Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- En Michoacán solo se judicializa en promedio el 11 por ciento de los delitos del fuero común que son denunciados, reconoció el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, quien subrayó que hay otras formas de atender y resolver los ilícitos penales, aunque la estadística oficial lleva a “decir en forma muy simplista que es un buen negocio ser delincuente porque tienes el 89 por ciento de probabilidades de que no te agarren y eso no es así”. El funcionario señaló que las restricciones por la pandemia de COVID-19 para desahogar las audiencias provocó rezago en el Poder Judicial, cuyos tribunales dieron prioridad en buena parte del 2020 a los casos urgentes y todo a través de sesiones virtuales. “En junio del año pasado les mandamos 600 expedientes de diferentes delitos y no había sido posible que nos recibieran”. Paralelamente, algunos litigantes van postergando la solución para provocar desgaste, como en el caso del feminicidio de Jessica González, lo que abona a la percepción social de tener un sistema colapsado. López Solís priorizó judicializar aquellos delitos de alta complejidad y de alto impacto social que ameritan prisión preventiva oficiosa. El fiscal estatal aseguró que 26 por ciento de los delitos denunciados se resuelvan a través de acuerdos reparatorios, mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos. El fiscal estatal reconoció que en el 28 por ciento de los delitos denunciados no hay ejercicio de la acción penal porque el Ministerio Público se percata que no hay un delito. Ejemplificó que los acreedores de pagarés suelen presentar denuncias de fraude para convertir asuntos mercantiles o civiles en causas penales. Puntualizó que el 24 por ciento de las carpetas de investigación se encuentran suspendidas en el Archivo Temporal, esto es, cuando hay delito investigado, pero no hay elementos para establecer una probable responsabilidad y detener al delincuente. Dijo preferir que la carpeta esté en trámite, que quitarse un estorbo de encima. Informó que durante el presente año se judicializaron 5 mil 700 carpetas de investigación y se han concretado 6 mil 500 acuerdos reparatorios en delitos del fuero común en la entidad. El funcionario dejó en claro que la Fiscalía tiene investigadores, no patrulleros dedicados a vigilar las calles, y planteó acreditar a los 560 agentes del Ministerio Público para que cubran el perfil con todas sus dimensiones, para que investiguen y litiguen bajo los estándares del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. López Solís deploró que la falsedad en declaraciones judiciales no sea considerada como un delito de alto impacto, aunque es un tema recurrente en el litigio. El declarante cambia de posición ante el juez, diciendo que no es su firma o que lo obligaron. En Estados Unidos, el perjurio es de mucha gravedad. Paralelamente, apremió al Congreso para crear un sistema de testigos protegidos con garantías y con mecanismos de salvaguarda para que puedan sostener sus acusaciones en casos de secuestro u homicidio, sin enfrentar amenazas o riesgos a la integridad física del testigo. No hay con diputados o con bancadas “ningún viso de diferencia por razones políticas que incida en la función de la institución”. El costo del dinero En el 2018 la entonces Procuraduría envió a los juzgados 2050 carpetas de investigación, de un universo de 45 mil existentes. Ese año cerró con cerca de 3 mil acuerdos reparatorios. En 2021 estarán judicializando alrededor de 5 mil 700 carpetas. En materia de acuerdos reparatorios, este año van a llegar a cerca de 6,500 acuerdos reparatorios y entonces la Fiscalía pasó de una judicialización de 2.8% a 12% y en acuerdos reparatorios pasó de 11% a alrededor del 26%. “Son las dos formas por excelencia de atender de fondo una carpeta de investigación, para llevar al responsable a los tribunales, imponerle sanción y reparar el daño a la víctima”
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