Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. En 2014 fueron rescatadas 536 personas del albergue "La Gran Familia", en Zamora, Michoacán. Estas personas, en su mayoría menores de edad, vivían en condiciones que fueron tachadas como deplorables, bajo supervisión de Rosa Verduzco, conocida como "Mamá Rosa", encargada del lugar. El albergue estuvo en funcionamiento desde 1947 y se calcula que llegaron a pasar cerca de 5,000 niños por el orfanato. El albergue había acumulado cerca de 150 denuncias, cuando la PGR irrumpió en él. Los niños y algunos adultos rescatados presentaban problemas de salud tanto mental como física, y conforme se desarrolló la investigación se reveló que varios habían sufrido distintas clases de abuso. Aunque algunos miembros de la comunidad criticaron las acciones de gobierno, defendiendo la inocencia de Rosa Verduzco, organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenaron la situación. Sin embargo, una vez cerrado el orfanato, se perdió la pista de muchos de los menores, lo que los ponía en riesgo. 5 años después de que se desmantelase el orfanato, y meses después de la muerte de Verduzo, se está dando seguimiento a la restitución de los derechos humanos de las 536 víctimas. Según la recomendación emitida por la CNDH, se conformó un grupo multidisciplinario e interinstitucional para atender las secuelas que tuvo este caso. Creación de un grupo interdisciplinario Para responder a las exigencias de la CNDH, se dierón cita en la sede del Poder Ejecutivo los representantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Junta de Asistencia Privada y de la propia Secretaría de Gobierno a través de la Unidad de Derechos Humanos, como coordinadora de estos trabajos. Durante este acto protocolario, el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Daniel Moncada Sánchez, refirió que ha sido una instrucción precisa del secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, continuar con paso firme en el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas, tanto por la Comisión Nacional como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, asimismo, en la prevención de violaciones a las garantías fundamentales de todas y todos los michoacanos. La directora de la Unidad de Derechos Humanos, Karla Sánchez Hernández, indicó que, en primera instancia al analizar la recomendación, se estableció una ruta de trabajo interinstitucional, la cual otorga cabal cumplimiento a cada uno de los puntos recomendatorios que le corresponden al Poder Ejecutivo de Michoacán. Se tienen diversos avances, entre ellos, la implementación de los cursos de capacitación en materia de derechos humanos denominados: Identificación y Atención Integral de Víctimas del Delito de Trata de Personas, los cuales se llevaron a cabo los días 17 y 18 de diciembre de 2018 y los días 9 y 10 de enero de 2019, con lo cual se da cumplimiento a uno de los puntos recomendatorios”, añadió. Este grupo multidisciplinario e interinstitucional llevará a cabo, entre otras acciones, la localización de las 536 víctimas, con la finalidad de generar las acciones indispensables para restituirlos en sus derechos humanos que les fueron vulnerados. Por su parte, el visitador adjunto, adscrito a la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Martín Rubio Millán, reconoció el esfuerzo ejecutado por la actual administración estatal que encabeza Silvano Aureoles Conejo en este sentido tema, de ahí su compromiso público para continuar con el trabajo conjunto con las áreas de derechos humanos del Poder Ejecutivo.
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