Arturo Molina/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A una semana de que organizaciones de transportistas presentaran al gobierno del estado la propuesta para aumentar la tarifa del transporte público a 10 pesos en la capital michoacana y otro aumento similar en otras regiones y municipios del estado, la petición sigue estancada en revisión en la Comisión Coordinadora del Transporte público (COCOTRA). A pregunta expresa sobre el estatus de revisión del estudio que presentaron los transportistas, Antonio Lagunas Vázquez informó que aún no se tiene nada en concreto respecto a una posible respuesta sobre el polémico tema. En paralelo, y según denuncias ante este matutino, ya ha habido casos en que los choferes de colectivos buscan cobrar los 10 pesos de tarifa a los usuarios sin que se haya autorizado el aumento por parte de las autoridades competentes. De lo anterior, la COCOTRA afirma no tener queja ciudadana alguna asentada de manera oficial. En tanto, el clima de incertidumbre respecto a un aumento más sigue latente en la población de la capital michoacana y municipios conurbados que dependen en su mayoría de este tipo de transporte público. Y es que el aumento de 8 a 10 pesos impactaría de manera definitiva al bolsillo de la clase trabajadora, toda vez que implicaría que una persona que gana el salario mínimo invirtiera la mitad de su sueldo diario en movilidad urbana. Y es que la falta de opciones de transporte colectivo ha generado que los morelianos dependan de las unidades de transporte tipo combi que cuentan con una capacidad de poco más de 15 pasajeros y, por ende, se requieran una gran cantidad de unidades para el traslado de más de 600 mil personas diariamente. Las condiciones de urbanismo de Morelia y la cercanía con municipios cuya población se trasladad diariamente al núcleo urbano por cuestiones de trabajo, ha causado que una gran cantidad de personas tengan que trasbordar en diferentes ocasiones para llegar a su trabajo y con ello, un impacto directo a su bolsillo. Con base a lo anterior, autoridades estatales tanto de obra pública como de gestión de transporte han urgido a que se generen proyectos para modernizar el transporte colectivo y los presupuestos necesarios para un medio masivo de movilidad urbana. Antonio Lagunas Vázquez, director de la Comisión Coordinadora del Transporte (COCOTRA), aseguró que urge se apresure una legislación sobre el tema. Sobre todo, porque se requieren de inversiones públicas y privadas para el mejoramiento de los servicios y el parque vehicular. Recordó que, en muchos de los casos, un camión o un sistema de transporte de mayor aforo requieren inversiones muy grandes que son imposibles de costear para los transportistas del sector privado. El dos de enero de 2017, la Comisión Reguladora del Transporte (COCOTRA), aprobó un incremento del 14 por ciento, con lo que los morelianos pasaron de pagar 7 pesos a 8 pesos por el mismo servicio. En 2013 se realizó el ajuste del mismo tipo al pasar de 6 pesos a 7 pesos derivado de los aumentos a las refacciones y los combustóleos. Congreso, desfasado del transporte público A menos de 45 días de que concluya periodo de funciones, la LXXIII Legislatura del Congreso Local de Michoacán, la iniciativa para la modernización del Transporte Público de Michoacán quedará congelada y sin avances para su pronta aplicación en la entidad. El retraso de la legislación es en el tema de la inversión pública para mejorar el servicio de las unidades, sobre todo en lo que refiere a los camiones tipo urbano o camionetas de mayor capacidad de pasaje. La reforma de ley propuesta hace ya más de medio año, promueve que sean los choferes los propietarios de las concesiones y se dejen las prácticas de quienes concentran concesiones y únicamente se dedican a recibir las “cuentas”. La decisión presentada por el ex diputado Daniel Moncada, propone la creación por parte de la Comisión Coordinadora del Transporte (COCOTRA) de aplicaciones móviles para que los transportistas sean “altamente competitivos”; Programas y acciones permanentes para el mejoramiento de las unidades del servicio público, por medio de estímulos económicos y el del estado en créditos consolidados; tarifas dinámicas, que incentiven el uso del transporte público y generen mayores ganancias a los prestadores del servicio. Hoy el estado tiene la obligación, de generar y garantizar condiciones para una libre y sana competencia entre los agentes que intervienen en ella, preservando los derechos de unos y otros, por qué en un escenario como este quienes ganamos al final del día somos todos, pero principalmente los usuarios y los consumidores. El destino nos alcanzó y hace apenas unas semanas se estableció en dos municipios del Estado una de las mayores empresas de plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte entre particulares, lo cual ha generado controversia en el sector transportista local, empresarios, actores políticos funcionarios, pero principalmente en la sociedad”, reza la iniciativa congelada.
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