Las medidas contra la violencia de género en el transporte público en Michoacán, ¿qué tan eficaces son?

Apenas un 2% de las mujeres han revelado sentir seguridad en el transporte público, el 98% se siente desprotegida o agredida.

Foto: Samuel Herrera Jr., La Voz de Michoacán.

Abril García / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Con el propósito de atender la violencia de género contra las mujeres en el transporte público en Morelia se impartió el curso titulado “Viajo segura” para operadores de la Ruta Gris. Este taller fue dado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) en colaboración con la Comisión Coordinadora del Transporte Público en Michoacán (Cocotra).

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Estas medidas atienden a una problemática generalizada en el estado, donde apenas un 2% de las mujeres han revelado sentir seguridad en el transporte público. Esto quiere decir que alrededor del 98% se siente desprotegida o agredida en estos espacios de uso cotidiano.

Desde abril de 2022 hasta agosto de 2023, se han reportado 30 denuncias relacionadas al acoso en el transporte público ejercido hacia mujeres, según informó Carolina Rangel Gracida, la titular de la Seimujer. Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora son los municipios donde se concentran las cifras de las denuncias.

Estas agresiones se realizan por parte de los pasajeros hacia las usuarias. “Principalmente son comentarios inapropiados, masturbación, exposición de genitales, toma de fotografías, miradas lascivas y tocamientos”, expresó la funcionaria.

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Estos comportamientos no están contemplados dentro de las legislaciones estatales. Como declaró Antonio Godoy González Vélez, titular de la Cocotra, únicamente se puede sancionar si las acciones escalan hasta la violencia física. “Actualmente en Cocotra solo podemos sancionar a un operador si se trata de maltrato a un pasajero, esa sanción va de las 15 a las 50 Unidad de Medida y Actualización (Umas), es decir de mil 500 a 4 mil pesos”, mencionó.

La categorización de la violencia de género en el transporte público, realizada en la administración de Tamara Sosa Alanís, se divide en tres niveles. Los hechos del primer nivel pueden ser atendidos por la Cocotra, en tanto que los de segundo y tercer nivel los atenderá la Secretaría de Seguridad Pública.

El primer nivel constituye actos de miradas lascivas, palabras sexuales y gestos obscenos. Cabe mencionar que en este nivel se refieren los llamados “piropos”, sugiriendo el carácter romántico o consensual de la agresión.

El segundo nivel incluye la toma de fotos y videos sin consentimiento, así como la exhibición de genitales y la masturbación expuesta. El tercer nivel son las amenazas con armas, las agresiones físicas y el abuso sexual. Sin embargo, en muchas ocasiones no se cuenta con los datos del agresor necesarios para su detención, por lo que se requiere implementar otras medidas de seguridad.

Una encuesta realizada en 2020, revela que el 33.6% sufrió de miradas incómodas e insistentes; el 14.5% de haber sido tocada sin su consentimiento en alguna parte de su cuerpo y el 10.7% de haber sido rozada con los genitales del agresor contra su cuerpo. Estas violencias usualmente pasan desapercibidas por los conductores y desatendidas por los demás pasajeros.

Así mismo, se reportó que el 5.1% recibió palabras obscenas y el 3.3% le fueron mostrados los órganos sexuales, sin el consentimiento. El 30.8% informó haber sido grabadas por su agresor mientras que este se masturbaba en el transporte. Estas agresiones han sido perpetuadas al 66.8% de las usuarias, generalmente sin elementos suficientes para establecer una denuncia formal.

Tal es el caso de la mujer que fue atacada en noviembre del 2022, donde al enfrentarse con un altercado con un chófer la ruta azul en la avenida Madero le fueron gritadas groserías y amenazas mientras que el copiloto escupía sobre su automóvil. Una vez que esta agresión verbal terminó, el conductor chocó intencionalmente el vehículo de la víctima.

Pese a que la mujer acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar los hechos, debido a que no contaba con la factura de su vehículo no existió seguimiento a esta agresión, a pesar de que se tenían testigos y fotografías del incidente.

Las acciones impulsadas para prevenir estos actos, como la impartición de talleres a los conductores y la pega de violentómetros en las unidades, requiere ser acompañada de una sanción legal correspondiente para que exista un sentimiento de seguridad generalizado en el transporte público.