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Foto: Agencias. Se han creado instituciones que atienden particularmente a personas, pueblos y comunidades que han visto violentados sus derechos.

Congreso exhorta a prevenir la discriminación

17 de julio, 2016

El Universal/La Voz de Michoacán

Ciudad de México.- La Comisión Permanente del Congreso llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer las acciones existentes para prevenir y sancionar las conductas racistas; y a promover medidas para generar una cultura de respeto, tolerancia y solidaridad.

La Comisión Permanente recordó que es tarea del Estado, sociedad civil y gobernantes revertir este tipo de prácticas que laceran e impiden una cohesión social basada en el reconocimiento igualitario y el respeto irrestricto de las personas y sus derechos.

“La discriminación racial, étnica o por apariencia física, al igual que cualquier otro tipo de discriminación, profundiza las desigualdades entre los ciudadanos y es un fenómeno que se encuentra profundamente arraigado en México, tanto en las instituciones, como en las prácticas sociales”, advirtió la Permanente.

Señaló que las relaciones asimétricas entre quienes gozan de privilegios y quienes no, se reproducen permanentemente sin lograr una sociedad donde exista cooperación y respeto a la dignidad de todas las personas por igual.

Los integrantes la Segunda Comisión de la Permanente dictaminaron que el marco normativo nacional reconoce el derecho a la no discriminación por origen étnico, raza, nacionalidad, color de piel en varios instrumentos normativos y políticas públicas.

En ese mismo tenor, indicó, que se han creado instituciones que atienden particularmente a personas, pueblos y comunidades que han visto violentados sus derechos.

Las observaciones finales al informe de México, hechas por este Comité en 2006, recomiendan al Estado mexicano proporcionar información sobre las comunidades afrodescendientes; poner en práctica los principios recogidos en la reforma constitucional en materia indígena en estrecha consulta con los pueblos indígenas.

Así como garantizar en la práctica el derecho de los pueblos indígenas a participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos a cualquier nivel.

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