Redacción / La Voz de Michoacán. Ciudad de México. Con 466 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para crear el Sistema Único de Carpetas de Investigación, donde agentes del Ministerio Público y policías de investigación tendrán la obligación de registrar todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de delitos. No obstante, la mayoría parlamentaria desechó la modificación propuesta por el legislador Manuel Jesús Herrera, de Movimiento Ciudadano, para garantizar la asignación presupuestaria suficiente para implementar y administrar dicho sistema desde 2023. El proyecto enviado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación establece que cada una de las fiscalías en el país contará con un sistema informático propio, denominado Sistema Único de Carpetas de Investigación, para registrar todas las actuaciones durante la investigación de delitos bajo una carpeta digital. Dicho sistema permitirá conocer las disposiciones normativas aplicables al caso concreto, identificar la etapa del procedimiento en la que se encuentra y las actuaciones necesarias para finalizarla e iniciar la etapa subsecuente, así como saber los requisitos y plazos que debe cumplir para solicitar actos o medidas que requieran control judicial. El dictamen establece que el Órgano Interno de Control o su equivalente en las fiscalías tendrá acceso a la información del sistema y, cuando advierta actos, hechos u omisiones probablemente constitutivos de responsabilidades administrativas, dará inicio a la investigación administrativa respectiva. “Para el caso en que pudiera estarse ante la probable comisión de delito, deberá presentar la denuncia correspondiente a la Fiscalía de Asuntos Internos o su equivalente”, señala. Al fundamentar el dictamen, el legislador panista Guillermo Octavio Huerta remarcó la necesidad de establecer el uso del sistema como parte de las obligaciones del Ministerio Público, con el fin de mejorar la investigación y procuración de justicia ante la comisión de delitos. “Es indispensable adecuar el marco normativo a la realidad que atraviesan las entidades federativas en la lucha por la procuración de justicia”, dijo. En su turno, la diputada morenista Aleida Alavez señaló que el derecho a la justicia es un reclamo social, pero algunos factores como las deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, las excesivas cargas de trabajo y el levantamiento inadecuado de las pruebas favorecen la impunidad. De acuerdo con el Inegi, indicó, 93.2 por ciento de los delitos que ocurrieron a nivel nacional no fueron denunciados o investigados debidamente, lo que significa que solo uno de cada diez fue denunciado, investigado y eventualmente sancionado al responsable.
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