Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que en los meses de mayo y julio se detectaron 14 mil 946 aparatos de telefonía celular al interior de los penales federales. Lo anterior se dio tras operativos implementados contra la extorsión desde los centros penitenciarios, mismos con los que se logró anular un total de 16 mil 470 líneas telefónicas en 21 cárceles federales del país. Tan sólo en julio, 380 reos del penal federal de número 2 Occidente (Puente Grande) fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17, ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó un incremento de 5.5% en el delito de extorsión en julio pasado comparado con junio de este año, al pasar de 673 víctimas a 710. En la variación de la incidencia de extorsión por entidad federativa, Michoacán tuvo incremento de 793.8%; Sonora, 337.5%; Guanajuato, 172%; Colima, 111.3%; Sinaloa, 29.4. Las extorsiones son chantajes o fraudes telefónicos pero también se trata de “pedir piso”, es decir, se extorsiona con violencia a personas y negocios. Cifras en Michaocán, no concuerdan Hace unas semanas, esta casa editorial, reporto que el delito de extorsión sigue presentando una cifra gris en el estado. A un año de que se estableció la Fiscalía General del Estado y que se reconoció que las bajas cantidades de denuncias respecto a este delito, los casos se siguen contando al mínimo. Durante el primer semestre de este 2020 la Fiscalía reportó 7 casos en todo el estado. La mayor cantidad de casos denunciados fueron en el mes de abril, en que se generaron 4 carpetas de investigación y posteriormente, al mes de junio, se establecieron otras 2 actas por el delito. A diferencia de otros años es un incremento importante. Durante el primer semestre de 2018 sólo se denunciaron 3 casos, mientras que en 2019 la cifra bajó a sólo 2 carpetas ante la Fiscalía. Los datos anteriores no coinciden con la realidad. Organizaciones, productores y especialistas han destacado que fenómenos sociales que se han incluso arraigado, como el cobro de piso, amenazas y otros tipos de extorsión, prácticamente pasan desapercibidas para las autoridades. Es en las regiones rurales en donde persiste sobre todo esta tendencia: la presencia de grupos de la delincuencia organizada, células delictivas y otras actividades al margen de la ley que terminan envolviendo tanto a la sociedad civil como a actores políticos que pocas veces se acercan a denunciar. Al respecto, el fiscal General del Estado, Adrián López Solís, reconoció la problemática sobre la cual asegura, trabajan, sobre todo en lo que respecta a la confianza de la población al acercarse a denunciar a los ministerios públicos. La ampliación de las Fiscalías Regionales y hasta la instalación de sistemas de denuncia en línea, asegura, tendrán un impacto positivo para incrementar el espectro de conocimiento sobre este delito que año con año aparece en blanco en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con información de Arturo Molina
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