Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Incrementan las carpetas de investigación por delito de extorsión en el estado de Michoacán entre enero y febrero de este año. De tres denuncias que se presentaron ante autoridades estatales durante el primer mes del año, para el mes que recién concluyó aumentaron a 7. Sin embargo, el tema que más preocupa es la cifra negra de hasta un 83 por ciento en la denuncia de este delito en que se incluye el cobro de piso. Cuestionado por medios locales de comunicación sobre la situación, Israel Patrón Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), manifestó su evidente desasosiego en torno a que en muchos de los casos las denuncias no se logran concretar siquiera en investigaciones formales. Productores del campo y de frutas de alto rendimiento son los más afectados por el cobro de piso y de cuotas, según comenta la propia autoridad. El problema está en que la gente no quiere denunciar o que solamente es tentativa de extorsión (y no se judicializa) y tiene que ver con el cobro de cuotas. Hemos tenido pláticas con agricultores y fruticultores de que algún grupo de civiles armados llegó a su propiedad (para amenazarlos) y que tenían que pagar una cuota. Algunos de ellos terminan en la denuncia y en la consolidación de una investigación y muchos ya no hay comunicación con los mismos y no se traduce en algún delito”. Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública de Michoacán La situación no es menor en cuanto al secuestro, durante los últimos meses se ostentaron al menos dos carpetas de investigación en las diferentes regiones del estado. En ese sentido, Patrón Reyes también aclaró que la totalidad de las denuncias presentadas por este delito corresponden a casos ya resueltos. NO TODOS LOS CASOS SE DENUNCIAN En cuanto a la presencia de una cifra negra en el estado, reconoció que la anterior se genera con base a estimaciones y encuestas de percepción realizadas por instituciones, por lo que se complica conocer el espectro real de ambos fenómenos delictivos que prevalecen en el estado de Michoacán. No hay un número como tal, es un estimado de cifra negra que se presume en Michoacán es del 83 por ciento, pero son números que son una estimación porque se hacen a través de encuestas y que no son hechos concretos”. Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública de Michoacán Organizaciones, productores y especialistas han destacado que fenómenos sociales que se han incluso arraigado, como el cobro de piso, amenazas y otros tipos de extorsión, prácticamente pasan desapercibidas para las autoridades. Es en las regiones rurales en donde persiste sobre todo esta tendencia: la presencia de grupos de la delincuencia organizada, células delictivas y otras actividades al margen de la ley que terminan envolviendo tanto a la sociedad civil en general e incluso a actores políticos que pocas veces se acercan a denunciar. Al respecto, el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, ha detallado en diversas ocasiones la problemática sobre la cual asegura, trabajan sobre todo en lo que respecta a la confianza de la población al acercarse a denunciar a los ministerios públicos. La ampliación de las Fiscalías Regionales y hasta la instalación de sistemas de denuncia en línea, asegura, tendrán un impacto positivo para incrementar el espectro de conocimiento sobre este delito que año con año aparece en blanco en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es de recordar que a finales del 2019 diez organizaciones de productores del campo de distintas regiones del estado denunciaron ante medios de comunicación el cobro de piso y extorsiones a distintas ramas económicas del estado. Incluso se gestaron comentarios respecto al control, por medio e intimidaciones de los precios de frutos de la región de la tierra caliente. Observatorio Ciudadano, organización ciudadana ha denunciado en sus últimas mediciones la preocupación en torno a la falta de datos en múltiples delitos, como es el caso de secuestro y extorsión. Rodrigo Antúnez, presidente de la asociación civil, explicó que mientras menos datos se tienen disponibles de un fenómeno delictivo, es imposible desarrollar políticas de estado para combatirles. En este caso, la normalización de la violencia y de los actos de extorsión es una problemática aún mayor.
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