Comienzan a saldar la deuda con los acreedores

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Imagen: Sam Herrera Jr.

Con el pago de 13.8 millones de pesos, el Gobierno de Michoacán empezó a saldar la deuda que tiene con los constructores, la cual se encuentra estimada en 460 millones de pesos de acuerdo con información de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

El mensaje fue emitido en Casa de Gobierno por el mandatario sustituto Salvador Jara Guerrero, quien estuvo acompañado por el secretario de Finanzas, José Carlos Rodríguez Pueblita. Ahí, el exrector nicolaita informó que este miércoles se anunciaría la realización de más pagos pero por otro tipo de conceptos.

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Afirmó que la administración estatal no rehúye a ninguna de sus deudas debido a la importancia que esto tiene para reactivar la economía. “Es por eso que es tan importante ordenar las finanzas de tal forma que podamos hacerlo de manera ordenada y no nos endeudemos de nueva cuenta”, indicó.

Por su parte, el tesorero del estado detalló que el día de ayer se realizó el pago a constructores por concepto de obra refrendada del ejercicio 2013 por un monto de 10.8 millones de pesos destinados para 10 obras de infraestructura.

En el inicio de su mensaje Rodríguez Pueblita reiteró que la compleja situación económica por la que atraviesa el Estado se debe a la deuda que heredó de administraciones anteriores, pero que luego del análisis realizado a las finanzas de Michoacán era posible iniciar con el pago responsable a los constructores.

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Comparó que el “significativo pago”, es similar al presupuesto anual del Fideicomiso de Parques Industriales del Estado, y que con ello se refrendaba “el compromiso con el desarrollo y la aceleración de la economía en beneficio de las familias michoacanas”.

De igual forma, dijo que apoyaría a la Contraloría Estatal -que ahora se encuentra a cargo de Carlos González- para la realización de todas las diligencias correspondientes para identificar a quienes buscan obtener beneficios indebidos a costa del bienestar de los michoacanos.

Sentenció que así como se promoverá un uso responsable y transparente del presupuesto, se sancionará “con todo el rigor de la Ley” a quien se haya beneficiado indebidamente con los recursos del erario público.