Juzgan por fraude a Guy Wildenstein

La Voz de Michoacán. Las últimas noticias, hoy.

El fisco francés reclama cerca de 600 millones de euros (652 millones de dólares) al rico marchante de arte Guy Wildenstein en el juicio que se abrió hoy contra él en París por blanqueo y fraude mediante el recurso a complejos montajes financieros domiciliados en paraísos fiscales.

Wildenstein de 70 años y conocido por su proximidad con el anterior presidente francés, Nicolas Sarkozy -tuvo un papel activo en la financiación de su campaña en 2007-, debe comparecer ante el Tribunal Correccional de París hasta el próximo día 28.

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Junto a él se sientan en el banquillo de los acusados su sobrino, Alec Júnior y su cuñada Liouba, imputados también en el marco de una serie de contenciosos familiares que derivan de la herencia de Daniel Wildenstein, muerto en octubre de 2001.

La entonces mujer de Daniel Wildenstein, Sylvia, lanzó inicialmente un procedimiento civil por considerar que sus dos hijastros Guy y Alec, habían recurrido de forma interesada a diversos trust para reducir la herencia declarada a Hacienda a 40.9 millones de euros (44.4 millones de dólares) y disminuir sus derechos, precisó "Libération".

Ese primer procedimiento no prosperó pero tras la muerte en 2008 del hermano de Guy, Alec, la viuda de este último, Liouba Stoupakova, se sumó a la demanda y propició diversas revelaciones.

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En particular se aclaró la propiedad de una parte de la colección familiar -en la que había obras de Picasso, Courbet o Fragonard- que en 2001 estaba valorada en más de mil millones de dólares.

Tras un registro policial en el Instituto Wildenstein en el centro de París, donde se encontraron piezas que no se habían declarado en el momento de la sucesión, Guy fue inculpado en julio de 2011 y la administración fiscal presentó una denuncia por fraude fiscal.

A partir de ahí, la instrucción permitió seguir la pista de diversas sociedades que se habían constituido en territorios particularmente opacos, como las islas Caimán, Bahamas o Guernesey.

El principal acusado podría ser condenado a un máximo de diez años de cárcel.