Modificar la Guardia Nacional, revivir el aeropuerto de EPN y seguro universal de salud, propone Xóchitl

En proyecto de gobierno de la candidata opositora se busca también fortalecer a los organismos autónomos

Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. Retomar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), recuperar las estancias infantiles, reemplazar los libros de texto gratuito de La Nueva Escuela Mexicana y darle autonomía al Poder Judicial para que elija libremente a los integrantes de la Suprema Corte, son algunas de las propuestas del proyecto de nación de la abanderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

PUBLICIDAD

En materia de seguridad, la candidata destaca la transformación de la Guardia Nacional a una Guardia Civil, la “reconstrucción del sistema penitenciario y el regreso ‘paulatino’ del Ejército a los cuartales al retirarles funciones policiacas y el control administrativo de aduanas, aeropuertos, construcción de infraestructura, entre otras actividades que les han encomendado desde la 4T”.

En su plataforma de gobierno también destaca la creación de una red de escuelas de tiempo completo para que los menores tengan acceso a alimentos, actividades culturales y deportivas; servicio médico obligatorio de vacunas, medicinas y vitaminas gratuitas para niños de cero a nueve años, y la creación de un seguro universal de salud (SuSalud).

Asimismo, revivir y blindar legalmente el Fondo Nacional de Desastres “para que no vuelva a desaparecer” y “transformar Pemex”.

PUBLICIDAD

En materia democrática, elimina el “dedazo”, estableciendo elecciones primarias en designación de candidatos presidenciales y a gobernadores, además de crear una plataforma donde todos los contratos de gobierno se publiquen.

Gobierno de coalición

El proyecto signado por el PAN, PRI y el PRD tiene como base “los gobiernos de coalición”, además de una vigilancia y supervisión de las políticas públicas a través de organismos autónomos de la sociedad civil.

Se divide en seis pilares: Desarrollo Humano Integral y Justicia Social; Seguridad y Justicia para Todas las Familias; Economía Competitiva con Oportunidades; Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente; Reforma Integral del Poder para el Fortalecimiento Institucional de la Democracia y Política Exterior.

“La coalición busca conducir al país a un destino de desarrollo, paz, crecimiento y seguridad. México exige la evolución de su sistema político, pues la polarización actual lo está debilitando y es momento de volvernos a unir en un pacto social de poder ciudadano para resolver nuestros problemas.

“La democracia debe prevalecer sobre el presidencialismo autoritario y construir un régimen de gobierno que represente los intereses generales de todos y todas, en lugar de favorecer a un grupo o individuo en particular”, afirma.

En el primer pilar se establece crear el padrón único de beneficiarios de programas sociales que elimine su uso electoral y clientelar.

“Los programas sociales serán operados y ejecutados por servidores públicos imparciales como mandata la Constitución, y pertenecientes al Servicio Civil de Carrera, no por militantes de un partido político”, detalla.

Entre otros, recuperar las estancias infantiles, “perfeccionando el anterior modelo”; diseñar centros de atención para mujeres víctimas de violencia y “reemplazar la propuesta de los libros de texto de gratuito de La Nueva Escuela Mexicana, y diseñar un nuevo modelo integral de Educación Básica y Media Básica con la participación de expertos y padres de familia, que incorpore las humanidades, civismo, ciencia, tecnología y desarrollo de todo tipo de habilidades y conocimiento, que incorporen a nuestros hijos como ciudadanos del mundo”.

En materia educativa, también, volver a ser parte de las evaluaciones estandarizadas internacionales y diseñar nuevas evaluaciones educativas nacionales, bajo el argumento de que “sin evidencia empírica y diagnósticos adecuados, es imposible guiar una política educativa adecuada”, y la creación de una Red Nacional de Escuelas de Tiempo Completo, con acceso a servicios educativos a la alimentación, actividades culturales, deportivas y cursos de regularización especializada.

En salud destaca la creación del Seguro Universal de Salud (SuSalud) para que todos los mexicanos, incluso los de las zonas más alejadas, reciban atención médica oportuna, gratuita y de calidad.

Será obligatorio el servicio médico de vacunas, medicinas y vitaminas, así como una supervisión periódica de los menores de 9 años.

Garantizar el pleno reconocimiento jurídico de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ con políticas encaminadas a fomentar una cultura de igualdad en la educación y la salud.

Y fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica sobre la base de las lecciones aprendidas de la pandemia de covid-19.

En el segundo pilar, se establece el compromiso de incrementar el presupuesto a las instituciones de seguridad y justicia, hasta alcanzar el nivel promedio de la OCDE, 1.7 por ciento del PIB.

Además, se marcará un proceso de transición “bien planeado a efecto de retirar paulatinamente las funciones de policía y seguridad pública de la estructura militar y retirarlos de funciones de control administrativo civil (aduanas, aeropuertos, construcción de infraestructura, etc.)”.

También se modernizará a las Fuerzas Armadas para que puedan desarrollar de manera profesional las tareas que sí les corresponden.

Y fortalecer a la Guardia Nacional con áreas y cuerpos especializados, como la de antisecuestros o la ciberseguridad. En esta materia se involucrará a la sociedad civil en la toma de decisiones y en la implementación de políticas de seguridad, así como fomentar la denuncia de delitos y la colaboración con las autoridades.

Además de reconstruir por completo el sistema penitenciario, para que las cárceles dejen de ser las escuelas para delincuentes que son hoy en día para convertirse en verdaderos centros de reinserción social.

Del tercer pilar figura “retomar la construcción del Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco e invertir en la modernización y ampliación de la infraestructura de conectividad en el país”.

Reimpulsar la marca “México” en el exterior a fin de estimular el interés económico, turístico y cultural de la inversión a nivel global; reinstalar PROMÉXICO con todas sus funciones y capacidades; recuperar el programa de pueblos mágicos y con encanto, para impulsar el motor interno del país y promover, difundir y fomentar el ecoturismo como un nuevo instrumento de desarrollo sustentable para los municipios.

Del cuarto pilar, el proyecto establece el paso hacia las energías limpias “transformando Petróleos Mexicanos, en una empresa integral de generación energética”.

También destaca recuperar y fortalecer el Fondo Nacional de Desastres Naturales y legislar para que no vuelva a desaparecer.

Además, van por la actualización de un mapa de riegos que identifique todas las zonas vulnerables de los estados con afectaciones de desastres naturales y acciones legislativas y de modificaciones a planes y programas de desarrollo urbano de los Municipios respecto a usos del suelo y restricción total a nuevos asentamientos.

En el quinto pilar, y para fortalecer la democracia, impulsarán “una reforma profunda del régimen de gobierno en México, destinada a terminar con el presidencialismo plebiscitario autoritario en favor de un régimen presidencial con amplias prácticas parlamentarias orientado a gobernar en coalición plural”.

Se acabará con el dedazo y se establecerá la “obligatoriedad de las elecciones primarias y simultaneas para que los partidos elijan a sus candidatos presidenciales y de las gubernaturas de los estados”.

Además, se fortalecerá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, así como la autonomía e independencia del Poder Judicial, tanto respecto de la elección de sus integrantes como de su garantía presupuestal.

La oposición plantea crear una nueva plataforma en la que los ciudadanos puedan tener un acceso rápido y ágil a toda la información relacionada con los procesos de licitaciones, compras y adquisiciones, así como de los contratos de obra pública que establezca el gobierno, a fin de garantizar la transparencia.