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Morelia, Michoacán a 22 de marzo de 2017
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Foto: Twitter. Con esta medida jurídica se ha permitido optimizar tiempos y costos.

“Concilian” delitos que implicaban 35 mdp

3 de enero, 2016

admin/La Voz de Michoacán

Como resultado de las medidas adoptadas por  la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán a efecto de dar cumplimiento las disposiciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal,   del   7 de  marzo al 31 de diciembre del 2015, el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC)  con sede en Morelia,  logró consolidar  un  total de 2 mil 411 acuerdos reparatorios,  lo que permitió la recuperación de más de  35 millones de pesos  en efectivo y bienes e inmuebles  que fueron motivo de diversas conductas, en su mayoría por robo.

La coordinadora del Centro de Mecanismos, Isabel Maldonado Sánchez explicó que en el marco de los instrumentos jurídicos que garantizan la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal,  de un universo de  5 mil 802 denuncias captadas por delitos no graves y tomando en cuenta la posibilidad de  propiciar los acuerdos reparatorios cuando existe común acuerdo  entre las partes (denunciante-imputado) para resarcir un daño y garantizar la atención a la víctima, ha sido posible consolidar este medio alternativo.

De acuerdo a los asuntos resueltos, el mayor número de bienes asegurados  corresponden a robos, despojos y  fraudes, así como homicidios, lesiones y daño a las cosas con motivo de accidente de tránsito, entre otros, perpetrados en 22 municipios que contemplan la región Morelia.

La especialista refirió que esta medida jurídica  ha permitido optimizar tiempos y costos, ya que en el momento  que el indiciado repara el daño y la víctima acepta dicho mecanismo,  se evita que el tema se judicialice, lo cual llega a representar  más tiempo e inclusive costo para ambas parte  para finiquitar un tema.

Maldonado Sánchez destacó que al momento de concretar un acuerdo no se cierra la carpeta, ya que a través de la dirección de Seguimiento de Acuerdos, existe un monitoreo para vigilar el cumplimiento de los compromisos que contraigan los imputados, como el hecho de que asistan a los diversos programas de atención  psicológica, tratamientos de adicciones,  taller de cultura cívica y de valores, cultura vial y cuidado animal.

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