Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A cuatro semanas de que concluyan las campañas, ninguno de los cerca de 7 mil de los candidatos de puestos a representación popular en el estado se han acercado a firmar la agenda Anticorrupción como compromiso previo a asumir en los diferentes niveles y poderes. El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, dispuso de esta agenda con el objetivo de convocar de manera abierta a los políticos michoacanos en general a asentar por escrito que asumirán medidas para contener la corrupción en los puestos públicos. A pesar de la convocatoria y de que se ha invitado personalmente a candidatos a la gubernatura del estado por parte de los organismos civiles, hasta el momento no hay respuesta respecto a firmar la agenda y mucho menos atender otros compromisos en materia de transparencia sobre sus propios ingresos y bienes. Más notable aún prácticamente todos los candidatos han tomado el discurso anticorrupción como bandera, pero ninguno de los aspirantes gubernamentales ha hecho algo en la práctica previo a las elecciones La invitación en general se encuentra abierta a los más de 40 mil políticos que buscan por la vía de las urnas ascender a alguno de los más de mil 100 puestos disponibles en los municipios, congreso del estado y el Gobierno de Michoacán. A inicios de esta semana uno de los candidatos a la presidencia municipal de Morelia tenía agendada la firma del compromiso con el Comité de Participación Ciudadana, no obstante, y sin dar detalles al menos el evento público fue pospuesto sin dar mayor detalle sobre la firma del compromiso. Se espera que una vez que un candidato a la gubernatura o las alcaldías firmen el compromiso de agenda, pueda "atraer" a otros perfiles a que se sumen a la tendencia de trabajar en las áreas anticorrupción en la función pública. A inicios de año, posterior a los procesos internos de los institutos políticos también trascendió que en promedio los partidos cumplen con un 60 por ciento de sus obligaciones en materia de transparencia. Desde la ejecución de recursos, adquisiciones, contrataciones y salarios quedaron a deber en la información pública. Actualmente, la propuesta de Política Estatal Anticorrupción está compuesta por cuatro ejes; combatir la impunidad, fortalecer la cultura de la legalidad, impulsar la participación ciudadana y garantizar la transparencia y el control en el ejercicio de los recursos públicos. De estos cuatro ejes, se desprenden 18 prioridades y 31 objetivos específicos a cumplirse a más tardar el año 2030. Desde inicios del proceso electoral se advirtió la urgencia de que menos 7 leyes locales tendrían que ser modificadas y enriquecidas una vez que concluyan los comicios de este año. La consolidación de plataformas anticorrupción, la transparencia obligada de los bienes de los candidatos tendrían que se incluidos en los códigos electorales. El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, anticipó que se han detectado necesidades directamente en el Código Electoral de Michoacán así como en otros mecanismos legales de la función pública que urgen a ser actualizados y mejorados desde este año. Especialistas han advertido que desde la función pública y hasta los contendientes por puestos de representación popular, deben además de transparentar sus bienes, garantizar y comprobar que estos concuerden con sus ingresos obtenidos tanto de los puestos públicos como de actividades privadas. De acuerdo con los informes, son los municipios los que más urgen en cuanto a compromisos. En un 40 por ciento incrementó la cantidad de delitos de corrupción denunciados en el estado de Michoacán durante el 2020. Datos de la Fiscalía Anticorrupción de esta entidad, respecto al año anterior revelaron que hay más demandas en contra de servidores públicos. ALCALDÍA SEÑALADAS Son los funcionarios municipales los más señalados por delitos como el cohecho, peculado, negación del servicio y abuso de autoridad entre otros. En términos porcentuales, más del 90 por ciento de las denuncias presentadas ante esta fiscalía van dirigidas contra los funcionarios de cada una de las demarcaciones. Y es que a pesar de contar con órganos de contraloría, el propio CPC también ha señalado la falta de objetividad y de resultados de la órganos fiscalizadores en los municipios, así como su uso en temas políticos. Por otro lado, los partidos políticos cerraron el 2020 con un 60 por ciento de cumplimiento en materia de transparencia y cumplimiento de solicitudes de información en sus portales de transparencia.Entre las primeras actividades del año tomadas por parte del Instituto Michoacano de Acceso a la Información (IMAIP), fue firmar convenios y capacitaciones con los partidos para que incrementará su nivel de cumplimiento.
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