Se cumplen 7 años de Ayotzinapa y sólo hay tres identificados y un funcionario prófugo

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, cumple este domingo siete años sin respuesta y como uno de los pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador

Fotografía de archivo fechada el 23 de septiembre de estudiantes normalistas protestando frente la sede de la Fiscalía General de la República, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

EFE / La Voz de Michoacán

Ciudad de México, 26 sep (EFE).- La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una de las mayores tragedias de derechos humanos en México, cumple este domingo siete años con solo tres de los jóvenes identificados y el principal investigador del caso en el Gobierno anterior, Tomás Zerón, prófugo en Israel.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó hace casi tres años reanudar las búsquedas, con lo que se identificaron restos de dos nuevos estudiantes, e investigar a responsables de la Administración pasada que dieron carpetazo al caso con un falso relato de los hechos construido a partir de torturas a testigos.

Sin embargo, el hartazgo comienza a aflorar entre las familias, que dieron un voto de confianza a la Comisión de la Verdad creada por López Obrador, pero que sienten que la Fiscalía General de la República y el Ejército ponen trabas al proceso.

Además, llegan a este séptimo aniversario sin nuevos hallazgos y tocados por la reciente muerte por covid de dos padres de familia que ya nunca sabrán el paradero de sus hijos.

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TRES RESTOS IDENTIFICADOS

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en un río cercano.

Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

El actual Gobierno derrumbó definitivamente esta versión al identificar restos no calcinados de Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.

Estas dos identificaciones se suman a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.

"Es un avance muy relevante la identificación de un resto óseo de otro de los muchachos, pero para las familias sabe a muy poco porque la expectativa era otra: esperan que se esclarezcan los hechos", dijo a Efe Santiago Aguirre, director del Centro ProDh, ONG que acompaña a las familias.

La Comisión de la Verdad, dirigida por Alejandro Encinas, da por hecho que los estudiantes nunca estuvieron juntos en un mismo lugar y que en la desaparición participaron criminales y fuerzas de seguridad de todos los niveles, no solo policías municipales.

Hace un año, en el sexto aniversario de la tragedia, el presidente anunció que por primera vez había órdenes de captura contra militares por el caso y poco después fue arrestado el capitán José Martínez Crespo.

Pero en varios actos de protesta de esta semana, las familias han denunciado que, si bien valoran los esfuerzos de la Comisión de la Verdad y del fiscal especializado, Omar Gómez, la Fiscalía General procrastina las detenciones y el Ejército esconde información.

De las 89 órdenes de captura por el caso Ayotzinapa, todavía siguen pendientes 40. Asimismo, al menos 21 personas vinculadas han muerto o han sido asesinadas, lo que dificulta cada vez más el acceso a la verdad.

CONTRA LA 'VERDAD HISTÓRICA'

Las órdenes de arresto incluyen, además de los perpetradores, a funcionarios del Gobierno anterior que diseñaron la "verdad histórica".

Durante una reunión el viernes entre el Gobierno y las familias, López Obrador anunció que mandó una carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, para que acelere la entrega de Tomás Zerón, que huyó a ese país con el que México no tiene tratado de extradición.

El que fuera director de la ya extinta Agencia de Investigación Criminal está acusado de construir la "verdad histórica" con la fabricación de pruebas y la tortura de sospechosos y testigos.

De hecho, la fiscalía especializada ha recabado 40 vídeos de torturas durante las pesquisas.

La violación de derechos de los presos provocó además que jueces liberaran a algunos de los implicados en la desaparición.

Zerón no es el único investigado, puesto que hay órdenes de captura contra responsables de la anterior Administración, pero sí es el de mayor rango.

"No se investiga todavía con seriedad la posible responsabilidad de altos funcionarios del anterior Gobierno", apuntó Aguirre.

En la mira de las familias estarían el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong e incluso el mismo presidente Peña Nieto.

El caso Ayotzinapa es emblemático en un país que atraviesa una severa crisis con más de 90.000 personas desaparecidas desde 1964, la inmensa mayoría posteriores a 2007, año del inicio de la guerra contra el narcotráfico.

LAS CLAVES DEL CASO

Estas son las cinco claves para entender el caso, que llega a su séptimo aniversario entre algunos avances, pero con el creciente reclamo de familiares y la sociedad civil para saber qué pasó con los jóvenes y quiénes son los responsables.

1- LA 'VERDAD HISTÓRICA'

Según el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), policías corruptos de Iguala, en el estado de Guerrero, detuvieron a los estudiantes de la escuela normal para maestros de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando tomaron autobuses para ir a una marcha el 2 de octubre en la capital.

La versión de la Administración de Peña Nieto, que llamó "la verdad histórica", indica que los agentes entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula tras un ataque que dejó seis muertos además de los 43 desaparecidos.

2- LA 'VERDAD' DESMENTIDA

Pero los familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron la "verdad histórica" al señalar que no pudieron quemar los cuerpos en ese lugar.

El GIEI concluyó que "no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis" tras una indagatoria de seis meses en la que argumentó que el fuego que se hubiese generado en el vertedero habría generado una columna de humo de 300 metros que no podría pasar desapercibida para los habitantes de alrededor.

3- ESTUDIANTES IDENTIFICADOS

Asimismo, la Comisión de la Verdad, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras asumir en 2018, identificó en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez y en junio pasado de Jhosivani Guerrero en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero y sin marcas de fuego.

Por ello, el Gobierno de López Obrador considera que este hallazgo "derrumba" la "verdad histórica" de Peña Nieto.

Además, las autoridades identificaron los restos de Alexander Mora en diciembre de 2014.

4- IMPLICADOS Y DETENIDOS

El presidente López Obrador ha informado de un total de 80 detenidos por el caso, aunque la judicialización se ha obstaculizado por actos de tortura contra los presos, por lo que los jueces han liberado a algunos de los implicados.

Entre los arrestos ha habido integrantes del cártel de Guerreros Unidos y policías federales y municipales.

Uno de los principales detenidos, desde junio de 2020, es José Ángel Casarrubias, conocido como el Mochomo, identificado como cabecilla del cártel Guerreros Unidos y uno de los presuntos orquestadores de la desaparición.

Por otro lado, el Gobierno reconoció en agosto pasado el asesinato de al menos ocho personas vinculadas al caso, entre ellos seis sospechosos no identificados, Moisés Brito "El Bandam", del cártel Guerreros Unidos, y su "brazo derecho" y uno de los presuntos operadores de la desaparición.

En tanto, en julio pasado, murió de covid-19 uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos, Mario Casarrubias, quien estaba preso por la desaparición.

5- AUTORIDADES SOSPECHOSAS

Además de la búsqueda de los estudiantes, el actual Gobierno de México investiga el rol de funcionarios de la Administración pasada.

Por ello busca extraditar de Israel desde septiembre de 2020 a Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso.

Zerón se considera uno de los autores clave de la "verdad histórica".

Pero filtraciones del caso también han salpicado al Ejército, pues en enero pasado se filtró a la prensa el testimonio de "Juan", un testigo protegido.

Según su versión, militares participaron en una operación conjunta con policías y sicarios para detener a los estudiantes y otras 30 personas en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, donde después los entregaron al cártel para su desaparición.

El año pasado, fue arrestado el capitán José Martínez Crespo, adscrito a dicho batallón, quien se convirtió en el primer militar enjuiciado por Ayotzinapa.