Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. De enero a noviembre de 2023, en México fueron asesinadas 2 mil 95 personas en edades entre 0 y 17 años, es decir, menores de edad, infantes y adolescentes, la mayoría de ellos en Michoacán, Guanajuato y Jalisco, informó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). “La cifra de homicidios evidencia la violencia que sufrieron 490 mujeres y 1,605 hombres”, señaló la ONG en su balance anual presentado ayer. Los tres estados con mayor cantidad de homicidios de niñez y adolescencia durante el año pasado fueron Michoacán, Guanajuato y Jalisco. De hecho, consideraron que 2023 fue "un año de múltiples violencias y retrocesos en materia de derechos para infancias y adolescencias en México", ya que fueron víctimas de asesinatos, secuestros, reclutamiento, desapariciones y otras graves violaciones que atentaron contra sus derechos humanos, reveló el reporte. Las casi 80 organizaciones de la sociedad civil que conforman la red, presentaron el balance frente a Palacio Nacional, para informar al Poder Ejecutivo cómo fue el escenario de derechos en 2023 para el 30,4 % de la población, que representan niños, niñas y adolescentes en México. "El 2023 fue un año en el que se observaron pocos avances, como la reducción del embarazo adolescente; pobreza y algunos delitos; pero también retrocesos en materia de la garantía a sus derechos", señalaron en un comunicado. Señalaron que la Red constató "múltiples vulneraciones" en contra de la niñez y adolescencia, cometidas de manera recurrente y casi normalizada; derivada de la violencia armada, la expansión de actividades delictivas y las disputas entre grupos delincuenciales. Esto en el contexto de una crisis de derechos humanos que se agrava "para un país que parece naturalizar las noticias sobre masacres y balaceras, aun cuando esto socava, sin lugar a dudas, las garantías a los derechos humanos y a una vida libre de violencias para niñas, niños y adolescentes. Cinco estados concentran graves violaciones El reporte destacó que los cinco estados del país donde se concentran las más graves violaciones a los derechos de la niñez y la adolescencia fueron el Estado de México (el estado con la mayor población infantil y adolescente del país en 2020 para todos los rangos de edad), que también fue la entidad con la mayor cantidad de feminicidios de niñas y mujeres adolescentes durante 2023, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2023. Le siguieron Guanajuato, la séptima entidad con mayor población infantil y adolescente del país, y en tercer lugar Michoacán, la novena entidad con mayor población infantil y adolescente. Mientras que en cuarto lugar se encuentra Jalisco (segundo estado con mayor población infantil y adolescente, y en quinto lugar Chihuahua, el décimo segundo estado con mayor población infantil y adolescente del país. En materia de desapariciones, la Red dijo que el Estado mexicano tiene el deber de reparar y garantizar la no repetición, ante el compromiso de investigar, a través de las fiscalías general y de las entidades, todos los indicios, para buscar, identificar y encontrar a los desaparecidos. Desde que se tiene registro, 99.327 personas de 0 a 17 años han sido reportadas como desaparecidas hasta el 4 de enero de 2024. De estas niñas, niños y adolescentes, 17.233 (el 17,4 %) continuaban desaparecidas a la misma fecha, siendo 9.218 mujeres y 7.946 hombres, mientras que las restantes 82.094 personas de 0 a 17 años fueron localizadas, aunque el 1,1 % de estas desapariciones (895 casos) corresponden a niñas, niños y adolescentes halladas sin vida. La Redim señaló que "la escalada de la militarización en el país, incluyendo su uso para tareas de seguridad pública, ha tenido importantes implicaciones para los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente para la niñez migrante e indígena y para niñas, niños y adolescentes, víctimas del desplazamiento forzado, la violencia armada y delincuencial y las detenciones arbitrarias. El informe, dijo la Red, tiene como objetivo brindar herramientas a los poderes del Estado para que actúen y se haga efectivo el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos humanos en México y garantizar y asegurar el cumplimiento de sus derechos.
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