Raúl Mesa podría quedar libre: Gobierno de Michoacán trabaja en acuerdo para otorgarle el perdón

Ashley Rodríguez / La Voz de Michoacán

El Gobierno de Michoacán ya mantiene un acercamiento con representantes de la Fiscalía General del Estado para trabajar en un acuerdo que permita otorgar el perdón legal a Raúl Mesa, proceso que podría quedar definido durante la próxima semana, informó el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Israel Vega Rodríguez.

Raúl Mesa Abonce es un joven michoacano de 27 años que se convirtió en uno de los rostros de las protestas ciudadanas realizadas en Morelia después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido en noviembre de 2025.

Mesa fue detenido el 2 de noviembre de 2025, durante las manifestaciones realizadas en el Centro de Morelia para exigir justicia y protestar por la inseguridad.

Durante su detención, imágenes en video mostraron a policías sometiéndolo, situación que posteriormente derivó también en señalamientos de presunta tortura.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario confirmó que representantes del Gobierno estatal han iniciado las gestiones correspondientes para avanzar en el acuerdo, luego de que se le cuestionara sobre la situación jurídica de Mesa y la posibilidad de que el Ejecutivo estatal le otorgue el perdón.

“Efectivamente se ha tenido el acercamiento por parte de los representantes de la parte del gobierno del estado, quienes están buscando la parte donde se va a dar el perdón a Raúl Mesa”, señaló Vega Rodríguez.

De acuerdo con el funcionario, se espera que durante la próxima semana pueda existir un acuerdo correspondiente, aunque no se precisó todavía en qué fecha podría concretarse ni cuáles serían las condiciones específicas del mismo.

“Se estaba trabajando durante estas semanas, esperamos que en la siguiente semana ellos tengan algún acuerdo correspondiente, ese es el acercamiento que se ha tenido”, puntualizó.

Ante el cuestionamiento sobre el proceso, Vega Rodríguez recordó que, una vez que la Fiscalía General del Estado tiene conocimiento de hechos posiblemente delictivos, está obligada a agotar las líneas de investigación correspondientes y determinar, en su caso, las responsabilidades.