Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Empresas de seguridad privada de Morelia estarían relacionadas con el hostigamiento y agresiones en contra de inspectores del Ayuntamiento capitalino. A raíz de esta situación, en donde incluso han amenazado a los funcionarios públicos en uso de sus funciones, el Ayuntamiento exigió que se revisen desde hacienda y seguridad pública el estatus de estas empresas. El encargado de la política interna de Morelia, Humberto Arroniz Reyes, señaló en entrevista la situación que priva en la inspección y apego del reglamento de diversos giros, uno de los casos ha sido el de los bares y restaurantes. En meses pasados, habrían reportado que el personal de Inspección y Vigilancia habría sido agredido y amenazado por grupos de la delincuencia organizada, situación que fue atendida por la corporación local. El funcionario señaló que después de las indagatorias se llegó a la conclusión de que, lejos de ser grupos delictivos, se trata de empresas locales que contrataron los servicios de seguridad privada y que han actuado con prepotencia en detrimento de la integridad de los funcionarios públicos de la Dirección de Inspección y Vigilancia. En entrevista para La Voz de Michoacán, Arroniz Reyes explicó que ya se busca información desde la Secretaría de Hacienda para detectar la procedencia de estas empresas y que incluso podría tratarse de empresas fantasmas o que carecen de un fundamento legal para prestar los servicios. En la ciudad de Morelia, las quejas por bares y restaurantes que exceden el horario de servicio, así como los niveles de ruido, son cotidianas, por lo que las multas y clausuras se han tenido que aplicar en los diversos giros comerciales, sobre todo en aquellos donde predomina la venta de bebidas alcohólicas. “Igual que muchas empresas de seguridad privada que no debieran de existir y que no sabía en qué alado. Me informó un comandante de la policía que la directora de Inspección y Vigilancia clausuró un lugar y llegó un grupo armado a pedirle la infracción se la rompieron frente a ella y los amenazó. “Nosotros pensábamos que estábamos frente a un tema de un comando del crimen organizado y la investigación dice que lo, que es un grupo de seguridad privada que contrata esta gente y que actuó con esa prepotencia contra una autoridad legalmente establecida, que es el Ayuntamiento y habrá una inspección minuciosa de empresas que prestan estos servicios”, señaló el funcionario. Hace apenas tres años, la autoridad estatal reconoció una problemática en materia de la presencia de empresas de seguridad privada. Se destacó la existencia de al menos 500 empresas registradas en todo el estado, siendo Morelia la principal demarcación en donde se contratan este tipo de servicios desde el mismo sector comercial. La situación de irregularidad se reconoció como preocupante desde el inicio de esta administración estatal debido a que del universo de las 500 empresas, únicamente se tienen registradas de manera regular 65 empresas que prestan estos servicios a particulares y a las mismas dependencias de gobierno. Desde entonces, se señaló que los más de 9 mil elementos que laboran como policía privada de manera ilegal, tendrán que someterse a pruebas psicológicas, poligráficas, médicas, toxicológicas y de investigación socioeconómica, esto sólo para otorgar permiso a las empresas que prestan dichos servicios a los michoacanos. Los estándares que marcan los requisitos para pertenecer a un grupo de seguridad pública o privada son determinados; no obstante, a la fecha no se ha dado a conocer algún avance en esta situación. Ha sido la demanda lo que ha impulsado al crecimiento de este tipo de empresas y lo que las ha hecho completamente rentables. Con la crisis de inseguridad que se vive en el estado y en Morelia desde hace ya años, los negocios y comercios se han visto obligados a contratar servicios que en muchos casos desconocen su procedencia. La seguridad y protección de civiles a manera de escolta ha sido otro de los servicios que también se habrían incrementado en los últimos años y que también requiere de regulación, control, sobre todo por el uso de armas de fuego. La principal preocupación radica en que los elementos de seguridad privada estarían portando armas sin haber cumplido con las pruebas de control y confianza, certificación, o tan siquiera contar con documentación que avale su operación y que dote de certeza a quienes contratan los servicios al interior del estado o en la misma ciudad capital de la entidad.
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