Con la entrada militar, familias regresan a sus casas abandonadas, pero... se encuentran con cadáveres

Arturo Molina / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Más de 400 muertos y restos de personas han sido encontrados por los ciudadanos que regresaron a sus casas luego de más de 7 meses de haber sido desplazados por los enfrentamientos entre grupos delincuenciales, esto en los municipios enclavados en las regiones de Sierra Costa y Tierra Caliente del estado.

En voz de Alejandro Mireles Valencia, activista e hijo de José Manuel Mireles Valverde, fundador de las autodefensas de Michoacán en el año 2013, la condición de violencia a la que se han enfrentado las familias aún dista de concluir e incluso se ha visto disparada en los últimos con los enfrentamientos armados que han puesto en la zozobra a varias comunidades.

Luego de la ocupación militar en al menos cuatro municipios y la “limpieza” de 43 comunidades anteriormente ocupadas por grupos criminales hasta hace al menos 10 días, miles de familias emprendieron el retorno a sus viviendas para toparse con una realidad distinta a la que anticipaban; el hallazgo de excombatientes muertos en sus domicilios.

Aunado al “terror” de encontrar a personas fallecidas en sus viviendas, los daños por impacto de bala, explosiones y el saqueo de sus pertenencias fue potro de los puntos que denunciaron y que no se han atendido, en la que considera es una auténtica zona de guerra.

SON CRIMINALES ABATIDOS

En rueda de prensa, Mireles Valencia señaló que tanto el Gobierno del estado como las autoridades federales y municipales deben de apoyar a la reconstrucción de las viviendas de decenas de miles de personas que perdieron sus hogares, tierras de cultivo y hasta animales de crianza por los efectos de los constantes combates armados en estas regiones.

Respecto al origen de los muertos, acusó el activista que se tratan en su mayoría de personas que en su momento formaron parte de las filas del Cartel Jalisco Nueva Generación y que ante los enfrentamientos con Carteles Unidos y el Ejército Mexicano terminaron por guarecerse y morir al interior de los domicilios de las víctimas de desplazamiento.

Los delincuentes heridos se fueron a refugiar a esas casas, ahora que la gente está regresando a sus casas encuentran cadáveres por todos lados”, dijo Mireles Valencia. “No se les promete que sus pertenencias aún van a estar ahí, pero sí es responsabilidad del gobernador, de sus secretarios y de los municipios ayudarles a reparar sus casas a los pueblerinos, que son de Michoacán y que fueron desplazados por la misma condición de violencia que existe en la entidad”, explicó en un mensaje ante medios de comunicación.

Mireles Valencia se sumó al llamado para que instancias internacionales colaboren en los trabajos de pacificación del estado de Michoacán, luego 10 años de intensos enfrentamientos y pugnas entre grupos delincuenciales por el control de las actividades ilícitas en el estado.

Asimismo, exigió que la presencia del Ejército mexicano no sea temporal, toda vez que una salida repentina del personal castrense, tanto en la región de Tierra Caliente como de la Sierra Costa, traería consigo el mismo efecto de años pasados: que los grupos delictivos regresan aun con más fuerza y sea la población quien ‘pague los platos rotos’.

ÉXODO, FENÓMENO SIN UNA MEDICIÓN OFICIAL

En total organizaciones civiles advierten más de 35 mil personas desplazadas en las regiones de Tierra Caliente y Sierra Costa de la entidad. Mientras que autoridades estatales y federales han reconocido no tener cifras oficiales sobre el fenómeno, activistas y agrupaciones sociales han censado con base a los refugiados en las cabeceras municipales.

A más de 11 meses de que el conflicto se extendió por al menos 5 municipios de las dos regiones enclavadas en los límites con Jalisco, la tendencia sigue al alza en cuanto al impacto social. Los puntos más afectados son Aquila, Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista, Chinicuila, Apatzingán, Parácuaro, Múgica, La Huacana y, en la costa, el municipio de Coahuayana.

Este mismo año se dio a conocer el exhorto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a gobiernos estatal y federal, en el cual se señaló la urgencia de reconocer la existencia del desplazamiento forzado interno y de velar por garantizar el derecho a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados; facilitar alojamiento adecuado, con condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene.

Desde entonces, distintas organizaciones manifestaron que a pesar de las mesas instaladas desde el pasado 6 de julio en la cabecera municipal de Aguililla y otras zonas afectadas, no se han advertido resultados tangibles.