidos inicialmente con recursos públicos; sin embargo, esto no significa que el presupuesto no ejercido año con año se destine a estos instrumentos. Asimismo, el hecho de que dichos recursos públicos se encuentren en fideicomisos no los convierte en recursos privados, por el contrario, continúan siendo recursos del Estado mexicano, bajo la administración del PJF, que es uno de los tres poderes de la Unión que lo conforman. El ejercicio de estos recursos se da bajo reglas de operación previamente emitidas y con plena transparencia, rindiendo cuentas de manera trimestral como lo puede comprobar cualquier ciudadano al consultarlos.
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