Detienen a dos presuntos extorsionadores de migrantes ligados a MS13

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Agencias / La Voz de Michoacán.
La delegación federal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, detuvo a dos presuntos extorsionadores de indocumentados.

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En un comunicado, el INM informó que ambas personas están ligadas a una célula de la organización de pandilleros Mara Salvatrucha (MS13) que se dedica a extorsionar y secuestrar a migrantes ilegales centroamericanos.

El operativo se llevó a cabo en respuesta a diversas denuncias de migrantes recibidas por el instituto contra la banda de "el Killer", como se conoce al cabecilla de la organización que opera desde hace varios años en las rutas del tren Chiapas-Oaxaca y Chiapas-Veracruz.

Precisó que los detenidos son Walter Alexander Rivas Romero, de 29 años, originario de El Salvador, y Juan Carlos Márquez Díaz, de Honduras.

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Señaló que en esta captura también participaron elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Migrantes y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.

Esta aprehensión se deriva de la detención, el 22 de marzo pasado, de la pareja integrada por la mexicana Jessika Ríos Morales y el hondureño Juan Bautista Sánchez.

Añadió que ambas personas pertenecen a la misma organización delictiva y se dedicaban a asaltar y extorsionar a migrantes en la ruta del ferrocarril, Arriaga, Chiapas, e Ixtepec, Oaxaca.

Las autoridades migratorias y de procuración de justicia han establecido el modus operandi de la banda, cuyos integrantes viajan en el tren para identificar a sus posibles víctimas y avisar a sus cómplices en los tramos de la ruta que pasa por Oaxaca y Veracruz.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes, con sede en Tapachula, Chiapas, para continuar las investigaciones en busca del líder de este grupo delictivo.

El Instituto Nacional de Migración ratificó su compromiso con la vigencia del Estado de derecho y la salvaguarda de la vida e integridad de los extranjeros indocumentados, sin distinción de sexo, edad, condición social o nacionalidad.