Redacción / La Voz de Michoacán Chavinda, Michoacán. En un operativo de alto impacto derivado de labores de inteligencia, autoridades estatales y federales detuvieron a cuatro servidores públicos del Ayuntamiento de Chavinda, entre ellos una síndica, dos regidores y dos mandos de seguridad pública, en posesión de armas, droga y equipo táctico, lo que apunta a una presunta infiltración del crimen en la administración municipal. La acción fue ejecutada por la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Entre los detenidos se encuentran Ana Laura “N”, síndica municipal; Paulo César “N”, regidor de Desarrollo Económico; Jesús “N”, regidor de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia e Innovación; César Adrián “N”, subdirector de Seguridad Pública Municipal y Juan Carlos J., de 47 Director de Seguridad Pública Municipal. Foto: La Voz de Michoacán. De acuerdo con las investigaciones, el despliegue operativo permitió ubicar y desarticular una posible red de actuación ilícita al interior del gobierno municipal, tras un seguimiento puntual de inteligencia en la región de Jiquilpan. Durante la intervención fueron aseguradas dos armas largas tipo fusil, una pistola, ocho cargadores y 221 cartuchos útiles de distintos calibres, así como siete envoltorios con sustancia con características de cocaína. Además, las autoridades localizaron una camioneta Ford F-150 con rotulación oficial de la Policía Municipal, junto con equipo táctico consistente en chaleco porta placas, parche con siglas de un grupo delictivo, piernera táctica, bastón retráctil y una mochila con documentación del Ayuntamiento. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y son investigados por su probable responsabilidad en delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la salud y amenazas. Este operativo refleja el alcance de la coordinación interinstitucional y envía un mensaje claro: las acciones contra la delincuencia avanzan sin excepciones, incluso cuando involucran a funcionarios públicos.
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