Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La aparente segregación entre mandos y elementos policiales sería una de las principales preocupaciones y limitantes para el correcto funcionamiento de las corporaciones de seguridad pública de los municipios. Ante casos de abuso y corrupción policial como el acontecido recientemente en la ciudad de Morelia y documentado por La Voz de Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) advirtió que urge revisar el trato que se les está dando a los policías. Cuestionado sobre los hechos recientes en que varios elementos de la Policía Morelia detienen, golpea, roban y luego liberan a un aparente grupo de narcomenudistas, el ombudsperson aseguró que ante los casos expuestos se han implementado esquemas de coordinación con las instancias formadoras de elementos policiales para revisar el contenido de las capacitaciones y otros procesos formativos. No obstante, en voz de ombudsperson, el principal punto de preocupación para la Comisión radica en que las acciones generadas por los elementos policiales estarían fundadas en otros aspectos internos al interior de las corporaciones, como exigencias de tabuladores de multas y otros que la misma ciudadanía ha denunciado en su momento. “Aquí también quiero dejar algo bien claro. A veces pareciera que entre los mandos policiacos y lo elementos hay una segregación. Habría que ver cómo están siendo tratados los elementos de la Policía; la intención es capacitarlos en todas las áreas y por eso estamos aquí”, manifestó el funcionario. En lo que va del 2023, apenas mes y medio, ya se han levantado un total de 27 quejas de oficio, de las cuales las corporaciones policiales locales son las más señaladas. La Policía Morelia, es de nueva cuenta la que tiene más registros de quejas e investigaciones de oficio. Respecto a las controversias generadas con las autoridades policiales de Morelia sobre el actuar de los uniformados en los procesos de detención, sentenció que no se permitirá la violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En particular cuestionó los hechos registrados a las afueras de las instalaciones de La Voz de Michoacán, donde 7 elementos sometieron a golpes a dos mujeres y un hombre que fueron detenidos durante un operativo y que nunca opusieron resistencia. Si bien la versión de la autoridad de la Policía Morelia y el presidente municipal señalaron que se trataban de delincuentes dedicados al narcomenudeo y robo, denunció el hecho de que los elementos que fueron cesados no fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por su participación en un ilícito cómo es el abuso físico, asalto y, sobre todo, el liberar a delincuentes en flagrancia. “Entre las funciones que tienen encomendadas constitucionalmente es que, si hay un hecho con apariencia de delito, el policía sólo tiene que hacer su trabajo: recabar los elementos los elementos de prueba y las personas para ponerlos a disposición del MP y así generar la investigación del delito de manera adecuada. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar”, dijo. “El delincuente tiene que estar en la cárcel y sentenciado y nosotros estamos por eso, tenemos que generarles, seguridad jurídica a la ciudadanía en materia de seguridad, pero para eso las autoridades tiene que hacer bien su trabajo, y su trabajo es respetar la Constitución; la Comisión de Derechos Humanos ni puede fabricar culpables, ni dejar libres a personas que hayan delinquido”, manifestó, en clara alusión a los comentarios del comisionario de Policía de Morelia, Alejandro González Cussi, quien fustigó públicamente que la CEDH abriera supuestas quejas “oficiosas” y vigilara más por los derechos humanos de los (presuntos) delincuentes. Firman CEDH y IEESSPP convenio La CEDH y el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP)firmaron un convenio para establecer una alianza de coordinación entre ambas instituciones, que permita avanzar en la profesionalización de quienes están cursando la carrera policial; y, contar con servidores públicos conocedores y comprometidos como el respeto y defensa de los derechos humanos en el quehacer público. A través de esta estrategia, desde el año pasado 550 agentes con formación inicial equivalente, de los cuales 113 cuentan con especialidad en Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública, iniciaron su proceso de capacitación. El Convenio de Colaboración tiene como finalidad coordinar acciones de capacitación, educación, promoción, difusión, protección y defensa de los derechos humanos, dirigidas a las personas servidoras públicas del Instituto.
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