Javier Favela/ La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El Congreso del Estado legalizaría el trabajo sexual autónomo en Michoacán. Las sexoservidoras serían inscritas en un padrón oficial único para acceder a beneficios de vivienda, atención médica, pensiones y subsidios, según iniciativa de ley presentada por Sandra Luz Béjar Martínez, diputada del Partido Verde. Se crearía la Dirección para la Protección de Trabajadoras Sexuales Autónomas como unidad administrativa de la Secretaría de Gobierno encargada de expedir de forma gratuita una identificación personal de sexoservidora, imposible de falsificar, como primer paso para acceder a beneficios gubernamentales. La Secretaría de Salud brindaría capacitación sobre control de infecciones transmisibles y estaría a cargo de las revisiones médicas periódicas a las sexoservidoras bajo el principio de confidencialidad. A su vez, el Instituto de Vivienda tendría que coadyuvar en la gestión de financiamientos para adquirir y construir viviendas. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública deberá atender sin dilación ni discriminación las denuncias contra los proxenetas, “padrotes” o beneficiarios de la prostitución ajena. Las autoridades no podrán tratar a las sexoservidoras, en ningún caso, como sospechosas o responsables de hechos denunciados. Con el fin de evitar la estigmatización y el prejuicio hacia ellas, ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de alguna sexoservidora al crimen organizado o sobre posibles nexos con alguna actividad delictiva. La trata, otra cosa Sandra Luz Béjar Martínez, legisladora verde-ecologista, llamó a no confundir la trata de personas con el trabajo sexual voluntario. Al argumentar la iniciativa presentada, dejó en claro que la trata constituye un delito y una violación grave a los derechos humanos. En la tribuna del Congreso, la diputada describió cómo algunas personas en precariedad económica han sido orilladas a recurrir al trabajo sexual como única posibilidad de supervivencia. Béjar señaló que, en la mayoría de los casos, las sexoservidoras se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Algunas ingresaron al oficio con engaños, a veces siendo menores de edad. Evidenció que las de mayor vulnerabilidad están a expensas del control que sobre ellas ejercen los proxenetas conocidos en el medio de la prostitución como padrotes o madrotas. Las chicas enfrentan intimidación por policías y agentes ministeriales, quienes en muchas ocasiones las extorsionan, discriminan y violentan. La diputada subrayó que, en Michoacán, el trabajo sexual autónomo no se encuentra prohibido por la ley, pero tampoco se reconoce como un trabajo. El vacío legal permite la criminalización de la labor y su represión en forma institucionalizada, advirtió. La Organización Internacional del Trabajo estima que las personas que ejercen el trabajo sexual apoyan a entre 5 y 8 personas con sus ingresos. Dicha estadística reafirma que las personas que eligen dedicarse al trabajo sexual lo hacen por supervivencia. En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la prostitución o el trabajo sexual comercial como toda actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o cualquier otro bien. En la opinión de Béjar, el trabajo sexual merece tener las garantías prestacionales como cualquier otro. En ese sentido, la diputada suplente por Zamora presentó iniciativa de ley para eliminar esquemas de discriminación y de marginación que actualmente sufren las sexoservidoras en Michoacán. Béjar defendió el derecho de toda sexoservidora a acordar libremente una retribución justa, así como el derecho de no ser objeto de discriminación ni de violencia física, psicológica y verbal. Las autoridades estatales deberán atender sus demandas con la debida diligencia, es decir, dentro de un tiempo razonable.
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