Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Por su presunta participación en actos de tortura en las investigaciones policiales sobre la desaparición de estudiantes normalistas en Ayotzinapa, el exsubsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, fue internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México Fue la tarde del martes que un juez federal en asuntos penales dictó auto de formal prisión a quien también fue exjefe de la Policía Federal Ministerial (PFM). Desde mediados de 2019, el entonces subsecretario de la SSP en Michoacán dejó su cargo luego de que trascendieran videos en donde presuntamente se escucha su voz al interrogar y torturar a un sospechoso de participar en la desaparición de los estudiantes. Luego de la difusión del video se inició la averiguación previa (AP/PGR/ SDHPDSC/01/001/2015), que consignó la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta responsabilidad en los delitos contra la administración de la justicia y tortura, por lo que Gómez Arrieta dejó su cargo en el estado de Michoacán. Carlos Canto Salgado, quien fue señalado como integrante de la organización criminal Guerreros Unidos, fue la víctima de tortura por parte de los elementos policiales y presuntamente comandados por Gómez Arrieta. Trascendió que Salgado fue detenido mientras dormía por el personal de la Policía Federal Ministerial y la Secretaría de Marina el 22 de octubre de 2014 y más tarde denunció que no fue puesto a disposición del Ministerio Público hasta 20 horas después de su captura. En el examen médico que practicó la PGR al entonces detenido se detectaron y documentaron más de 30 lesiones y síntomas adicionales, como dolor intenso al toque superficial en los costados del torso, dolor en oídos y en el cuello. El expediente anterior se dio a conocer luego de que el diario internacional El País difundió los videos en donde se observan los actos de tortura por parte de los elementos, en donde asfixian a Canto con una bolsa. Luego de la difusión de las pruebas, los videos y el inicio de la investigación, el entonces subsecretario de Seguridad Pública aseguró que no se trataba de su personal el que participó en los actos; “El día que salió publicado el video decían que era mi voz, decían que era mi voz, yo no participo en este tipo de eventos, este tipo de actos, soy un tipo profesional, entregado a mi trabajo”. El pasado 18 de marzo, la Fiscalía General de la República obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Carlos Gómez Arrieta, en donde trascendió que el exmando policial no se encontraba en su domicilio, por lo que únicamente se llevó a cabo un cateo. Finalmente, el pasado 11 de septiembre se entregó a las autoridades federales en la Ciudad de México para enfrentar los cargos que se le imputaron desde 6 meses antes. Hasta esta media semana únicamente ha trascendido el auto de formal prisión, en consideración de que su caso será juzgado bajo el sistema de justicia penal tradicional. Durante su estancia en Michoacán Gómez Arrieta encabezó una cantidad importante de operativos tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales del estado. Entre los más importantes, fue la instalación de las Bases de Operaciones Mixtas en regiones de conflicto, como en el caso de las tenencias de Cenobio Moreno, en Apatzingán, y Úspero, en Parácuaro. Asimismo, encabezó los operativos de seguridad en la región de la Meseta Purépecha, donde se gestaron conflictos armados que dejaron civiles muertos, como en el caso de Arantepacua, en el año 2017. Durante toda su estadía en esta entidad ha llevado a cabo también las negociaciones y di´slogo con manifestantes del magisterio michoacano y normalistas. Cabe precisar que, durante los últimos 4 años, al menos en el estado de Michoacán no se le ha imputado queja, denuncia o señalamiento alguno directamente por abuso de la fuerza o por tortura. Aun con los esfuerzos interinstitucionales para preservar las garantías individuales de los michoacanos y su integridad, los casos de tortura se siguen gestando en el estado. Información de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) refiere que el 5 por ciento de las quejas que llegan a la dependencia son por presuntos actos de tortura.
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