Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, afirmó que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la desaparición de Víctor Manuel, Anayeli y su hija menor, la Fiscalía de Michoacán actuó conforme a los protocolos legales, con debida diligencia y comunicación permanente con los familiares de las víctimas. Durante un mensaje público, el fiscal subrayó que “en ningún momento hubo omisión ni retraso en la actuación ministerial”, al precisar que desde el inicio “se activaron los mecanismos de búsqueda e investigación previstos en la ley, priorizando la atención a las víctimas indirectas y el desarrollo técnico de las indagatorias”. Torres Piña reconoció que el caso ha generado una profunda indignación social e institucional, al tratarse de una familia ampliamente conocida por su labor como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y su compromiso con las personas con discapacidad. “Esto refuerza nuestra obligación de esclarecer plenamente los hechos y garantizar justicia”, expresó. El fiscal explicó que, en apego al debido proceso, se determinó la realización de pruebas de ADN para garantizar certeza científica y jurídica en la identificación de los cuerpos. “Se decidió la realización de las pruebas de ADN con el objetivo de brindar certeza plena a los familiares”, puntualizó. Como resultado de las investigaciones, informó que ya se cuenta con una persona detenida: Alfredo “N”, de 47 años de edad, quien fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente. Añadió que “de manera paralela, se continúa con la búsqueda y localización de otros probables involucrados, agotando todas las líneas de investigación”. El Fiscal General fue enfático al señalar que, con base en los actos de investigación realizados hasta el momento, “no se advierte que este multihomicidio esté vinculado con delincuencia organizada ni con la actividad profesional de las víctimas como intérpretes o defensores de derechos humanos”. No obstante, indicó que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos mantiene seguimiento puntual y comunicación con la Comisión de Derechos Humanos. En el ámbito periodístico, trascendió que una de las líneas de investigación apunta a un posible adeudo económico que la víctima habría tenido con el ahora detenido, situación que estaría siendo analizada por la autoridad ministerial como parte del móvil del crimen, sin que hasta el momento exista una conclusión definitiva. De acuerdo con la cronología oficial presentada por la Fiscalía, la carpeta de investigación se inició durante la madrugada del 17 de enero tras la denuncia de desaparición, y horas más tarde fueron localizados los cuerpos sin vida en las inmediaciones de la comunidad de Ucareo; posteriormente, labores de análisis, videovigilancia y trabajo pericial permitieron identificar a los probables responsables y ejecutar la orden de aprehensión de uno de ellos en el estado de Morelos. Finalmente, Torres Piña reiteró que la Fiscalía General del Estado “continuará trabajando con rigor técnico, pleno respeto a la legalidad, a los derechos humanos y al principio de presunción de inocencia, hasta lograr que todos los responsables enfrenten la justicia”.
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