Notimex/La Voz de Michoacán México. La Alianza por la Salud alimentaria señaló que grandes empresas, entre ellas Jumex y Nestlé, han utilizado diversas estrategias para poner en riesgo el proyecto del nuevo etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas. “Hay diversas estrategias, una de ellas es a través de sus agencias de relaciones públicas, como llegan a algunos medios o columnas financieras, y generan una percepción de que esto (el etiquetado) va a tener un impacto económico”, refirió el director de Alianza por la Salud, Alejandro Calvillo. En conferencia de prensa, donde presentó los resultados de un estudio que avala la aceptación de la mayoría de los mexicanos al nuevo etiquetado, indicó que, por ejemplo, “sabemos que Nestlé llamó a todos sus proveedores, a que se manifestaran en contra del proyecto, incluso, les ofreció asesoría”. “Se filtró también una carta de Jumex a sus proveedores de fruta, quienes no tendrían que tener ningún problema, ya que es la compañía quien le añade azúcar a sus néctares y los vuelve una cosa no recomendable en términos de salud y nutrición”, apuntó. Alejandro Calvillo detalló que algunas empresas tienen aliados en los partidos políticos, en el poder legislativo, y están moviendo asociaciones para que se declaren en contra del etiquetado. No obstante, explicó que en la consulta de la norma 051 que hace motivaciones al etiquetado, la Secretaría de Economía y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha dicho que sólo van a tomar en cuenta los comentarios que tengan sustento. Señaló que entre los argumentos de las grandes empresas se encuentran el riesgo de un impacto económico o la afectación de los acuerdos comerciales por la propiedad intelectual que tienen sobre sus personajes, pero la consulta “no se va a inclinar por la cantidad de los comentarios, sino por el sustento” No obstante, aplaudió la postura muy clara por parte del gobierno y de las secretarías involucradas, “de decirles que, por órdenes del presidente, ellos tienen que escucharlos y lo harán siempre, pero que hay un proceso formal establecido que van a respetar y que ellos tienen que respetar también”. Alejandro Calvillo explicó que la consulta termina el 10 de diciembre y la autoridad tiene 45 días para responder y presentar la propuesta con base en lo establecido, por lo que esperan que que a finales de enero podría entrar en vigor.
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