Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Los morelianos derrotan al alcoholímetro y a las sanciones impuestas por las autoridades municipales bajo este esquema que ha sido polemizado incluso ya por el gobernador y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). El 98 por ciento de los ciudadanos que recurrieron a la defensoría legal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAEM) ganó frente a las autoridades municipales. Información del TJAEM reveló que durante el 2022 se recibieron un total de 125 demandas a través de la defensoría por parte de ciudadanos que fueron detenidos y sancionados en los operativos del municipio de Morelia. De estos, se ganaron 120 casos por parte de los ciudadanos. Entre las causas por las cuales el tribunal dio la razón a los morelianos detenidos fue principalmente por la falta de fundamentación y motivación y, en otros casos, por falta de competencia por parte de las fuerzas del orden para tales detenciones. Foto: Cortesía Si bien la cantidad de demandas ganadas podría considerarse como pocas en comparación al universo de miles de detenidos por los operativos de alcoholímetros que no recurren a asistencia legal y terminan pagando una multa, lo anterior también obedece a que en muchos casos los ciudadanos desconocen la posibilidad de recurrir a las defensorías para protegerse de los actos abusivos, irregulares o fuera de las competencias de la autoridad correspondiente. José Luis Esquivel Román, coordinador de la Defensoría Jurídica del Tribunal de Justicia Administrativa, desglosó que a través de esta instancia se han arreglado varios asuntos de este tipo, los cuales se concentran en su mayoría en Morelia (92 por ciento), Uruapan (3 por ciento) y Zamora (5 por ciento); en los municipios de Lázaro Cárdenas y Zitácuaro, donde también existen sedes regionales de la defensoría, no se registraron asuntos sobre el alcoholímetro. Destacó José Luis Esquivel que solamente en lo que va de este año la Coordinación ha registrado un total de 18 asuntos, de los cuales 13 corresponden a Morelia; cuatro a Zamora, y, uno al municipio de Uruapan. La tendencia es similar a la de 2022: triunfos ciudadanos prácticamente en su totalidad. Alcoholímetro, bajo la lupa Apenas este inicio de semana el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que existen diversas quejas por el protocolo de actuación en los alcoholímetros de Morelia. Si bien lo anterior está relacionado a casos documentados de abuso policial exhortó a las autoridades municipales a revisar los protocolos. Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) anunció que mantiene abierta la queja de oficio CEDH/1988/2022, para investigar el protocolo de actuación de las autoridades correspondientes en la aplicación del alcoholímetro. A partir de diversas denuncias públicas en medios de comunicación, el año pasado el organismo inició la investigación respectiva en torno a la aplicación del alcoholímetro y la actuación de las personas servidoras públicas encargadas de su operatividad. En ese sentido esta Comisión revisa el respeto a derechos como el libre tránsito, la legalidad y seguridad jurídica; que las detenciones y sanciones aplicadas se realicen conforme a derecho; y, que en el arrastre y traslado de los automotores se utilicen vehículos oficiales. Además, se evalúa que la medición del grado de alcohol por litro en aire espirado por una persona se ajuste a lo que dicta la Norma Oficial Mexicana 214, que establece los criterios de desempeño, métodos de prueba, de evaluación y procedimiento de verificación. “Esta CEDH no se opone a la aplicación de la prueba de alcoholemia, como una medida para prevenir accidentes, delitos y proteger a la ciudadanía en materia de seguridad pública; sin embargo, advierte la necesidad de que este instrumento se aplique de acuerdo a los protocolos establecidos y siempre con pleno respeto a los derechos humanos”, manifestó. Aumentan los retenes de operativo Entre septiembre del 2021 y diciembre del 2022 la Policía Morelia registró un total de 15 mil faltas administrativas, la mayoría de ellas relacionadas a la presunta conducción irresponsable y el consumo de bebidas alcohólicas frente al volante y en la vía pública. Asimismo, parte de la política de la gestión de Alfonso Martínez Alcázar se ha centrado en detectar y sacar de circulación a los vehículos cuyos ocupantes rebasen los niveles de alcohol en sangre que la autoridad local considera permitidos. Para lo anterior, se han dispuesto de operativos aleatorios en las zonas de mayor consumo de la capital del estado. Incluso, en los últimos meses, funcionarios y políticos cayeron en los operativos e incluso fueron detenidos por parte del personal de la Policía Morelia. Según la versión oficial al menos la mitad de los detenidos presentó alguna conducta violenta contra la autoridad.
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